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El insoportable precio político y económico de la corrupción

Es una lacra que no solo daña la imagen de España, sino que gran parte de la factura va al contribuyente

El abogado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, realiza declaraciones en el domicilio del extesorero del Partido Popular, tras hacerse pública la sentencia por la Justicia por el llamado caso Gürtel.

La dura sentencia conocida ayer sobre el caso Gürtel es otro mazazo a un país que trata de dejar atrás aquella época de brillo económico pero relajación moral que coincidió con la burbuja inmobiliaria. La Audiencia Nacional considera probado que el Partido Popular se financió con una caja B, y que junto a Correa orquestó un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”. Así acaba uno entre muchos juicios que esperan al partido por prácticas que se han demostrado demasiado habituales para llamarlas casos aislados: comisiones ilegales, favores políticos, financiación irregular de las campañas y en ciertas ocasiones desvío de fondos para el enriquecimiento particular.

Ayer mismo se conocía el encarcelamiento de Eduardo Zaplana, quien fue presidente de la Generalitat valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del PP que ya lideraba Rajoy. Se le acusa de repatriar 10,5 millones de euros de supuestos sobornos. La sucesión de escándalos salpica en particular a las comunidades Valenciana y de Madrid, los dos grandes feudos del PP. Pero el fenómeno no se limita a este partido: el PSOE está pendiente del desenlace del juicio por los ERE; en Cataluña se ha sentenciado el saqueo del Palau de la Música y el expresidente Jordi Pujol se expone a cárcel por ocultar una fortuna de dudoso origen. Incluso un miembro de la familia real, Iñaki Urdangarin, espera el desenlace de su recurso para evitar entrar en prisión.

La justicia está haciendo su trabajo (aunque a un ritmo exasperante) para cerrar tan negra etapa. La corrupción no solo sale cara por el daño a la imagen del país, sino que gran parte de la factura va al contribuyente. Igual de importante, supone una adulteración de la economía de mercado, en la que las empresas deben competir de igual a igual sin verse tentadas a recurrir al soborno. Los agentes económicos necesitan garantías de que operan en un mercado limpio y transparente. Los escándalos que hoy se juzgan pertenecen a un pasado no tan lejano (en especial la presidencia de José María Aznar, tan locuaz sobre otros asuntos como silencioso sobre este). Desde entonces algunas leyes se hayan reforzado en la buena dirección, aunque no lo suficiente. Ni la regeneración política está resuelta ni se han asumido todas las responsabilidades. Es de temer que esta situación a un año de citas electorales agrave la parálisis política que apenas disimula el pacto de los presupuestos. La posibilidad de una moción de censura, que el PSOE admite estudiar sin tener claros los apoyos, añade incertidumbre.

Lo importante es que desaparezca la sensación de impunidad que dominó en el pasado. Que ni los ciudadanos van a tolerar ya actitudes poco ejemplares (basta ver las reacciones a polémicas recientes en torno a currículos y chalés) ni la justicia va a pasar por alto la violación del Estado de derecho y de la economía de mercado.

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