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Carta del director
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Este es el precipicio hacia el que corrían

Si los insurrectos en Cataluña podían saltarse la ley, todas las leyes, es que no hay ley, ninguna ley

Un momento de la manifestación del jueves en Lleida, en protesta por el encarcelamiento de los exmiembros del Govern de Cataluña en las prisiones de Soto del Real y Estremera.
Un momento de la manifestación del jueves en Lleida, en protesta por el encarcelamiento de los exmiembros del Govern de Cataluña en las prisiones de Soto del Real y Estremera.EFE
Ricardo de Querol

Nunca comprenderé a esos espontáneos que van a los juzgados a increpar a los acusados que ya tienen medio pie en prisión. Cruzar las puertas de la cárcel es un drama personal de primer orden: no hace ninguna falta añadir escarnio. Siento compasión ante los presos cuando no tiene las manos manchadas de sangre. Lamento en particular que se encierre a quienes todavía no han sido juzgados por si acaso se fugan o delinquen más. No hay nada que celebrar en que ocho miembros del Govern catalán destituido estén durmiendo entre rejas.

Pero...

Estos dirigentes presos forzaron este mal capítulo del problema catalán. Hicieron todo lo que estaba en su mano para acabar así. Marcharon a la carrera hacia el precipicio. No quedaba alternativa para la juez después de que otros cinco del Govern saliente huyeran a Bruselas y el expresidente se exhibiera desafiante diciendo que no volverá hasta tener garantías. Garantías de impunidad que ningún Estado de derecho puede dar. El capitán del barco fue el primero en abandonarlo y dejar a los suyos en el hundimiento. Y no es que unos huyeran por cobardía y otros, más dignos, decidieran afrontar su destino judicial. No era eso: se habían coordinado. Se repartieron los papeles. Unos mártires y otros exiliados, dos fotos poderosas, dirigidas tanto a internacionalizar el conflicto como a agitar al personal fiel en su tierra.

Es opinable si la actuación de las autoridades depuestas puede calificarse como rebelión o como sedición, cuanto menos prevaricación, malversación y desobediencia, que tampoco son una broma. La redacción del delito de rebelión parece escrita pensando más en ataques de grupos armados que desde las instituciones, igual que el delito de traición solo es aplicable en tiempo de guerra. Hay contradicciones entre el criterio del Supremo, aparentemente más garantista, y el de la Audiencia Nacional. Caben las dudas jurídicas. Las aclarará el tribunal que sentencie el caso, y los que resuelvan las apelaciones.

Pero...

Los querellados sabían muy bien lo que estaban haciendo. Tenían asesores, abogados, a los letrados del Parlament, el consejo consultivo. Asumieron el grado máximo de riesgo. Fueron advertidos expresamente por el Tribunal Constitucional, y tampoco lo escucharon. Despreciaron todas las objeciones, o ni siquiera dejaron pronunciarlas a los órganos competentes, sobre las dos leyes de ruptura (referéndum y transitoriedad), que derogaban la Constitución y el Estatuto. Actuaron igual con la declaración unilateral de independencia. Si esto no era un golpe de Estado, desde luego era un golpe al Estado que querían romper. Y al Estado de derecho.

¿Sociedad civil? ANC y Òmnium no pueden presentarse como ONG cuando formaban parte de la G. Del Govern

Es discutible que fuera necesario encarcelar en primer lugar a los Jordis (Sànchez y Cuixart) por esa protesta que acorraló a la policía judicial que hacía su trabajo, o si bastaba con dictar cautelares para que no escaparan a la justicia.

Pero...

La ANC y Òmnium no eran meras plataformas de activistas, ni pertenecen a la sociedad civil, por mucha gente que les siga. No puede ser una ONG quien forma parte de la G. Ambas organizaciones, durante mucho tiempo regadas de subvenciones, se sentaban en la mesa del Govern, con otro invitado llamado Artur Mas, para coordinar al detalle toda la estrategia. Eran parte esencial, imprescindible, de un plan, una hoja de ruta como se dice ahora, muy precisa, que encajaba como en un reloj acciones gubernamentales, parlamentarias y callejeras. Solo con su concurso era posible –y aun así difícil– llegar a la independencia de facto.

La tensión ante las elecciones autonómicas del 21D se dispara. El ambiente político se va volviendo más tóxico aún. El independentismo puede sacar partido del mazazo judicial. El discurso del Estado represor va a imponerse en muchos sectores, puede decantar a indecisos, reactivar una protesta que se había desinflado tras el fiasco de la DUI. Ya se apunta a ese relato la que se dice izquierda alternativa, siempre al auxilio del nacionalismo reaccionario.

Pero...

Aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Como Bárcenas, como Ignacio González, como Granados, como Matas, como antes Roldán, como otros nombres ilustres que pueden caer en breve. Gente que cometió delitos desde la política. La corrupción no es el único crimen perseguible en las autoridades. Ni Junqueras ni los exconsellers, ni tampoco los Jordis, están en prisión por sus ideas. Lo están por sus acciones. Por atentar abierta, consciente y continuadamente contra el orden constitucional. Y por gastar dinero de los contribuyentes en sus aventuras. Si ellos podían saltarse la ley, todas las leyes, es que no hay ley, ninguna ley.

Se complica la aplicación tranquila del artículo 155, que se estaba logrando asentar sin grandes resistencias ni alboroto. Crece el sentimiento de humillación en el nacionalismo. La mitad silenciosa (no valoraré si mayoría o minoría), esa que nunca quiso la ruptura, volverá a sentirse intimidada por el entorno, invitada a callarse la boca.

Pero...

No convenía a nadie que las cosas salieran así. A los partidos constitucionalistas menos, porque reduce sus expectativas de un vuelco electoral. Si alguien cree que el Gobierno utiliza a los jueces a su antojo, ignora este factor (y la montaña de casos contra el PP que están en marcha). Si de verdad el poder político moviera los hilos del judicial, seguramente habría evitado este lío antes del 21D. La separación de poderes funciona.

Veo con vergüenza las imágenes de los que perseguían con banderas españolas, en la estación del AVE o en las puertas de los juzgados, a los exmiembros del Govern desplazados a Madrid con muchas papeletas para no volver a casa. La reaparición de elementos ultras tratando de ocupar la escena pública es muy penosa para un país que los había dejado en un margen, casi en el olvido, hasta anteayer.

Pero...

Esa siniestra escena es una consecuencia más de la irresponsabilidad de quienes atizaron el fuego de las identidades y esparcieron las brasas, logrando sacar lo peor de cada casa. Quien prendió esa llama no ha sido ese Estado que se pinta centralista y represor. Han sido otros los que han tratado de dinamitar toda legalidad para ser los amos absolutos de su corralito. El Estado de derecho actúa. Se defiende si se le agrede. Es decir, nos defiende. Sabemos quiénes nos han abocado a este desastre.

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Sobre la firma

Ricardo de Querol
Es subdirector de EL PAÍS. Ha sido director de 'Cinco Días' y de 'Tribuna de Salamanca'. Licenciado en Ciencias de la Información, ejerce el periodismo desde 1988. Trabajó en 'Ya' y 'Diario 16'. En EL PAÍS ha sido redactor jefe de Sociedad, 'Babelia' y la mesa digital, además de columnista. Autor de ‘La gran fragmentación’ (Arpa).

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