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Un poco de orden en la regulación de la economía colaborativa no estaría nada mal

Normas cruzadas de Estado, CC AA y municipios generan tal maraña que desconcierta a las empresas y los clientes

Hace escasas semanas miles de personas tuvieron sus viajes de vacaciones en el aire por una huelga de los tripulantes de Ryanair que trabajan en un país con la legislación de otro; pocas fechas antes, los riders de empresas de reparto de comida como Deliveroo, Glovo o Uber Eats cuestionaban la normativa usada por sus patronos para contratarles y hurtarles ciertos derechos; la semana pasada los taxistas trataban de paralizar las grandes ciudades para impedir nuevas cuotas de mercado a sus competidores de las flotas de Vehículos de Transporte con Conductor; y ayer la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) demandaba a tres grandes ayuntamientos por las ordenanzas dictadas para tratar de regular los pisos de alquiler turístico. No hay un día, en definitiva, sin un conflicto alrededor de una actividad de servicios prestada con el penetrante formato de la economía colaborativa.

Dado que se trata de novísimas fórmulas de trabajar, no hay un acervo normativo a su medida, y las administraciones han ido improvisando sobre la marcha, pero con un activismo desaforado que ha convertido la regulación en una maraña legal ininteligible para la mayoría de los actores. Y en un país con una estructura administrativa tan descentralizada como la española, que además cuenta con un paraguas jerárquico como el europeo, el cruce de normas se convierte en un laberinto, en el que muchas veces las regulaciones se contradicen hasta ser ininterpretables para la gente, sin más remedio que poner en manos de la justicia su aplicación.

Además, la filtración de componentes ideológicos a cada norma hace que ninguna actividad esté regulada igual en dos comunidades autónomas, y mucho menos en dos ayuntamientos, con la quiebra de la unidad de mercado que debería consagrar la ley que pretendía protegerla desde 2013. Se precisa, por tanto, una seria unificación normativa, o al menos una unificación de los criterios a la que parece imposible llegar en las conferencias autonómicas sobre cada materia. Poner un poco de orden en este asunto no estaría nada mal para empresas y consumidores.

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