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Obstáculos políticos y técnicos enfrían el impuesto a la banca

El Gobierno desea evitar un choque jurídico por la doble imposición Tiene pendiente lograr suficiente apoyo político en el Parlamento

María Jesús Montero, ministra de Hacienda EFE

El Gobierno se resiste a aparcar una de las medidas fiscales que más ruido mediático ha causado desde la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. El impuesto a la banca es una de las banderas que ha defendido el PSOE en su programa electoral, con el fin concreto de reclamar a un sector que recibió ayudas públicas multimillonarias su contribución para rebajar el abultado déficit de la Seguridad Social. Un aumento de los ingresos que recibe Hacienda por parte de la banca es de hecho una de las palancas con las que en principio cuenta el Gobierno para su política económica. Sin embargo, los evidentes obstáculos políticos y también las complicaciones técnicas que plantea su implementación dificultan su diseño, a lo que se suma el fuerte rechazo manifestado por la banca.

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, lanzó una dura advertencia al señalar en la presentación de resultados de finales de junio que, llegado el caso, el banco estaría dispuesto a estudiar un cambio de estructura jurídica e incluso un cambio de sede. El mayor banco del país lanzó la amenaza más seria de todo el sector, que también apeló a la posible merma de resultados y al perjuicio para los accionistas. En el caso de Bankia, se da también la paradoja de que una carga fiscal adicional bien podría ir en contra del objetivo de privatizar la entidad, de la que el Estado aún posee el 60%.

A la frontal negativa del sector se suman las dificultades políticas de sacar adelante el impuesto a la banca en el Congreso. El PNV, que apoyó a Pedro Sánchez en la moción de censura que le llevó a La Moncloa y que fue el único partido que se sumó en el Parlamento al PSOE a favor de la nueva senda de déficit con la que elevar el gasto hasta 2020, es contrario a un gravamen que puede ser especialmente perjudicial para entidades de tamaño pequeño y mediano, como Kutxabank. Pero a los obstáculos para contar con el respaldo político suficiente y a la presión del lobby bancario, se añaden también las dificultades técnicas que plantea el impuesto a la banca.

Un tipo efectivo reducido

Fuentes próximas a Hacienda reconocen la complejidad de introducir cambios en el impuesto de sociedades sin caer en la doble imposición, con la que se evita tener que pagar impuestos por un mismo concepto en dos países a la vez. De hecho, si la banca española paga un impuesto efectivo muy inferior al 30% que rige para el sector en el impuesto de sociedades es por la exención que se aplica, desde 2015, a los dividendos generados en el exterior y a la venta de participaciones en el extranjero. Estos ingresos, por los que la entidad financiera ya tributa en el país en el que los obtiene, quedan exentos en España precisamente para evitar la doble imposición.

“La deducción sirve para corregir la doble imposición y un cambio en este sentido puede chocar con la legislación de la Unión Europea”, advierten desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). La modificación del impuesto de sociedades de la banca podría caer en la trampa de la doble imposición, lo que generaría un conflicto en el que la banca podría recurrir ante los tribunales europeos, según advierten desde el sector, y que Hacienda en todo caso no desea.

Las deducciones por dividendos y ventas en el exterior se aplican al conjunto de sociedades, no solo a las financieras, por lo que una penalización exclusiva para la banca sería también discriminatoria para el sector, añaden desde el REAF.

La fórmula de un impuesto sobre los depósitos sí evitaría las dificultades técnicas citadas. Este gravamen, que ya se aplica en países como Reino Unido, ya es efectivo en España desde 2013, aunque de forma casi testimonial. El impuesto sobre los depósitos es de tan solo el 0,03%. Elevarlo sin más presenta sin embargo otro inconveniente: la banca tiene en su mano trasladar directamente al cliente el gravamen, rebajado aún más la rentabilidad de este producto de ahorro. Pese al entorno actual de tipos cero, que ha dejado en la mínima expresión las rentabilidades, las familias españolas mantienen en depósitos a plazo 622.000 millones de euros, según datos del Banco de España. 

La posibilidad de una penalización adicional a este elevado volumen de ahorro familiar –aunque fuera de forma indirecta a través del impuesto a la banca – podría volverse de hecho en contra del Ejecutivo, si bien en el ideario del PSOE ha figurado de forma recurrente un gravamen bien sobre el balance bancario, similar al británico, o sobre el conjunto del patrimonio financiero.

El Gobierno no renuncia en cualquier caso a desarrollar un impuesto a la banca, con el desafío de alcanzar un respaldo parlamentario más claro. Así, otras alternativas para su desarrollo podrían ser la penalización sobre los activos fiscales diferidos (DTA) –aunque con el inconveniente del impacto en solvencia que esto tendría sobre el sector– o sobre la compensación de bases imponibles negativas; la tasa por transacciones financieras –que es una realidad en Francia– o la eliminación de la deducción en el pago del cupón de los bonos contingentes convertibles (cocos).

Efecto sobre el inversor

El impuesto a la tasa a la banca está siendo un foco de inquietud adicional para el sector, que no termina de enderezar su cuenta de resultados a la espera de un alza de tipos. “Es una incertidumbre que pesa en Bolsa sobre el sector. Está limitando el apetito de los inversores, que preguntan de forma recurrente por la cuestión”, reconoce un analista de banca.

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