El Congreso tumba la supremacía del convenio de empresa que preveía la Ley de Contratos

Los sindicatos habían denunciado que las enmiendas del PP permitían que las empresas pujaran a la baja y pagaran a sus empleados por debajo del convenio sectorial

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El Pleno del Congreso aprobó este jueves la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las compañías adjudicatarias priorizar su convenio de empresa sobre el sectorial.

Así, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV tumbaron las enmiendas por 171 votos en contra por solo 164 a favor del Grupo Popular, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió en julio del Congreso.

Tanto UGT y CC OO como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) habían criticado duramente esas enmiendas, puesto que constituían una vía por la que compañías que acudieran a los concursos públicos podrían hacer descuelgues ad hoc de sus convenios sectoriales, pagando salarios más bajos a sus trabajadores.

De esta manera, sus costes frente a otras empresas del mismo sector competidoras en las licitaciones serían menores y así podrían pujar u ofrecer un precio en el concurso sensiblemente más bajo, en lo que patronal y sindicatos califican de una suerte de dumping social. Al no haber prosperado esas enmiendas, los trabajadores quedan protegidos, ya que sus salarios nunca podrán ser inferiores a los marcados por el convenio sectorial, si su empresa resulta adjudicataria de un concurso público, destacaron en UGT.

La satisfacción ayer era generalizada en el Congreso, ya que se trata de un texto que ha obtenido el respaldo de gran parte de los grupos políticos del Parlamento. Fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE.

Ahora, desde el Ejecutivo y buena parte de la oposición se defiende que la nueva norma supone la aplicación de un marco legal para la contratación pública más transparente, más ágil, que brinda más oportunidades a las pymes y que introduce medidas para combatir la corrupción y garantizar la igualdad de oportunidades.

Además, tal y como recordaba ayer a CincoDías el presidente de la CNC, Juan Lazcano, aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como obliga la propia directiva comunitaria, estas se han incorporado con mayor detalle durante el trámite parlamentario. Este aspecto ha sido especialmente celebrado por los partidos de izquierda como el PSOE o Unidos Podemos.

Así, tendrán mejor consideración en los concursos aquellas empresas que primen aspectos como la igualdad de género o el respeto al medioambiente y la inclusión en sus plantillas de personas con discapacidad.

Otro de los aspectos más elogiados de la futura norma es que los concursos priorizarán a partir de ahora todos los elementos vinculados a la calidad del servicio que se pretende brindar y no solo al precio. Se trata de una reivindicación histórica de todo el sector. Constructoras, ingenierías y sindicatos siempre han abogado por ponderar más en las adjudicaciones la parte técnica del proyecto y no solo la económica, como medida eficaz para combatir los modificados que encarecen las obras.

La norma modifica entre otros aspectos los contratos que serán considerados a partir de ahora menores, cuyas exigencias y controles serán también más laxos. Se calificarán como tales las licitaciones inferiores a 40.000 euros en el caso de las obras y a 15.000 euros si se trata de servicios (antes 50.000 y 18.000 euros, respectivamente). Esta modificación fue una de las iniciativas que introdujo Unidos Podemos.

Otra de las novedades aprobadas donde ha habido un mayor consenso es en la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos, de forma que se dé entrada en los concursos a las pymes. Igual que se trocean las grandes licitaciones, se flexibilizan los criterios de solvencia exigibles a las empresas que acudan al concurso. Con el nuevo marco legal ya no será necesario que las sociedades con una antigüedad inferior a los cinco años acrediten experiencia en trabajos previos como ocurría ahora.

De Ciudadanos partió la iniciativa de crear la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que tendrá capacidad normativa y podrá emitir recomendaciones a los distintos órganos de contratación. Este nuevo ente público realizará informes sobre los principales incumplimientos en materia de contratación, así como estudios con información sobre prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude y corrupción.

Esta labor, que hasta ahora realizaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se asemejará bastante a las funciones que ostenta ahora la Airef. Sus miembros tendrán un mandato de seis años y no podrán ser cesados por el Gobierno. Asimismo, de este organismo dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que será la encargada de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública.

Otros cambios relevantes

Morosidad. Se establece como plazo máximo de pago 30 días para la comprobación de la factura y 30 días adicionales para efectuar el desembolso. Además, no se permite la negociación de plazos diferentes entre contratista y proveedor, cuando antes sí era posible. Los mismos plazos deberán regir para la relación entre contratista y subcontratista.

Control. La administración está obligada (antes era potestativo) a comprobar que se cumplen esos plazos y deberán imponer penalidades a quien no lo haga.

Rescate. La remunicipalización de una concesión podrá ser recurrida al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Normas