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El Círculo de Empresarios pide una instrucción adaptada al 'compliance'

Reclaman que el fiscal dirija la instrucción del proceso penal Quieren ampliar el margen de acuerdo empresa-acusación

Diseñar un proceso penal que evite la estigmatización de las personas jurídicas es una de las grandes demandas que el Círculo de Empresarios ha plasmado en La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y el progreso social, documento que realiza una profunda evaluación de la situación de la justicia en España y elabora un catálogo de propuestas de mejora que pretenden convertirla en uno de los motores de desarrollo del país.

El texto, presentado en el Colegio de Abogados de Madrid, señala que el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas (o compliance) choca con la estructura del proceso penal, en el que el fiscal no dirige la investigación ni tiene el monopolio de la acción penal, y en el que además no rige el principio de oportunidad.

En este sentido, los empresarios reclaman reformas para que sea el ministerio público quien asuma la investigación de los delitos (en cooperación con la policía judicial) y se abran las opciones, actualmente muy limitadas, de que las empresas investigadas puedan llegar a acuerdos con la acusación.

"Imputaciones infundadas"

No es la única propuesta en relación a la fase de instrucción. En este sentido, el Círculo incide en la necesidad de mantener y respetar sus actuales plazos máximos de duración del procedimiento para evitar que se produzcan "situaciones de inactividad o se practiquen diligencias innecesarias".

Otra de las preocupaciones que manifiesta el documento es la conculcación de la presunción de inocencia que se produce con la filtración del contenido de sumarios y con lo que, a juicio del Círculo Empresarios, son "imputaciones infundadas que causan graves daños reputacionales a las personas afectadas".

Además de las reformas referidas al proceso penal, el texto también reclama, entre otras medidas, reforzar la seguridad jurídica a través de una mejor redacción de las leyes y de una mayor estabilidad legislativa; adoptar decisiones que reduzcan el número de asuntos que llegan a la jurisdicción contencioso-administrativa, y profundizar en la digitalización de la justicia.

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