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La ayuda a la conciliación debe extenderse a todas las empresas como política pública

Es función del Estado atender las necesidades futuras de la sociedad, entre ellas combatir el envejecimiento demográfico

Las decisiones gubernamentales para generar derechos laborales de conciliación de la vida profesional y familiar, así como para ampliar los ya existentes, han sido múltiples en los últimos años, especialmente desde que la incorporación de la mujer a todos los estadíos formativos y al mercado de trabajo ha llegado a niveles similares a los hombres. Reducciones de jornada para el cuidado de los hijos, permisos por maternidad y paternidad, disposición horaria por lactancia, escolarización temprana de los vástagos, etc. son las medidas más frecuentes, que en muchos casos las empresas han amplificado sobre la norma básica, y que en otros han constituido en categorías nuevas de ayuda a sus trabajadores: guarderías, ayuda de libros, excedencias, facilidad del teletrabajo, etc.

Pero el activismo en esta materia entre las empresas se limita casi exclusivamente a las de gran tamaño, ya sean industriales o de servicios, en algunos casos con mecanismos muy imaginativos importados de los países nórdicos europeos, donde este tipo de políticas de conciliación están implantadas desde hace décadas. Lo lógico sería que pudiesen servir de ejemplo para su extensión a las corporaciones de tamaño medio o pequeño, que son las que constituyen el equipamiento empresarial más representativo de la economía española.

Y debe tener más carácter público que privado. Porque ahora los Gobiernos se limitan a establecer las normas de mínima exigencia, pero el coste corre a cargo de las empresas, tanto el básico como el que tengan a bien complementar. Precisamente la ausencia de este tipo de beneficios sociales entre las sociedades de pequeño tamaño está condicionada por su coste, al que este tipo de compañías no pueden acceder con facilidad. De hecho, cada gesto de conciliación puesto en marcha por los gobiernos es costeado por las empresas, la mayoría de las veces con una revisión de la carga de trabajo que afecta al resto de la plantilla. Por tanto, en lo sucesivo, este tipo de decisiones y ampliaciones de derechos, utilizados muchas veces con indisimulada intencionalidad electoral por parte de los administradores públicos, debe contar con financiación pública, sobre todo para poder ejercerlos en las empresas de pequeño tamaño, tanto para evitar la discriminación en la conciliación como para evitar sobrecostes a las empresas.

Hay que recordar que es una de las funciones de los poderes públicos prevenir y atender las necesidades futuras de la sociedad, entre las que figuran combatir el envejecimiento demográfico, de carácter alarmante en España, que precisa de políticas natalistas decididas, con generosa provisión de fondos públicos. A fin de cuentas, no se trata tanto de gasto como de inversión, aunque los resultados tengan que esperar al largo plazo para ser recogidos.

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