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Bruselas airea carencias en la defensa del consumidor que hace el Banco de España

El Parlamento debate hoy cómo luchar contra los fraudes de la banca

Sus expertos abogan por crear una autoridad independiente que proteja al cliente

Vista general de una sesión plenaria en hemiciclo del Parlamento Europeo.

El elevado número de cláusulas abusivas incluidas en las hipotecas y otras irregularidades en la comercialización de productos por parte de la banca ha generado “un serio problema de seguridad jurídica y un riesgos sistémico” para el sector financiero. La situación requiere una mejora del sistema de supervisión bancaria, específicamente en el caso del Banco de España, donde debería separarse la vigilancia de la solvencia y la estabilidad de la banca de la defensa del consumidor, que convendría encargar a una nueva autoridad independiente para evitar conflictos de interés. Estas son algunas de las principales conclusiones de los cinco informes sobre abusos financieros encargados a reputados expertos por el Parlamento Europeo, que debatirá hoy su contenido en busca de soluciones.

Los cinco informes, a los que ha tenido acceso Cinco Días, han sido elaborados en paralelo pero de forma independiente durante los últimos meses por distintos académicos a petición de Bruselas y revelan “fraudes” recurrentes en España, Bélgica, Rumanía y el centro y este de la UE. Los documentos abordan malas prácticas bancarias en créditos al consumo; el marketing, la venta y distribución de productos bancarios; los modelos de compensación a inversores del sistema belga; y, con especial atención al caso español, en la indebida comercialización entre particulares de participaciones preferentes y deuda subordinada, o los abusos cometidos en préstamos hipotecarios.

Este último informe ha sido elaborado por Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho de mercado financiero en la Universidad Carlos III y socio fundador de Zunzunegui Abogados. El análisis hace hincapié en el caso de las cláusulas suelo, que en 2009, según los datos aportados por el Banco de España, llegaron a incluirse en un 38% de las hipotecas españolas. Tras los varapalos judiciales a la banca del Tribunal Supremo español, y la Corte de Justicia de la UE, por su opacidad, “ocho de cada diez” consumidores reclamaron su dinero. El sector solo ha aceptado resarcir a medio millón de familias por la vía extrajudicial, redirigiendo al resto a los tribunales, lo que ha acabado por provocar un “colapso del sistema judicial” español, dice el texto.

“Sin embargo, el problema no se limita a las cláusulas suelo”, recoge el documento encargado por el Parlamento, sino que la situación se ha visto agravada por otro goteo de cláusulas anuladas por los jueces, como las de las hipotecas multidivisa, el uso del índice IRPH como alternativa el euríbor, el reparto de gastos hipotecarios, el vencimiento anticipado que permite iniciar los desahucios, los intereses  de demora, las comisiones o la venta extrajudicial de los inmuebles.

El documento subraya que, pese a las recurrentes condenas judiciales a la banca (con el 98% de las sentencias de juzgados especializados en materia hipotecaria a favor de los clientes), el Banco de España solo ha impuesto una única sanción a una cooperativa de crédito. Citando informaciones de este diario, el informe recuerda que la banca se juega 33.000 millones de euros en los juzgados, lo que supone un “riesgo sistémico”.

“Las conclusiones de los cinco informes son coincidentes en varios aspectos como en la necesidad de separar la autoridad que vigila la solvencia y estabilidad del sector financiero de la protección del consumidor”, explica Zunzunegui, argumentando que cuando todo depende de un único organismo, como es el Banco de España, “en caso de conflicto, se antepone la estabilidad a la protección del consumidor”. Así, por ejemplo, el supervisor español defendió ante el TJUE que obligar a la banca a devolver todo lo cobrado indebidamente por cláusulas suelo opacas retroactivamente pondría en peligro la estabilidad del sistema. La Corte falló a favor de los consumidores.

“Otro punto coincidente de los informes, es la necesidad de establecer mecanismos de compensación de los clientes perjudicados, y de disuasión de las malas praxis, y eso se hace con sanciones” a la banca, expone Zunzunegui.

La propuesta de los expertos pasa por crear oficinas nacionales de protección del consumidor financiero, si bien está por ver si el Parlamento impulsa medidas en respuesta a unas denuncias que la Comisión Europea conoce pero no ha abordado. Mientras, el nuevo Gobierno español ha heredado el compromiso de desarrollar antes de julio un nuevo sistema de reclamaciones contra la banca. Debe decidir, por ejemplo, si el sistema sigue en manos del Banco de España o si sus dictámenes, que hoy son meras recomendaciones a la banca, pasan a ser vinculantes

Fuentes oficiales aclaran, sin embargo, que el anterior Gobierno no inició el trámite parlamentario para crear este nuevo modelo de reclamaciones con lo que, aunque ya se trabaja sobre diferentes modelos, su desarrollo se demorará más allá de este mes.

La macrocausa contra las cláusulas suelo

Fallo antes de otoño. La macrodemanda judicial contra las cláusulas suelo de toda la banca española se abre camino hacia la segunda instancia. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos presentados por la banca para tratar de suspender el procedimiento así como las múltiples pruebas que pedían (testimonio de directores de cada oficina, notarios, etc) que hubieran demorado un proceso que ya tardó cinco años en ponerse en marcha. Resueltas estas cuestiones, es previsible que el tribunal se pronuncie a finales de este verano, según fuentes conocedoras del proceso. La macrodemanda, impulsada por la asociación de consumidores Adicae en representación de unas 9.000 familias afecta prácticamente a todas las entidades financieras que incluyeron cláusulas suelo en sus hipotecas. El juzgado Mercantil número 11 de Madrid ya falló a favor de los consumidores en abril de 2016, declarando nulas, por opacas, todas las cláusulas. El fallo fue recurrido por las entidades financieras ante la Audiencia Provincial, que se pronunciará en los próximos meses tras rechazar los múltiples requerimientos de la banca.