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Empleo, pensiones y financiación copan la complicada agenda

El Ejecutivo tiene por delante asuntos pendientes de gran calado como la mejora de la calidad de la contratación, sanear las cuentas de la Seguridad Social o reconducir el conflicto con Cataluña También, debe culminar la reforma hipotecaria o la transición energética

En una situación totalmente inaudita como es la generada tras el primer triunfo de una moción de censura, el nuevo presidente del Gobierno apenas va a tener tiempo para analizar, valorar y disfrutar de lo conseguido.

Primero, tendrá que anunciar el nombre de sus ministros. Pese a las presiones que ya comenzó a recibir nada más ser ratificado para dar entrada en su Gabinete a representantes de Podemos, fuentes cercanas a Pedro Sánchez confirmaron que el Gabinete será socialista.

Segundo, deberá comunicar qué actuaciones son prioritarias, entre las cuales ha de incluir algunas de las propuestas que llevó en su programa y que ha defendido en los últimos meses como alternativa a las políticas del PP.

Y tercero, está obligado a aclarar qué va a pasar con decenas de reformas que estaban en marcha. Desde el PSOE son conscientes de que para desatascar algunos de los proyectos pendientes deberán contar, además de con los grupos que les han apoyado en la moción de censura, con el respaldo de los populares.

De esa forma, podrán garantizar que los cambios no serán revertidos en el futuro cuando sea otro el color político del Ejecutivo. Entre los asuntos pendientes destaca la reforma del sistema público de pensiones. Desde hace ya más de año y medio la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo trata de consensuar medidas que garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones y acaben con el déficit de más de 18.000 millones de euros de la Seguridad Social. Las diferencias políticas han impedido el acuerdo hasta ahora.

El PP quiso tentar al PSOE para que apoyara la aprobación de las cuentas de este año ofreciendo sentarse ya a pactar las líneas maestras del nuevo sistema de financiación autonómica. Se trata, sin duda, de una de las reformas pendientes que se antoja más difícil porque para que llegara a buen puerto, habría que contar con la participación de los nacionalistas catalanes. El Ejecutivo de Rajoy creía que reabrir esa negociación sería suficiente para aplacar el conflicto catalán. De momento, Sánchez ha garantizado que tenderá puentes con el Govern de la Generalitat.

Otro de los ámbitos donde hay mucho por hacer y los empresarios se muestran especialmente expectantes es en el mercado de trabajo. Sánchez ha reiterado que su intención es derogar la reforma laboral, medida para la que encontrará todo el apoyo que haga falta en la bancada de los grupos que le han aupado a La Moncloa, excepto, si acaso, el PNV. Por su parte, Gobierno y agentes sociales llevaban meses negociando medidas para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres y, en materia de contratos, frenar la temporalidad en el empleo.

Uno de los retos pendientes que hereda el Gobierno de Sánchez es el de sacar adelante la reforma hipotecaria, que debe trasponer la directiva europea de protección al consumidor con dos años de retraso, por la que España se juega una multa comunitaria de hasta 100.000 euros por cada día de demora. Sobre el texto que maneja el Congreso, consensuado por PP, Cs, PNV y Coalición Canaria, pesan importantes enmiendas socialistas para dificultar los desahucios, pero está por ver si el nuevo Ejecutivo tiene fuerza para corregir la norma antes de asumir la sanción que pendía sobre el PP.

También se encuentran a la espera de una solución el siempre polémico asunto del cierre de las centrales de carbón y las nucleares, y la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. No está resuelta la aplicación del bono social de la tarifa eléctrica ni la puesta en práctica de medidas contra la pobreza energética; y al nuevo titular de Industria le tocará abordar el conflicto de los laudos arbitrales por los recortes a las renovables.

El cambio de Gobierno hace peligrar la intención del anterior Ejecutivo de remitir al Congreso antes de las vacaciones de verano la nueva Ley de Mercado de Valores que pretende adaptar la directiva Mifid II. Las sanciones a empresas morosas o el nuevo régimen de autónomos son otros de los asuntos que están ahora en el aire.

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