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Trump reducirá a dos años los trámites para incentivar la inversión en infraestructura

Fijará un máximo de 21 meses para la evaluación ambiental Establecerá un tope de tres meses para la concesión de permisos

Donald Trump, presidente de EE UU, durante la presentación del plan de infraestructuras.

Las constructoras españolas estaban expectantes ante la presentación del plan de infraestructuras, con el que el presidente de EE UU, Donald Trump, pretende, cambiar la cara a unas carreteras que incluso ha llegado a tildar de “tercermundistas”. El plan incluido en la propuesta hecha pública en la noche del lunes establece una inversión inicial de 200.000 millones de dólares (162.000 millones de euros), procedente de la administración federal, que busca movilizar hasta 1,5 billones de dólares (1,2 billones de euros) a través del gasto municipal, estatal y de las propias empresas constructoras.

Aunque el montante presupuestario solo cubre una pequeña parte del presupuesto, la clave con la que la administración quiere atraer a las constructoras extranjeras es la reducción de los plazos para obtener los permisos para hacer las obras. Las grandes constructoras españolas, pese a tener una presencia creciente en EE UU, siempre han criticado los plazos excesivamente largos que transcurren entre que se presentan en un concurso y consiguen la adjudicación de la obra.

El plan también pretende impulsar la desregulación de las obras públicas y, en concreto, acortar significativamente las deliberaciones, de forma que el Gobierno pueda otorgar a las empresas los permisos oficiales de construcción en dos años con un proceso de evaluación de 21 meses y un plazo de solo tres meses para procesar los permisos. "Gran parte del problema, actualmente, es que las reglas y las restricciones del Gobierno federal obstaculizan la construcción de un mejor Estados Unidos. El objetivo es acortar el proceso y, al mismo tiempo, preservar todas las protecciones medioambientales", deslizan fuentes de la Administración Trump. Esas mismas fuentes apuntaron que el plan también pasa porque una única agencia del Gobierno tenga el "liderazgo" en la evaluación de un proyecto de infraestructuras y sea la encargada de dar el veredicto definitivo sobre su viabilidad, lo que podría dejar al margen del proceso decisorio, por ejemplo, a la Agencia de Protección del Medio Ambiente.

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