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Quién se beneficiará de la rebaja del IRPF y cuánto se ahorrará

Las rentas bajas deberán presentar la declaración anual para beneficiarse de la reducción fiscal El cheque guardería no se podrá solicitar por anticipado

Ingresos no financieros totales

Nueva rebaja en el IRPF tras la que se aplicó en la reforma tributaria de 2015 y 2016. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan que el mínimo de tributación aumentará de 12.000 euros a 14.000 euros. Es decir, los que ganen menos de este umbral no pagarán el IRPF. Hoy, un contribuyente que cobra 14.000 euros al año paga 782 euros por IRPF, un importe que se ahorrará. Parte de este beneficio lo empezará a percibir en la segunda parte del año si se aprueban los Presupuestos en la medida en que su empresa dejará de retenerle. Aun así, deberá presentar la declaración anual para obtener la devolución del importe abonado en la primera parte del año y que con la nueva normativa no le hubiera correspondido pagar.

Con carácter general, no tienen la obligación de presentar la declaración anual de la renta quien gane menos de 22.000 euros. Aun así, quienes ganen entre 12.000 y 14.000 euros deben saber que si no presentan la declaración anual perderán parte de este ahorro.

Lo mismo sucede para quienes tienen rentas inferiores a 18.000 euros y que también gozarán de una reducción del IRPF. Siempre según las previsiones del Gobierno, la rebaja del IRPF beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, que accederán a un ahorro medio de 440 euros al año. Esta reducción tributaria se aplicará a través de un incremento de la reducción de rendimientos del trabajo, que permitirá bajar la base imponible de los contribuyentes. Se trata de un ahorro que va perdiendo importancia a medida que aumenta la renta hasta desaparecer definitivamente a partir de los 18.000 euros.

La rebaja fiscal beneficia a trabajadores y también a pensionistas en la medida en que las prestaciones de jubilación tienen la consideración de renta del trabajo.

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Los Presupuestos también contemplan incentivos para las familias. Se pone en marcha un llamado cheque guardería dirigido a madres trabajadores con niños de cero a tres años que van a escuelas infantiles. A pesar de su nombre, no se trata de un cheque porque los contribuyentes no pueden cobrarlo como anticipado. El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, explica que ello es así porque será necesario cruzar los datos del contribuyente con los de la guardería para mantener un cierto control. Y aclara que el incentivo de 1.000 euros se puede cobrar exista o no cuota. Es decir, la medida beneficia a todos los contribuyentes con independencia de su renta.

Sí que es más apropiado el nombre de cheque familiar para contribuyentes que tienen un cónyuge con discapacidad a cargo, que podrán cobrar una ayuda de 1.200 euros al año. Los Presupuestos también incluyen una ayuda de 600 euros para cada hijo adicional en los hogares que son considerados familia numerosa. Son cheques que se podrán cobrar por anticipado. La suma de todas las medidas del IRPF beneficiará a 4,1 millones de contribuyentes.

El pacto firmado entre PP y Ciudadanos también contempla que el IVA de las entradas de cine baje del 21% al 10%. Ya en los anteriores Presupuestos se rebajó también el IVA al teatro y los espectáculos en directo.

En el impuesto sobre sociedades, el Gobierno ha incluido la posibilidad de que las empresas soliciten que el 0,7% de la cuota del tributo se destine a fines sociales. Se trata de una medida similar a la que ya existe en el IRPF. No implica que las compañías paguen más, sino que simplemente pueden decidir qué hacer con una parte de lo que paga.

También en el impuesto sobre sociedades se libra a las entidades de capital riesgo de efectuar el pago fraccionado mínimo. Se equipara estas entidades a la tributación que se aplica a, por ejemplo, los fondos de inversión.

Entre las medidas fiscales, los Presupuestos contemplan prorrogar el impuesto sobre el patrimonio, un tributo que debería haber desaparecido en 2012, pero cuya vigencia se renueva cada año. El impuesto sobre el patrimonio grava la riqueza neta a partir de 700.000 euros con carácter general y lo recaudan las comunidades autónomas. Madrid es la única que ha renunciado a ingresarlo.

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