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El día en que las gasistas recibieron el jarro de agua fría

Ejecutivos de las empresas de Sedigás mantuvieron el día 25 una reunión en el ministerio El Gobierno se queda solo y retira las enmiendas polémicas, que tramitará en una proposición de ley.

Antonio Peris, presidente de Sedigás y director general de Gas Natural Fenosa.

El pasado 25 de enero, dos días antes de que se filtraran las enmiendas con los recortes a las redes energéticas, los máximos representantes de las cuatro principales distribuidoras de gas mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la que este les confirmó la intención del ministerio de promover una ley para modificar con tres años de antelación las retribuciones del sistema que fija la Ley18/2014.

 Al encuentro, convocado para tratar sobre otras cuestiones sectoriales, habían acudido el presidente de la patronal del sector, Sedigas, y director del Negocio regulado de Gas Natural, Antonio Peris y los presidentes de Madrileña Red de Gas, Pedro Mielgo; de Redexis, Fernando Bergasa y de Nortegas (la nueva Naturgás), Alejandro Legarda. Tras recibir la noticia, que resultó una bomba de relojería en la Bolsa, las afectadas enviaron una carta al ministerio en la que alertaban de que “vulneraría el principio de seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria esencial”, que implicaba el cambio, “pues alteraría de forma parcial y anticipada el marco retributivo de la distribución de gas”.

Y recordaban que “el derecho comunitario exige que las normas jurídicas sean claras, precisas y previsibles en sus efectos, en especial, cuando puedan tener consecuencias desfavorables para los individuos y las empresas”. Un ejemplo fueron precisamente, “las relevantes caídas en la apertura del mercado tras filtrarse la iniciativa legislativa”.

Varios son los argumentos de las empresas para rechazar los cambios. El modelo retributivo del gas está asociado al incremento neto de clientes y ventas en cada ejercicio y no al valor real invertido, recuerdan los firmantes, que reclaman una reunión al máximo nivel. La distribución de gas –añaden–, compite con otras energías que los clientes pueden utilizar.

A la vista de que el ministerio justifica los recortes por los déficit acumulados, las empresas de Sedigas culpan al almacén Castor de parte de los males. Así, recuerdan que en 2015 hubo un desajuste de 27 millones, muy inferior al de años anteriores. Y que en 2016 y 2017, sin considerar el coste de Castor, hubiera habido un superávit de 6 y 12 millones, respectivamente. Dado el aumento previsto del número de clientes, y la desaparición de costes no recurrentes, “el equilibrio del sistema aumentará”.

También la presidenta de la patronal eléctrica, Unesa, Marina Serrano, ha pedido una reunión con el ministerio. Esta tendrá lugar el lunes por la tarde.

El Gobierno abandona, de momento

Finalmente, tal como se publicó el viernes, el proyecto de ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía saldrá del Senado con 100 enmiendas, 15 de las cuales se refieren a cuestiones energéticas. Sin embargo, el Gobierno, que se ha quedado sin apoyos para las tres polémicas relativa a los ajustes en la retribución de las redes de gas y luz, y a que las eléctricas asuman el coste del desmantelamiento de las centrales nucleares, ha optado por eliminarlas.

Sin embargo, el titular de Energía no ceja en su empeño y, tal como anunció el viernes, incluirá las medidas en una proposición de ley que presentará próximamente el PP. En el PSOE, que advierten que tampoco lo apoyaran, lo consideran una irresponsabilidad, pues mantener el impasse tiene un coste para los inversores que tampoco beneficia al consumidor.

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