Un nuevo modelo de actividad para España

Hay que centrarse en la asignatura pendiente de las empresas: la economía intangible

Pedro Sánchez, en La Moncloa
Pedro Sánchez, en La Moncloa

La sentencia de la Gürtel ha supuesto el fin del gobierno de Mariano Rajoy. Los jueces acusan al partido de haber financiado irregularmente campañas electorales, han condenado a 33 años al tesorero nombrado directamente por Mariano Rajoy y dicen explícitamente que las declaraciones del ex presidente diciendo que no sabía nada no son creíbles. En cualquier democracia avanzada el presidente habría dimitido, su partido habría intentado formar otro Gobierno y de no haberlo conseguido habría convocado elecciones.

Los padres de la Constitución primaron la estabilidad del Gobierno pero dejaron mecanismos para evitar que un presidente sin el apoyo de la cámara pudiera seguir en la Moncloa. Y ese mecanismo se activó la semana pasada. Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud de nuestra democracia, lo sucedido es una excelente noticia. No obstante, el nuevo Gobierno lo forma el PSOE con tan solo 84 escaños, escenario inédito en nuestra democracia.

El nuevo Gobierno llega en medio de otro episodio de inestabilidad financiera provocado por el temor a que Italia abandone el euro y anuncie un impago de la deuda al BCE. El nuevo ministro de economía italiano acaba de decir que no hay ningún partido en el país que quiera abandonar el euro. Esperemos que sea creíble y que sirva para eliminar el temor de los inversores.

Pero la crisis en Italia ha servido para desmentir el mantra del aznarismo, repetido por Rajoy, del “España va bien”. La economía española sigue teniendo una deuda externa similar a la que tenía cuando Rajoy llegó a la Moncloa en 2011 y 400.000 millones de euros más en deuda pública, el 50% más que hace seis años. Y el déficit público estructural sigue próximo al 2,5% del PIB, el mismo que en 2013.

La gran diferencia con 2012, cuando Mariano Rajoy tuvo que pedir el rescate, el único presidente de la democracia rescatado, es que el BCE ha comprado 240.000 millones de euros de deuda pública española, más de la mitad del aumento de la misma desde entonces. Pero Mario Draghi ya ha anunciado que finalizará sus compras a principios de 2019.

La realidad es que España no va bien. Tras la peor crisis en ochenta años deberíamos haber aprendido que hay que evitar burbujas inmobiliarias. Tres años de crecimiento del empleo y ya se está formando otra. Hasta Pablo Iglesias e Irene Montero, que inició su carrera política en la Plataforma Antidesahucios, han decidido sobreendeudarse a treinta años a tipo de interés variable y el banco de nuevo se lo ha vuelto a permitir.

Los trabajadores de la construcción suponen el 6% del total pero en el último año el sector ha explicado el 16% de todos los empleos creados. El Banco de España ha advertido en su informe anual que las empresas han ajustado salarios pero no beneficios. En 2017 los salarios siguieron estancados y perdiendo peso en la distribución de la renta. Eso explica que los ingresos de la Seguridad Social hayan crecido menos que los gastos en los últimos años y por eso Pedro Sánchez hereda un déficit de 18.000 millones y la hucha de las pensiones vacía.

Los presupuestos para 2018 supondrán la menor inversión en deuda pública en porcentaje del PIB desde 1980 y la mínima expresión del I+D+i desde hace más de tres lustros. Y la Comisión Europea ha advertido que incumplirán el objetivo de déficit y que aumentarán el déficit estructural. Mariano Rajoy abandona la Moncloa siendo el presidente con menos empleos creados durante su mandato desde 1982, su reforma laboral ha precarizado aún más los salarios, especialmente de mujeres y jóvenes, y su política económica ha repetido los mismos errores que nos llevaron a la burbuja.

El nuevo Gobierno tiene minoría en el parlamento y escaso margen fiscal, pero tiene la oportunidad de cambiar algunas claves para crear empleos de calidad con salarios dignos en la era de la tecnología global. La prioridad es centrar la agenda política en la economía intangible, donde las empresas españolas más tienen que avanzar: marca, diseño, posicionamiento en productos y mercados con crecimiento de demanda global, gestión del talento y los recursos humanos, innovación, patentes, derechos de propiedad y autor, digitalización, etcétera. Es necesario desarrollar el sistema financiero para que el ahorro llegue a esos proyectos y no sólo al ladrillo. Hay que reforzar los programa del CDTI y el ICO para que la banca y los inversores institucionales les acompañen.

Necesitamos una regulación energética que permita aprovechar el sol, la materia prima del siglo XXI. España tiene el doble de horas de sol que nuestros socios europeos y con ello: contribuiremos a hacer un pequeño planeta tierra más sostenible y reduciremos las importaciones de petróleo y la deuda externa, nuestra principal vulnerabilidad. Hay que invertir en economía circular, especialmente agua donde España es líder mundial en tecnología e ingeniería.

Esto permitirá crear empleos con mayores salarios. Y necesitamos una nueva regulación laboral que permita redistribuir mejor el aumento del PIB, que los salarios reflejen mejor el talento, un bien escaso, y permitir que buena los jóvenes que tuvieron que emigrar por la crisis puedan volver.

Rajoy y su Gobierno nos llevaban de nuevo al precipicio de otra burbuja inmobiliaria. El nuevo Gobierno, en los meses que dure su mandato, tiene la oportunidad de sentar las bases de otro modelo económico más sostenible social y ambientalmente.

Todos los españoles deberíamos desear que la fuerza les acompañe.

José Carlos Díez es Profesor de Economía de la Universidad de Alcalá

 

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