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El Supremo aborda hoy los recursos del caso de las tarjetas ‘black’

65 condenados por la Audiencia tratan de evitar 120 años de prisión Rato apeló su pena de cuatro años y medio, el sindicato CIC pide elevarla

El expresidente de Bankia, exvicepresidente económico de España y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato.

El Tribunal Supremo decidirá hoy si Rodrigo Rato, exvicepresidente económico de España y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), entra finalmente en prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que presidió entre 2010 y 2012.

Rato fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia Nacional en febrero de 2017, cuando se impusieron 120 años de cárcel a 65 exdirectivos y exconsejeros de las citadas entidades por usar unas tarjetas de crédito carentes de control para cargar 12 millones de euros en gastos injustificados entre 2003 y 2012.

La deliberación estará desde hoy en manos de la Sala II del Tribunal Supremo, conformada por cinco magistrados y presidida por Miguel Colmenero, que será el ponente de la sentencia. Como el fallo condenatorio por administración desleal o colaboración de la Audiencia Nacional ha sido recurrido prácticamente por todos los acusados, así como por las acusaciones que ejercen la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), fuentes jurídicas advierten que es posible que la Sala deba reunirse en más de una ocasión. Su decisión, por tanto, podría hacerse esperar todavía unos días.

La resolución, sin embargo, podría verse acelerada porque los argumentos de los recursos de los condenados son prácticamente similares. La mayoría se ha centrado en atacar la prueba de cargo del caso, la hoja de Excel con el detalle de los gastos que cada uno realizó con las visas, que incluyen cargos por copas en discotecas, compras de arte sacro o lencería, por ejemplo. Alegan errores y manipulación.

De momento, el Supremo solo ha confirmado la condena al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, para el que la Audiencia decretó seis años de cárcel. Tras el suicidio de Blesa, el 19 de julio de 2017, quedó extinguida su responsabilidad penal pero no la civil por lo que la familia terminó renunciando a una herencia que incluía la obligación de responder solidariamente por los 9,3 millones de euros gastados con las visas opacas bajo su presidencia.

Además de Rato, hoy se juegan su libertad quienes hasta hace poco fueron destacados miembros del mundo político, financiero, empresarial y sindical como José Antonio Moral Santín, Ildefonso Sánchez Barcoj, Gerardo Díaz Ferrán, Estanislao Rodríguez  Ponga o Francisco Baquero

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