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El freno a la inversión china eleva el apetito de Pekín por las empresas españolas

El primer semestre se cerró con 1.100 millones, la segunda cifra más alta desde 2008

Alemania frenó dos operaciones antes del verano que involucraban a firmas chinas

España ha salido beneficiada de los vetos que han establecido las grandes potencias económicas a la inversión china en sectores estratégicos. Alemania, Francia y especialmente EE UU han bloqueado en los últimos ejercicios la entrada de capital chino en grandes compañías y eso ha provocado un traslado de esos fondos a otros países, de los que se está beneficiando España. Ese es el análisis que realiza un informe del servicio de estudios de Solunion, la joint venture que comparten la francesa Euler Hermes y la española Mapfre, en el que se apunta que en el primer semestre se ha cerrado una operación (la compra de la participación del 50% de Goldman Sachs en Redexis), que ha elevado la llegada de fondos en torno a los 1.100 millones de euros. Se trata de la segunda cifra más alta de la serie histórica desde la crisis de 2008, solo superada por la cifra de 2016, en la que se registró la venta de Urbaser, filial de ACS, a un conglomerado chino por 1.200 millones de euros.

El informe recalca, no obstante, que este año se podría cerrar en cifras récord si finalmente culmina la compra de la filial de renovables de Electricidade de Portugal (EDP) por parte de China Three Gorge. Si la operación se cierra y salva los recelos tanto lusos como de la Comisión Europea, la inversión desde China podría rozar los 11.000 millones, pese a que la compañía adquirida es portuguesa. Esta circunstancia se produce porque EDP participa en activos estratégicos energéticos de España, como la red de distribución de Asturias o la planta nuclear de Trillo. De hecho, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) tendrá que dar el visto bueno a la compra, si finalmente se realiza, y podrá imponer condiciones en la operación.

A esta operación se podrían añadir otras en el futuro a corto y medio plazo, tal y como señala el estudio, ante la proliferación de vetos por parte de grandes países desarrollados. Este proceso de prohibición arrancó en 2016 en Alemania con el veto a la china Fujian Grand Chip Investment para adquirir la empresa de ingeniería mecánica Aixtron. El Ejecutivo de Angela Merkel adujo razones de seguridad nacional, aunque la realidad mostraba que era un mensaje ante la compra masiva de firmas nacionales por parte de China. Entre enero y octubre de 2016 se cerraron 58 adquisiciones. Solo las tres más importantes supusieron un desembolso de 7.000 millones de euros: por Kuka, líder de robótica industrial, se pagaron 4.600 millones de euros; por el fabricante de maquinaria KraussMaffei 1.000 millones, y por EEW, fabricante y proveedor de equipamiento para la quema de basura, 1.600 millones.

La venta de la filial de renovables de la portuguesa EDP computará como inversión en España si finalmente se realiza

Alemania aprobó en ese ejercicio una legislación en la que se arrogaba la posibilidad de vetar compras que supusieran la entrada de capital chino en al menos el 25% de una compañía. No se ha aplicado todavía, pero el Ejecutivo de Merkel ha estado a punto de hacerlo en dos ocasiones a lo largo de este verano. A principios de julio ordenó al banco estatal de desarrollo KfW que tomara una participación del 20% en 50Hertz, un operador de red de energía de alto voltaje, con el fin de adelantarse a un inversor estatal chino. En paralelo presionó a la china Yantai Taihai, interesada en adquirir Leifeld Metal Spinning, una pequeña empresa especializada en materiales para las industrias aeroespacial y nuclear, para que finalmente retirara su oferta.

Un movimiento similar se produjo en Francia, donde el Ejecutivo optó el pasado mes de febrero por no vender su participación del 10% en el aeropuerto de Toulouse Blagnac, lo que en la práctica supuso que no se entregará la mayoría del accionariado a Casil Europe, una sociedad china que con esa participación habría adquirido la mayoría.

De hecho, el debate ha trascendido el ámbito nacional y ha llegado a los despachos de la Comisión Europea, que trabaja en la redacción de un borrador que fije un marco normativo común para todos los países. De hecho, las autoridades comunitarias propugnan un mecanismo de supervisión de inversiones que eleve la transparencia sobre las inversiones que puedan afectar a la seguridad, al orden público o que hayan recibido subvenciones de la UE. “Los gobiernos europeos podrían endurecer su postura sobre la inversión a menos que China cumpla con sus demandas para proteger mejor la propiedad intelectual y reducir el papel del sector público en la economía”, remarcan desde Solunion. De hecho, la inversión emitida por las empresas chinas en 2017 apenas superó los 109.000 millones, el nivel más bajo registrado desde 2013.

Tres hitos en el tira y afloja con EE UU


ZTE. En marzo de 2017, el gigante chino de las telecomunicaciones acordó pagar una multa de 1.192 millones de dólares al Gobierno de EE UU por violar “los controles de exportaciones que mantienen tecnología sensible estadounidense fuera de las manos de regímenes hostiles como Irán”. También se comprometió a despedir a cuatro altos ejecutivos y sancionar a otros 35 que habían participado en dichas acciones. No cumplió esa última parte y en abril el Departamento de Comercio estadounidense prohibió a todas las empresas de EE UU la venta de componentes a la empresa china durante siete año. Finalmente en junio abonó 1.000 millones a cambio de que se levantara la sanción.

China Mobile. El Gobierno de Donald Trump denegó a principios de julio una licencia para operar en EE UU, solicitada desde 2011, a China Mobile, el mayor operador de telefonía móvil del mundo con 900 millones de usuarios y de propiedad estatal. En un comunicado, la Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones citó motivos de “seguridad nacional” para la denegación.

Qualcomm. EE UU vetó la compra de Qualcomm por parte de la compañía de Singapur Broadcom. La operación, valorada en 94.000 millones de euros y que hubiera supuesto la mayor fusión del mundo en el sector tecnológico, fue paralizada por el propio Donald Trump, que emitió a mediados de marzo una orden ejecutiva por la que bloqueaba por “razones de seguridad nacional” la adquisición. “Podrían llevar a cabo acciones que amenazarían la seguridad nacional de EE UU”, recalcó en un comunicado oficial.