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La Abogacía madrileña reclama su participación en la reforma del delito de violación

La Junta de Gobierno del ICAM se pronuncia sobre la sentencia de 'La Manada' Piden al Legislativo y al Ejecutivo que no hagan una utilización política de la justicia

Tras las reacciones suscitadas por la sentencia en el caso de 'La Manada', dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su respeto a la decisión judicial y recuerda que en nuestro sistema democrático, solo a los jueces corresponde ejercer la función jurisdiccional.

Conforme subraya el comunicado, incumbe al tribunal sentenciador la valoración de la prueba, la interpretación de la ley y el conocimiento de la jurisprudencia, siendo éstos los únicos criterios a los que están y pueden estar sometidos los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. En caso de discrepancia sobre la calificación jurídica, en especial de hechos controvertidos como los juzgados, añade la nota, nuestro ordenamiento jurídico establece un sistema de recursos con funciones correctoras y depurativas cuyo recorrido está abierto en este caso.

El órgano de gobierno de los abogados madrileños se refiere a las críticas a la sentencia expresamente. Indica en su nota que si bien el derecho a la libertad de presión y opinión debe respetarse, en toda su extensión y de forma natural, cuando tiene como objeto la crítica, incluso acerada, de decisiones judiciales que producen conmoción en una parte importante de la sociedad civil, este hecho no debe ir en detrimento de la confianza de los ciudadanos en nuestro consolidado, aunque por supuesto perfectible, sistema judicial.

Los jueces y magistrados, a los que la Constitución encomienda la misión de impartir justicia de forma independiente e imparcial, deben ejercer su profesión, subraya la abogacía madrileña "no sólo con la capacidad sino con la ineludible obligación de sustraerse a corrientes de opinión pública intensas, altos niveles de protesta o fuertes presiones mediáticas"; en definitiva, con la obligación de sustraerse a ‘juicios paralelos’ en los que se preinstalan y se llegan a emitir emocionalmente veredictos de culpabilidad o inocencia".

Siendo este, señala el comunicado, "un debate tan trascendente y delicado, que ha incluido movilizaciones constantes en numerosas ciudades y ha llegado a la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas", consideran oportuno que el legislador y el poder ejecutivo se abstengan en cualquier sentido de hacer una utilización política de la Justicia. Su conducta debe ser, por el contrario, "responsable y reflexiva, con mesura y prudencia".

Reclaman la participación del colectivo en la reforma del Código Penal planteada en las últimas horas por numerosos representantes públicos. Consideran que, como actor esencial de nuestro Estado de Derecho, la intervención de la Abogacía en la reforma que decidirá si es preciso actualizar la tipificación de los delitos contra la libertad e intimidad sexuales, "es ineludible"

Por último, la Junta de Gobierno del ICAM, aboga por una "especialización con perspectiva de género" de los jueces y juezas que conocen de este tipo de delitos.

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