Economía obliga a todos los bancos a ofrecer cuentas básicas con comisiones tasadas
Deberán ofrecer servicios básicos a todas las personas incluso sin domicilio Obliga a las entidades a dar servicio a los clientes no rentables lo que bajará los precios
Tener una cuenta corriente ya es un derecho de cualquier residente en España. El Ejecutivo ha aprobado la norma que obligará a la banca a dar servicio a los clientes mediante una cuenta de pago básica, evitando así que ciudadanos de escasos recursos o escasa rentabilidad para las entidades sean discriminados y queden fuera del sistema financiero. Estas cuentas se podrán abrir a partir del lunes 27 de noviembre.
Las cuentas tendrán unas comisiones máximas, que serán razonables, sin perjuicio de que puedan ser incluso gratuitas. El Ministerio de Economía las fijará a través de una orden en las próximas semanas. Dará acceso a estas personas a funciones básicas como ingresos o retiradas de efectivo, domiciliaciones, transferencias y tarjetas de débito. Podrán abrir cuentas todas las personas, incluso las que no tengan domicilio fijo, porque no tienen permiso de residencia, por ejemplo. Quedarán excluidos los clientes que puedan acceder a otras cuentas, por motivos de orden público y blanqueo de capitales.
El objetivo es que las comisiones no se conviertan en una fórmula para ahuyentar a los clientes. La normativa fue publicada por Cinco Días el pasado febrero.
La norma adaptará la directiva europea de julio de 2014 sobre “la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas”.
El borrador definía que una cuenta básica “debe dar derecho a realizar una serie de operaciones (depósitos en cuenta, retirada de efectivo, adeudos, transferencias, pagos con tarjeta) dentro de la Unión”. Debe garantizarse esta modalidad a todos ciudadanos incluidos los consumidores que no tengan domicilio fijo, los solicitantes de asilo e incluso a los consumidores a los que no se les haya concedido un permiso de residencia.
El borrador también incluye las obligaciones de que las cuentas se puedan trasladar, a imagen y semejanza de lo que ya ocurre con los números de teléfono, y de que se publique una lista con las comisiones para se puedan comparar. Este ranking será establecido inicialmente por la Comisión Europea, y, posteriormente, publicado por el Banco de España.
Todas las entidades deberán ofrecer este servicio, incluidas las que se dirigen a altos patrimonios y las que operan solo online, lo que previsiblemente presionará a la baja las comisiones del sector, fuentes del Ministerio de Economía. Los clientes recibirán cada año un estado de las comisiones que han abonado.
Las entidades, además, deberán cerrar las cuentas en un máximo de 24 horas si así lo solicita el cliente.
Todos los comparadores actuales estarán vigilados por el Banco de España para que ofrezcan información rigurosa y se expondrán a multas por infracciones graves y muy graves en caso de incumplimiento.
Los clientes podrán además portar sus cuentas de una entidad a otra con un plazo máximo de 13 días. El número de cuentas corrientes y de ahorros en España asciende a más de 44 millones, según la Asociación Española de Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), de cierre de 2015, frente a un censo de 46,5 millones de personas. El dato dista de ser es exacto, puesto que muchos clientes disponen de dos, tres, cuatro o más cuentas.
Un punto crucial del pulso que se avecina es la llamada exclusión financiera, pues la histórica concentración bancaria y el ajuste de red del sector han dejado poblaciones sin ninguna oficina y aunque el legislador pueda obligar a dar determinados servicios a todo el mundo, incluso a bajo coste, no impondrá dónde debe abrir la banca sucursales. Los clientes menos rentables son la diana de esa eventual expulsión del sistema.
El Ejecutivo tiene ha dado luz verde a otro real decreto ley de Economía sobre la divulgación de información no financiera, que también tiene como objetivo la transposición de la legislación europea sobre la obligación de cualquier empresa de informar sobre el impacto real y potencial de su actividad en el medio ambiente y cómo las cuestiones medioambientales actuales pueden afectar a la compañía.
La norma europea busca que las empresas faciliten información relevante sobre políticas, riesgos y resultados en materia ambiental, social y laboral, así como el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la corrupción y la diversidad en los consejos de administración.
Esta información será exigible a empresas grandes con consideración de entidad de interés publico con más de 500 trabajadores, y que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos: un balance mínimo de 20 millones de euros, una facturación de 40 o un numero de trabajadores de más de 250.