La declaración de independencia en suspenso deja en el aire la estabilidad económica y social
Puigdemont aparca la autodeterminación en busca de una solución negociada El procés entra en un limbo que no ataja el temor de empresarios, ahorradores e inversores
La declaración de independencia de Cataluña formulada este martes por el presidente del Govern, Carles Puigdemont, instando acto seguido a suspenderla para tratar de forzar un diálogo con el Estado español con mediación internacional deja más dudas de las que despeja. La incertidumbre social y económica que viene rodeando la escalada de tensión secesionista queda disparada mientras el procés entra en un limbo desconocido.
El temor de ahorradores y empresarios, que abandonan la región, la volatilidad que marca estos días las decisiones de los inversores, las dificultades económicas de la comunidad y el delicado equilibrio electoral no se resolverán, previsiblemente, en las próximas semanas. Estas son algunas claves del escenario que se abre:
Fuga de depósitos
Uno de los colectivos que está viviendo el choque de trenes con mayor inquietud es el de los ahorradores, como demuestra la salida de millones de euros en depósitos de las entidades financieras radicadas en Cataluña, hasta el punto de que CaixaBank y Banco Sabadell, entre otras de menor tamaño, decidieron trasladar su sede social a otras comunidades autónomas en los últimos días. Más allá del temor a una posible declaración unilateral de independencia, el nerviosismo estaba justificado por los planes declarados de los independentistas de imponer un corralito sobre los ahorros de los catalanes para evitar una fuga de capitales.
“A partir de la declaración de independencia hacemos un control de capital y de flujos de capital en Cataluña para garantizar como mínimo durante un tiempo la capacidad de funcionar de la República”, avanzaba hace poco la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant. Sin mayor detalle sobre las herramientas con las que la Generalitat congelaría el pasivo de los catalanes, las autoridades han ido enviando mensajes de calma en las últimas semanas. Desde el Banco de España recuerdan que todas las entidades financieras que figuran en el registro del supervisor bancario están respaldadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 100.000 euros de los ahorros de cada particular incluso en caso de quiebra de una entidad.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, remarcó el lunes desde Luxemburgo que las entidades financieras están tomando las medidas preventivas oportunas, como el cambio de domicilio social, y que “los depositantes pueden estar perfectamente tranquilos” porque están bajo el paraguas de protección del Banco Central Europeo, que supervisa al sector financiero comunitario y le provee de liquidez. La única entidad financiera que mantenía su sede en Cataluña, Caja de Ingenieros, avanzó este martes que “tomará las medidas necesarias para mantener en todo momento la entidad dentro de la Eurozona”. Queda por ver, en todo caso, si las garantías que ofrecen las autoridades públicas son suficientes para atajar la huida de depositantes hacia entidades fuera de la órbita de la Generalitat y qué efecto tiene la declaración de Puigdemont.
Huida empresarial
La consecuencia económica más relevante que está teniendo el pulso al Estado de las fuerzas independentistas catalanas es la salida acelerada de decenas de importantes grupos empresariales de la región, que trasladan su sede social. Compañías cotizadas por valor de unos 80.000 millones de euros han decidido trasladarse en los últimos días ante la inseguridad jurídica que despertaba la posible declaración unilateral de independencia por parte del presidente del Govern tras el referéndum secesionista ilegal convocado el pasado 1 de octubre.
El listado incluye históricas entidades catalanas como CaixaBank, que traslada su sede a Valencia; el grupo Caixa, que lo mueve a Palma de Mallorca; Banco Sabadell, que ha optado por Alicante; así como Gas Natural, Abertis, Cellnex, Colonial, Oryzon, Adeslas, VidaCaixa, Catalana Occidente, o Edreams, entre otras, que asientan su sede en Madrid. Otras, como Freixenet, Codorniú, Grifols o el Grupo Planeta ya avanzaron la posibilidad de mover su domicilio social en caso de que se llevara a cabo la declaración de autodeterminación por parte de las autoridades catalanas. El grupo editorial ya confirmó el martes su traslado a Madrid tras el discurso de Puigdemont.
El Gobierno facilitó esta posibilidad el pasado viernes aprobando un decreto ley por el que los consejos de administración de las empresas pueden decidir el traslado sin necesidad de consultar a los propietarios, o las juntas de accionistas, incluso aunque los estatutos de la compañía indiquen lo contrario.
