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Un nuevo modelo de financiación autonómica claro, transparente y eficaz

El Gobierno no puede realizar una quita de deuda sin provocar un agravio comparativo

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Las expectativas que Cristóbal Montoro despertó el miércoles en el Congreso al sugerir la posibilidad de acometer una reestructuración de la deuda de algunas comunidades autónomas han levantado una más que previsible marejada en el mapa autonómico. Mientras las regiones más endeudadas –como Valencia, Cataluña, Murcia y Andalucía– es lógico que reciban con satisfacción las palabras del Ministro de Hacienda, aquellas más saneadas, como es el caso de Madrid, rechazan la medida, por considerar que supone un agravio comparativo.

A la vista de las cifras de unas y otras es difícil negar que ese agravio exista. Tanto las cuatro comunidades más endeudadas como la más saneada de todas –Madrid– reciben menos recursos que la media como consecuencia del modelo de financiación. Pero si entre las primeras, Valencia, por ejemplo, adeuda el 80% de su pasivo al Estado central, Madrid lo hace solo en un 6% del total. Aplicar una quita en esas condiciones supone enviar un mensaje a los Gobiernos autonómicos de que la mala gestión se premia, y ello no constituye un precedente que beneficie ni al sistema ni a las comunidades ni a los ciudadanos. Todo apunta a que el Gobierno es consciente de ello, como demuestra el hecho de que Montoro insistiese ayer en que resulta necesario analizar qué tratamiento debe recibir la deuda entre administraciones en el nuevo modelo de financiación autonómica, pero también en que no deben existir agravios comparativos entre unas y otras regiones y, lo que es más importante, que tampoco ha de haber diferencias en cuanto a los servicios públicos a que pueden acceder los ciudadanos.

Es importante no perder de vista la urgencia de acometer cuanto antes la tarea de consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice un buen funcionamiento de los servicios públicos en todas las comunidades españolas. En ese modelo habrá que solventar y corregir las deficiencias del sistema actual, y hacerlo pensando en todo momento en el bien común de los ciudadanos. Pero en esa tarea hay algo que no puede obviarse: la necesidad de una gestión financiera sensata, transparente y eficaz.

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