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¿Política energética o energía al servicio de la política?

Resulta sorprendente que el Gobierno impulse un real decreto para impedir el cierre de centrales El último cálculo del ministro es que el cierre del carbón costaría al consumidor 2,5 euros al año

Central térmica de La Robla (León).

Tradicionalmente, la política energética ha tenido como objetivo un suministro fiable y a mínimo coste, minimizando el impacto sobre el medio ambiente. En 1996, los Estados Miembros de la Unión Europea decidieron que la mejor forma de conseguir estos objetivos era mediante la liberalización del mercado eléctrico, despolitizando las decisiones de construcción, operación y cierre de centrales.

Desde que se liberalizó, el precio del mercado de generación en España ha sido similar o inferior a los de países de nuestro entorno, y muy por debajo de lo que se pagaba a los generadores antes de la liberalización. Y siempre, las decisiones sobre qué centrales construir o cuales cerrar las han tomado las empresas, y no el Gobierno.

Como resultado de la crisis económica y de los apoyos a las energías renovables, actualmente existe un 30% de exceso de capacidad firme en generación eléctrica, o un 40% si se tiene también en cuenta la flexibilidad que aportan los 3.000 MW de grandes consumidores interrumpibles.

En este contexto, resulta sorprendente que el Ministro de Energía esté impulsando un Real Decreto con el objetivo de poder impedir el cierre de centrales. El Ministro ha declarado que el Gobierno “no quiere” que se cierren centrales de carbón, a pesar del impacto de estas centrales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y de que las minas tendrán que cerrar de todos modos en 2018 según el plan acordado con Bruselas.

En realidad, sus decisiones parecen estar más bien motivadas por el deseo de intentar evitar un repunte en el precio del mercado de generación que pudiera resultarle políticamente incómodo. La última estimación del ministro es que el cierre de centrales de carbón como las de Iberdrola tendría un impacto de 2,5 euros al año sobre las facturas de los consumidores domésticos.

Veinte céntimos al mes no es mucho, y difícilmente parece justificar un Real Decreto para intervenir el mercado de generación, pero incluso esa cifra está exagerada. En primer lugar, las estimaciones del ministro se basan en el supuesto de que las centrales de ciclo combinado no comprarán más gas si se cierran las centrales de carbón, lo cual es manifiestamente erróneo. Por otra parte, en la actualidad, el coste de generación de las centrales de carbón es similar al de las centrales de gas. Por ello, la realidad es que el cierre de centrales de carbón (y su sustitución por centrales de gas) apenas afectará al precio del mercado de generación.

En segundo lugar, aunque el ministro ha estimado el impacto sobre el precio de mercado de cerrar las centrales de carbón, no ha dicho cuánto costaría a los consumidores mantener estas centrales en operación.

En tercer lugar, la Directiva de Emisiones Industriales obliga a estas centrales a hacer constantemente inversiones para reducir sus emisiones de gases tóxicos (como el SOx o NOx) y de partículas, nocivos para la salud. La Comisión Europea ya está investigando a España por ayudas de Estado a las centrales de carbón relacionadas con este tipo de inversiones. Y si dichas inversiones no se acometen, estas centrales tendrán prohibido funcionar a partir del año 2020, con independencia de lo que quiera el Ministro.

Por otra parte, si al ministro le preocupa tanto un incremento de 2,5 euros al mes, ¿por qué sigue pagando por un servicio de interrumpibilidad que apenas se ha usado en los últimos 15 años y que al consumidor doméstico le cuesta 25 euros al año? ¿Por qué sigue la tarifa eléctrica soportando unos costes ajenos al suministro que duplican la factura que deben pagar los consumidores, con un sobrecoste de unos 400 euros al año?

En un contexto liberalizado, la política energética no consiste en decidir qué centrales se deben construir o cerrar, cuánto gas deben tener almacenado las centrales, o pagar a grandes consumidores interrumpibles para que ajusten su demanda al dictado del Ministerio. La política energética consiste en dejar que el mercado funcione, y reflejar cualquier externalidad en la retribución o costes que soportan los operadores.

En un sistema regulado, el Gobierno controla los precios y también las cantidades, y el resultado es un suministro caro pero fiable. En un mercado liberalizado en el cual el gobierno limita los precios, pone impuestos a los operadores que ganan dinero y decide quién puede cerrar y quien no, el resultado es el desabastecimiento. No hay más que ver las estanterías de los supermercados en Venezuela.
Por mucho que reclame el ministro que la política energética la hace el Gobierno y no las empresas, lo que está haciendo no es “política energética” sino poner la energía al servicio de la política.

Óscar Arnedillo Blanco es director de NERA Economic Consulting

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