El portavoz del Govern, Jordi Turull, criticó este martes la medida como parte de una campaña de “presiones” del Ejecutivo central para forzar la fuga de empresas, si bien el ministro de Economía aseguró el pasado viernes que la medida se aprueba ante el clamor de empresarios preocupados por la “irresponsable” gestión de la Generalitat. Sea como fuere, si el horizonte político de la región no comienza a aclararse en los próximos días es previsible que el goteo de empresas que deja la comunidad continúe aumentando.
Mercados a la baja
La situación, que los inversores habían ido digiriendo con cierta cautela hasta el referéndum del 1 de octubre, ha comenzado a derivar en una alta dosis de volatilidad en Bolsas y mercados de deuda. En la sesión de este martes, el Ibex acabó cediendo un 0,92% mientras que el tipo de interés el bono a 10 años escalaba hasta el 1,661%, con la prima de riesgo en 121 puntos básicos. Con todo, los analistas consideran que, tras los vaivenes vividos ante situaciones “apocalípticas” anteriores, como el brexit, el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca o su pulso con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el desafío separatista catalán se está asumiendo con bastante templanza.
“El comportamiento de los mercados bursátiles y de renta fija se podría tachar de complaciente”, expone José Ramón Iturriaga, gestor de Abante, quien considera que “incluso tras los últimos acontecimientos, la probabilidad de una Cataluña independiente con lo que eso supone, sigue siendo ninguna. Y eso es lo que los mercados están cotizando”. “El problema de fondo queda sin resolver –quizás no sea posible–, pero la independencia queda descartada”, apunta, considerando que una respuesta al desafío “solo con la estricta aplicación de la ley, es un paso de gigante en lo que a seguridad jurídica se refiere”, lo que a su modo de ver “constituye una magnífica noticia para todos, también para los inversores”.
“En función de cómo sucedan los acontecimientos es previsible que la volatilidad se asiente en todos los activos financieros relacionados con España”, advertía, sin embargo, Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, ante la falta de una solución clara.
Financiación
En este marco, uno de los principales desafíos que afronta Cataluña estos días es su dificultad para acceder a financiación en los mercados y su alta dependencia del Estado central, que ha pasado además a controlar sus cuentas tras el desafío legislativo que supuso aprobar la celebración del referéndum independentista. El resultado es que la comunidad podría incurrir rápidamente en impagos si pierde los soportes que tenía hasta ahora. Así lo han advertido los analistas de Moody´s en su último informe, en el que subraya que “Cataluña tiene elevadas necesidades de refinanciación y su posición de liquidez se ha debilitado significativamente en los últimos años”.
La agencia de calificación crediticia subraya que “la región no ha tenido un acceso significativo a los mercados desde hace varios años y en su lugar ha sido fuertemente dependiente de la financiación del Gobierno central español”. En este sentido, los analistas subrayan la importancia que tiene para la comunidad el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
La agencia de calificación de riesgos europea Scope Ratings detalla que Cataluña ha recibido unos 63.000 millones de euros de él desde su origen, y otros 3.600 millones este año. En paralelo, la Generalitat cuenta con 75.000 millones de euros de deuda, de la que el 68% está en manos del Estado, y de momento no tiene forma de reconducir la situación.
Apoyo exterior
“Cataluña carece de los medios y el apoyo internacional para independencia unilateralmente. Y, los costos económicos y financieros restringen los movimientos hacia una secesión” que no se logre por los cauces constitucionales, sostienen en Scope Ratings, advirtiendo de la “la consiguiente inestabilidad política y social” que puede producirse teniendo en cuenta, además, que la secesión no tiene apoyos claramente mayoritarios ni siquiera en la comunidad. De ahí que Puigdemont renuncie a la declaración unilateral sin apoyos y trate de buscar una salida negociada con mediación internacional, más asequible pero que será difícil de atar en la UE.
Elecciones
“Cualquier retraso o incertidumbre sobre la independencia”, advertía la agencia de calificación de riesgos Scope Ratings, “plantea el potencial de inestabilidad interna en el gobierno regional” lo que supone un paso hacia una convocatoria anticipada de elecciones. El visible descontento de la CUP con la suspensión inmediata de la declaración de independencia deja cojo el ya delicado equilibrio de fuerzas de Junts Pel Sí (que forma junto a ERC y la antigua CiU). Si la salida negociada requerida por su líder, Puigdemont, no cobra forma, o no contenta a todos, es previsible que la situación derive en elecciones anticipadas en Cataluña. El guante queda en manos del Gobierno de Mariano Rajoy.
