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Los planes de pensiones de empresas evitarán la liquidez a 10 años para no perder rentabilidad

Las gestoras piden al Gobierno que informe sobre la pensión futura El patrimonio en planes de pensiones asciende a 111.000 millones de euros

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco

Los planes de pensiones promovidos dentro de empresas no dispondrán del supuesto de liquidez a los 10 años que sí que estará vigente para el resto de planes de pensiones. Estos vehículos podrían tener este supuesto especial de liquidez, pero no lo harán porque mermaría su rentabilidad.

Los planes de pensiones de empleo tienen una regulación diferente de los planes de pensiones individuales. Este instrumento de ahorro debe estar pactado entre la empresa y los representantes de los trabajadores, que pueden determinar la política de inversiones.

En el caso del nuevo supuesto de liquidez a los 10 años, anunciado la semana pasada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su aplicación no es automática en los planes de pensiones empresariales. Es necesario que haya un acuerdo específico en la comisión de control para que el plan incluya ese supuesto liquidez.

“Lo que estamos viendo es que en los promotores de planes de pensiones de empleo no hay interés en sumarse a las ventana de liquidez a los 10 años”, explica José Carlos Vizárraga, director general de Ibercaja Pensiones -una de las gestoras líderes en planes de empleo- y miembro de la junta directiva de Inverco, la asociación de las gestoras de fondos y planes de pensiones.

¿Por qué no aprovechar una supuesta ventaja en los planes de pensiones? La clave es la rentabilidad. A partir de 2025 los dueños de planes de pensiones individuales podrán ir retirando las aportaciones que tienen más de 10 años de antigüedad. Esto es un desafío para los gestores porque, a medida que se acerque esa fecha, deberán cambiar la política de inversión del plan de pensiones, de modo que tenga una mayor proporción de dinero en depósitos y cuentas corrientes, para poder atender todas las solicitudes de recuperación del dinero.

“Los planes de pensiones de empleo invierten cada vez más en activos alternativos, como empresas no cotizadas o vehículos de inversión inmobiliaria. Este tipo de inversiones menos líquidas les permiten añadir más rentabilidad que la que consiguen con las inversiones normales”, apunta Vizárraga.

En España hay 35.800 millones de euros invertidos a través de planes de pensiones de empleo. Los planes de pensiones individuales, por su parte, tienen un patrimonio agregado de 74.400 millones de euros. En total, hay algo más de 110.000 millones de euros en productos de previsión social complementaria. En 2017 esta cifra creció un 4%, pero fue sobre todo por la revalorización de los activos. Las aportaciones netas se limitaron a 427 millones de euros.

A medida que se acerque la fecha de 2025, cuando ya se podrán retirar las aportaciones con más de 10 años de antigüedad, aumentará el riesgo de que muchos partícipes decidan retirar el dinero acumulado. “Esperamos que no haya retiradas masivas. En cualquier caso, calculamos que para 2025 habrá unos 40.000 millones de euros susceptibles de ser retirados”, comenta Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.

Mejor fiscalidad y más transparencia

Las gestoras han sido moderadamente positivas con la incorporación del nuevo supuesto de liquidez a los 10 años, pero consideran que es un parche limitado, que no bastará para impulsar el ahorro social complementario. “Nuestra prioridad es que el Gobierno cumpla con la ley de 2011 que le obliga a informar a los trabajadores de qué pensión pública van a cobrar. No podemos entender que aún no se haya enviado esa carta”, recuerda Martínez-Aldama, presidente de Inverco.

El otro punto en el que Inverco sigue presionando al Gobierno es en la mejora de la fiscalidad de los planes de pensiones. Las gestoras quieren que al rescatar el plan, Hacienda diferencie entre las aportaciones y la rentabilidad. “Hemos pedido que los rendimientos tengan la consideración de rentas del capital, con un tipo impositivo del 19%, y que no se sigan considerando como un rendimiento del trabajo, que llega a tributar al 45%”, explica Martínez-Aldama.

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