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Victoria Ortega “Pedimos a Delgado un diálogo leal, podemos aportar mucho”

“Su nombramiento es un acierto: es dialogante, abierta, tiene una gran solidez técnica y conoce a fondo la justicia” “Catalá impulsó un acercamiento con los abogados muy superior al de etapas anteriores”

Victoria Ortega, presidenta del Consejo general de la Abogacía Española (CGAE)

El mundo jurídico ha acogido con expectación la llegada de Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia. Además de pacificar un sector marcado por las protestas de los últimos meses, la nueva ministra tendrá que hacer frente a las reformas impulsadas por el exministro Rafael Catalá y que han quedado a medias. En medio de la agitación que supone un cambio de Gobierno, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, recibe a CincoDías para analizar los retos que se abren en esta nueva etapa política, social y económica. Siempre optimista, Ortega incide en las oportunidades más que en las dificultades y tiende la mano de los letrados a Delgado para trabajar por una justicia mejor.

¿Cómo valora la designación de Dolores Delgado como ministra de Justicia?

Es un nombramiento muy acertado. Es una persona que conoce a fondo la administración de justicia, tiene una gran solidez técnica y es abierta y dialogante. Y personalmente, me alegra que sea una mujer. La nueva ministra cuenta con el Consejo General de la Abogacía para trabajar por una justicia cercana, ágil y transparente al servicio de la ciudadanía.

¿Qué balance hace del periodo de Rafael Catalá al frente del ministerio?

En esos años ha habido un acercamiento hacia la abogacía muy superior al que teníamos anteriormente. Hemos tratado muchos proyectos y, aunque algunos no han podido finalizarse, otros han avanzado mucho. Me gustaría significar tres asuntos que para nosotros eran muy importantes y a los que se le ha dado una solución aceptable. En primer lugar, el del gravamen del IVA en el turno de oficio. El segundo es la revisión de los baremos, que suben un 30% en el territorio dependiente del ministerio. Y, finalmente, el acuerdo para proceder al abono de las indemnizaciones con una periodicidad mensual.

Si mañana se viera con la nueva ministra, ¿qué le pediría?

Que siguiéramos con las reformas emprendidas y, además, que mantuviéramos un diálogo leal y que se contara con la abogacía porque tenemos mucho que aportar. Somos los primeros interlocutores del ciudadano y tenemos una presencia constante en la administración de justicia, lo que nos permite conocerla muy bien.

De entre los proyectos pendientes, destaca la Ley del Derecho de Defensa.

Sin duda, deseamos que se siga con su tramitación. No me cabe la menor duda de que así será, porque hemos hablado con el resto de partidos y hay cierto consenso en la necesidad de esta norma.

¿Qué otras reformas en marcha no deberían quedarse en el tintero?

Nos interesa notablemente el Estatuto de la Abogacía, que empezó a estudiarse en 2013. Tiene que adaptarse a la situación actual y aprobarse. Además, también necesitamos una regulación que dé criterios orientativos sobre la imposición de costas para dar seguridad jurídica al ciudadano. También es posible mejorar la Ley de Acceso a la Abogacía, en especial, en relación a la prueba que se lleva a cabo tras el máster. Y, después, existen toda una serie de proyectos que también son muy importantes, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las reformas en procesal civil o el Estatuto Orgánico del ministerio fiscal. Por último, quizá haya que aprobar una nueva Ley de Igualdad o añadir algún extremo a la de 2007, de forma que, además de regular derechos, se consiga que estos se cumplan.

¿Qué le transmiten los abogados sobre el funcionamiento de Lexnet?

Que sigue habiendo deficiencias y que falla más de lo que debería. Es cierto que ha supuesto un cambio muy grande, y no solo tecnológico, también cultural, pero exige una inversión mayor para que funcione mejor y para preservar la privacidad de forma efectiva. Otro aspecto muy importante es que sea interoperativo con el resto de sistemas; no puede ser que haya comunidades que no se comunican entre sí.

El CIS refleja que crece la preocupación ciudadana por la justicia. ¿Por qué se produce esta tendencia?

Creo que la ciudadanía confía en la administración de justicia y en su funcionamiento cotidiano. De hecho, acude a ella por encima de otros métodos de resolución de conflictos. Cuestión distinta a que existan una serie de puntos mal visto, como el de los nombramientos o el funcionamiento de algunos órganos, pero no se refiere a la actuación jurisdiccional. Tengo el absoluto convencimiento de que la justicia actúa con independencia como regla general. Creo que el resultado de la encuesta es fruto de la inmediatez con la sentencia de La Manada.

¿Es justo acusar a la justicia de machista como se hizo tras conocerse el fallo?

No creo que la cuestión sea, en absoluto, si un determinado tribunal es machista o no. Son muchos factores. Tenemos una regulación y habrá que ver si procede mejorarla y en qué términos; también es muy importante la formación. Reducir la cuestión a si la justicia es machista o no es simplificar mucho. Se ha acusado al Consejo de no tomar partido en determinadas cuestiones polémicas. ¿Cómo ve estas críticas? Intentamos mantener un equilibrio sobre los distintos criterios y sensibilidades que pueden existir en la casa. En donde podemos ponernos de acuerdo sin herir sensibilidades, nos pronunciamos. En otros temas pensamos que lo mejor, para mantener la paz social, es no decir nada. Pero no lo decido yo, sino de forma mayoritaria.

¿Está el CGAE plenamente adaptado al reglamento de protección de datos?

Creo que en este ámbito nos hemos movido bien y a tiempo. El Consejo ha sido una de las primeras instituciones que ha contado con un delegado de protección de datos. También hemos hecho formación a nivel técnico y con los colegios.

¿Le preocupan los ataques al abogado defensor en los crímenes mediáticos?

Mucho. El abogado defiende a un acusado o un imputado, no defiende un delito. Estamos en un Estado de derecho y de lo que se trata es de hacer justicia, no venganza. Es verdad que hay crímenes que a todos nos ponen los pelos de punta, pero toda persona tiene derecho a la mejor defensa para que pueda hacerse justicia.

¿Cómo afronta la abogacía la revolución tecnológica?

Tenemos que adaptarnos, pero a todos los cambios: el tecnológico, el social, el económico... Pero no para vivir un poco mejor o peor, sino para sobrevivir. Lo haremos, y no solo nos vamos a transformar, sino que vamos a ser transformadores. Entraña riesgos, pero no estoy dispuesta a agobiarme con la amenaza que pueda suponer. Al contrario, voy a ver las oportunidades que surgen, que son muchas, y buscaré el valor añadido que podemos aportar.

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