La UE acaba con la opacidad de los asesores fiscales de las grandes fortunas
Una directiva obligará a comunicar a Hacienda los planes más sospechosos Bruselas calcula que la elusión fiscal reduce los ingresos anuales en un billón de euros
A una velocidad meteórica para los estándares de Bruselas, la UE ha aprobado este martes una directiva que obliga a todo tipo de intermediarios fiscales (bancos, consultores, asesores, abogados, contables...) a comunicar a las autoridades de hacienda cualquier tipo de planificación impositiva que implique a países terceros con bajos impuestos o que establezca una relación directa entre los honorarios abonados por el cliente y el ahorro de impuestos que se le ofrece.
El proyecto legislativo fue presentado hace solo nueve meses por el comisario europeo de Fiscalidad, Pierre Moscovici, a rebufo de los escándalos revelados por las filtraciones Panama Leaks y Football Leaks, que revelaron los entramados utilizados por miles de personas y empresas europeas para eludir impuestos a través de paraísos fiscales.
"Hoy es un buen día para una fiscalidad más justa y transparente", ha señalado Moscovici durante un encuentro con medios europeos, entre ellos CincoDías, tras la aprobación de la directiva por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).
Moscovici, que no disimulaba su satisfacción, ha subrayado que la rápida tramitación del texto "demuestra que, cuando hay voluntad política, se puede alcanzar un acuerdo aunque haga falta la unanimidad [de los 28 socios de la UE]".
España estuvo representada por Román Escolano, que asistía por primera a una reunión del Ecofin como ministro de Economía. Tras el Ecofin, Escolano señaló que, a petición de España, se ha incluido en el texto una referencia que sugiere la posibilidad de llevar una iniciativa similar a los foros internacionales como el G20 o la OCDE.
Pero la norma urgía en Europa porque, según los datos que maneja la Comisión, las haciendas públicas europeas podrían estar perdiendo un billón de euros al año como consecuencia de las artimañas fiscales utilizadas por grandes compañías y grandes fortunas para eludir impuestos.
Otro estudio del Parlamento Europeo apunta que, solo la pérdida de ingresos derivada de los casos revelados por Panama Papers, podría rondar los 173.000 millones de euros anuales. Bruselas calcula que ese dinero perdido podría haberse utilizado para generar millón y medio de puestos de trabajo.
Bruselas confía en que la nueva norma mitigue el daño fiscal, dado que los intermediarios o asesores evitarán hacer planificaciones que levanten sospechas en hacienda y que las empresas preferirán no exponerse al daño reputacional causado por la publicación de sus estrategias fiscales.
La directiva obligará a los intermediarios a comunicar a las autoridades los planes fiscales que incluyan ciertos rasgos, como el pago transfronterizo a un destinatario domiciliado en un país de baja o nula imposición; la involucración de algún país con un endeble control del lavado de dinero; el aprovechamiento de una misma deducción en varios países; o la correlación directa entre la tarifa de asesoría y el ahorro impositivo que se promete al cliente.
Escolano señaló que hubiera preferido una directiva más ambiciosa, sobre todo "con respecto al alcance de las características distintivas". El departamento de Moscovici asegura que se han elegido esos criterios porque son los que aparecen más a menudo en las planificaciones fiscales más agresivas descubiertas hasta ahora. Bruselas confía en que sean suficientemente amplios para evitar que los asesores puedan acogerse a cualquier vacío legal para evitar la notificación a hacienda.
Los Estados de la UE compartirán entre sí, cada tres meses, todas las notificaciones que reciban, lo que reforzará el control para rastrear las que respondan a fines puramente de elusión fiscal. Cada país deberá fijar sus propias sanciones, suficientemente disuasorias, para los intermediarios que no faciliten la información necesaria.
La directiva deberá trasponerse a la legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2019. Y el primer intercambio de información entre países tendrá lugar, según la norma, el 31 de octubre de 2020. La Comisión Europea tendrá acceso a parte de los datos compartidos para poder verificar que la directiva se aplica con el rigor previsto.
