El juez deja fuera de la causa penal de Popular la ampliación de capital de 2012

Andreu centra sus pesquisas en la emisión de acciones de 2016 y la desaparición del banco

Descarta abrir una “causa general” sobre la historia de la entidad y delimita la investigación de los peritos

El juez deja fuera de la causa penal de Popular la ampliación de capital de 2012

La ampliación de capital que Banco Popular celebró en 2012 quedará fuera de la principal investigación penal abierta en la Audiencia Nacional tras la resolución del banco, en junio del año pasado. Así lo ha decretado esta semana el juez instructor, Fernando Andreu, en un auto al que ha tenido acceso este diario.

El magistrado ha rechazado la petición de algunos demandantes de ampliar el foco de la investigación judicial para evaluar la legitimidad de la ampliación de capital que Popular celebró en 2012, cuando captó 2.500 millones para eludir la necesidad de ser asistido con ayudas públicas.

El auto explica que algunos de los accionistas de Popular, que perdieron todo su dinero cuando el banco fue resuelto y vendido a Banco Santander por un euro simbólico, ven “indicios” aunque “no concretan cuáles” de que “las irregularidades contables se remontan, al menos, al año 2012”.

Andreu considera, sin embargo, que impulsar pesquisas exhaustivas sobre los ejercicios 2012 a 2015 “está fuera de lugar” ya que el perímetro de la investigación abierto se refiere principalmente al último año de vida del banco y descarta convertir el “procedimiento en una suerte de causa general respecto a todas las cuentas y todos los productos financieros emitidos o comercializados por el Banco Popular” a lo largo de su historia.

El magistrado recuerda que en octubre de 2017 ya decidió circunscribir la investigación a dos piezas separadas. La primera de ellas referida a la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que Popular efectuó en junio de 2016, para comprobar si la información que se ofreció a los inversores estuvo manipulada o no recogía fielmente el estado real de la entidad. Se analizará aquí también el reconocimiento de pérdidas adicionales que el banco hizo en abril de 2017.

La segunda pieza aborda los últimos meses de existencia de Popular, las pugnas internas en su consejo y la posibilidad de que se filtrara información sensible para tratar de desestabilizar el precio de la acción, propiciando la fuga de depositantes que acabó llevándose por delante a la entidad.

Por este motivo, el juez ha pedido a los inspectores del Banco de España cedidos como peritos judiciales que delimiten su revisión de las cuentas, información y operaciones del banco en su último año, fundamentalmente, y rechaza una prospección en profundidad de todo el lustro anterior si las pesquisas no desvelan indicios de irregularidades anteriores que inviten a seguir tirando del hilo.

La decisión del juez, a priori, complicará la pretensión de algunos accionistas más antiguos de recuperar su dinero o verse resarcidos como consecuencia del proceso penal. Aunque siempre podrán reclamar por la vía civil es previsible que el contenido de los informes periciales no les sea de ayuda a la hora de demostrar que la información contable de 2012 no era veraz.

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