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El juego se complica para los parques infantiles

En noviembre se aplicarán nuevas normas de seguridad Los fabricantes deberán adecuar las áreas ya instaladas

Un técnico de la entidad certificadora Ases XXI inspecciona un parque infantil en Madrid. Cinco Días

En toda España hay unos 40.000 parques infantiles que se abastecen de fabricantes europeos (principalmente la danesa Kompan y la finlandesa Lappset) y nacionales. La mayoría de estos últimos están agrupados en Afamour. Entre las 25 empresas que integran la asociación dan trabajo a 1.500 personas y facturan más de 90 millones de euros anuales. Son las cifras de presentación de un sector que tiene por delante un importante cambio normativo.

Para poder venderle a los ayuntamientos, los fabricantes deben demostrar por medio de una certificación que sus juegos cumplen los requisitos de seguridad establecidos por la norma técnica UNE-EN 1176 (UNE significa que es española y EN que se basa en estándares europeos). Los comités de normalización actualizan este reglamento periódicamente para no perderle el paso a la industria, que cada cierto tiempo lanza productos nuevos.

Desde su implantación en 1998, esto ha ocurrido dos veces: la primera en 2009 y la segunda en 2018. Aunque los últimos cambios se aprobaron en abril, ambas ediciones convivirán hasta el jueves 1 de noviembre próximo, cuando caducarán los certificados obtenidos bajo los criterios fijados en 2009. Eso significa que a partir de esa fecha, los juegos instalados que cumplían la normativa anterior puede que no cumplan la nueva.

“No hay cambios excesivos, pero sí algunos, incluso para ser menos exigentes también”, aclara José María Fariñas, director general de Ases XXI, empresa autorizada por el Gobierno para inspeccionar y certificar parques infantiles. “El problema es que si ocurre un accidente y no puedes demostrar que el equipamiento cumple la normativa de seguridad vigente te expones a sanciones y al pago de indemnizaciones importantes”, advierte.

Miren Jiménez, presidenta de Afamour, afirma que corresponde a cada Administración definir si dará o no un periodo de adecuación para los parques ya instalados. Pero insiste en que los cambios son mínimos y el que se tarden en realizar no hará que los parques se vuelvan peligrosos “ni muchísimo menos”.

Manuel García Díaz, jefe de diseño de Mobipark, fabricante valenciano, coincide en que los cambios “no son grandes ni determinantes”, pero sí obligan a las empresas a volver a certificar todos los productos que ya estaban homologados bajo la norma de 2009. “En algunos posiblemente habrá que variar el diseño original y en otros, si cumplen la revisión, simplemente habrá que aportar documentación a la certificadora”, indica.

La nueva edición modifica las distancias de seguridad y alturas de caída de ciertos juegos, establece requisitos para elementos que la anterior no contemplaba (como las camas elásticas y los asientos de columpios tipo cesta para varios usuarios) y aclara conceptos que antes se dejaban a la interpretación del fabricante. Por ejemplo, precisa que para que un juego sea considerado de fácil acceso, el niño no debe preguntarse dónde o cómo debe poner sus manos o pies para poder subir o pasar.

En el caso de los toboganes de ladera con curvas, establece que el primer tramo recto no debe medir más de siete metros y los siguientes no más de cinco, ya que se ha comprobado que la velocidad de deslizamiento que se alcanza por encima de esas longitudes es muy alta y, por consiguiente, peligrosa.

Los anclajes de los balancines no deben estar expuestos a la vista y cada cierto tiempo se verificará el estado de las cimentaciones de estructuras sostenidas por un solo poste, así como el de las superficies de amortiguación de impactos mediante un nuevo método de ensayo in situ.

La norma también recomienda (porque no todo en las UNE es obligatorio) que el parque cuente con zonas de sombra (algo que se agradece especialmente en verano) y que los columpios dispongan de un metro y medio de espacio de caída adicional a los 3,20 reglamentarios. Otros requisitos se han relajado. Por ejemplo, el mínimo de peldaños que deben tener las escaleras, que antes era tres y ahora no existe, así como el área de impacto de los toboganes que miden menos de 1,5 metros de largo, que se ha reducido de 2 a 1,5 metros.

Un técnico de la entidad certificadora Ases XXI inspecciona un parque infantil en Madrid. Cinco Días

El cumplimiento de todas estas medidas es responsabilidad tanto del fabricante y distribuidor de los juegos (al menos mientras dure la garantía, que normalmente es de dos años) como de la empresa encargada de su mantenimiento y del propietario, el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, donde hay alrededor de 2.000 áreas infantiles, aseguran que el certificado se actualiza cada año conforme a la normativa vigente en el momento, por lo que los juegos “o ya están actualizados o están en proceso de actualización”. Destacan que las instalaciones se inspeccionan al menos una vez a la semana y, en el caso de las que están situadas en el centro o son de gran tamaño, hasta una vez al día.

Afamour critica que el de Madrid es el único ayuntamiento que obliga a las empresas a pagar una tasa de 300 euros por juego para homologar el catálogo de productos y tener derecho a participar en las licitaciones. Consultados al respecto, desde el municipio se limitaron a recordar que “la ordenanza de mobiliario urbano regula cómo deben ser los juegos infantiles y uno de los requisitos es que cumplan la normativa vigente”.

Según las dimensiones y la calidad de los materiales, un columpio puede costar entre 600 y 1.500 euros.

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