Santander neutraliza la tasa a la banca de Sánchez con sus créditos fiscales
Pide a Hacienda la compensación por las pérdidas de Popular en 2016 y 2017 Supondrá una merma de ingresos para Montero de hasta 1.500 millones
Hacienda sigue buscando la fórmula con la que sacar adelante el impuesto a la banca, la vía con la que hacer que la banca contribuya a reducir el déficit de la Seguridad Social después de haber recibido ayudas millonarias durante la crisis. Ese es el ánimo que mueve el diseño de una tasa al sector que ha despertado airadas críticas entre los bancos y que encuentra además no pocas dificultades para su puesta en marcha. Tanto técnicas como políticas, ante la fragilidad de los apoyos con los que cuenta el Gobierno en el Parlamento.
El PSOE avanzó en su programa electoral un impuesto a la banca con el que recaudar 1.000 millones de euros y que, en su llegada al poder, el Gobierno aspira a implementar. Tales ingresos adicionales para Hacienda pueden verse sin embargo neutralizados por el efecto de la petición que ha realizado Santander para activar créditos fiscales, por una cuantía total próxima a los 1.500 millones de euros.
La banca española ha generado activos fiscales diferidos (conocidos como DTA por sus siglas en inglés), que resultan de cuando una entidad no puede desgravarse por gastos que reducen sus beneficios. Es lo que sucedió con las provisiones por insolvencias, de cuantía multimillonaria tras el pinchazo del ladrillo, y con las dotaciones para las prejubilaciones de la plantilla, también cuantiosas en los distintos procesos de reestructuración por los que atravesó el sector.
Con estos créditos fiscales, que además computan como capital al contar con la garantía del Estado, los bancos tienen la posibilidad de hacer valer en el futuro la opción de desgravarse por esos gastos pasados. Y esa opción es la que desea ejercitar banco Santander a cuenta de las pérdidas sufridas por Banco Popular. Así, los DTA pueden convertirse en un crédito exigible ante la Agencia Tributaria en el caso de que el contribuyente registre pérdidas en sus cuentas anuales o de que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia, como fue el caso de Popular.
La Agencia Tributaria debe decidir si paga a Santander en metálico o si le compensa con una menor factura fiscal
La entidad que preside Ana Patricia Botín se adjudicó Popular por un euro en junio del año pasado tras su resolución. Ya en 2017, Santander solicitó a la Agencia Tributaria la devolución de 485 millones de euros en créditos fiscales por las pérdidas sufridas por Popular en el ejercicio de 2016. Y en julio de este año, el banco anunció la petición de activar créditos fiscales por 1.000 millones de euros por los números rojos de Popular en 2017.
Fuentes de la entidad señalan que han hecho la solicitud formal ante la Agencia Tributaria de la citada petición de 1.000 millones de euros y que aún están a la espera de recibir respuesta a la solicitud presentada el año pasado por 485 millones de euros. Fuentes de Hacienda replican que la solicitud está sobre la mesa de la Agencia Tributaria, que por ley ha de proteger la confidencialidad de la información sobre los contribuyentes.
Ante la solicitud de Santander, la Agencia Tributaria tiene ahora dos opciones. O entregar al banco en metálico el importe del crédito fiscal, lo que supondría por tanto un desembolso de casi 1.500 millones de euros. O bien compensar esos créditos con otros impuestos, de modo que se reduzca la factura fiscal de Banco Santander, lo que podría lastrar la recaudación para Hacienda durante varios ejercicios. En definitiva, un perjuicio para el ministerio que dirige María Jesús Montero de casi 1.500 millones de euros, aunque esté por clarificarse el período temporal de su impacto.
Santander es por el momento el único banco que ha reclamado la activación de créditos fiscales, una solicitud que fuentes del banco desvinculan en todo caso de la pretensión del Gobierno de establecer una tasa impositiva para el sector, común a toda la banca. Fuentes financieras apuntan no obstante que la activación de estos créditos fiscales no deja de ser un elemento de presión sobre el Gobierno a la hora de establecer un impuesto bancario. Santander ha sido una de las entidades más críticas, apuntando incluso la posibilidad de un cambio de sede en caso de penalización fiscal.
Las vías del Gobierno para elevar la recaudación
Batería de impuestos. El Gobierno tiene el propósito de establecer una batería de impuestos con los que elevar la recaudación. Sus medidas, aún en proceso de elaboración, contemplan un impuesto al diésel, que lo equipare a la gasolina, una tasa a las compañías tecnológicas, y un impuesto de sociedades del 15%, que permita elevar la tributación efectiva de las compañías, además de la tasa a la banca. También estudia el destope de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social.
Obstáculos políticos. El Gobierno ha de superar sin embargo su debilidad en el Parlamento para sacar adelante su política económica. Ya sufrió en julio el revés del Congreso a su senda de déficit hasta 2020, lo que va a obligar a elaborar los Presupuestos de 2019 con un objetivo de déficit más restrictivo, el marcado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que sí logró la necesaria aprobación de ambas Cámaras. Así, el déficit público para 2019 deberá ser del 1,3% y no el 1,8% previsto por Sánchez.
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