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Bruselas obliga a Amazon a devolver 250 millones en impuestos y lleva a Irlanda ante el Tribunal de Justicia

Acusa a Luxemburgo de haber otorgado beneficios tributarios ilegales al gigante del 'ecommerce' La CE denuncia que el gobierno irlandés no ha tomado medidas en el 'caso Apple'

La comisaria de Competencia Margrethe Vestager.
Bruselas / Madrid

Bruselas ha exigido a Luxemburgo que reclame Amazon 250 millones de euros en impuestos que la compañía eludió gracias a un acuerdo fiscal ventajoso con el gobierno de ese país de la UE. Así lo ha comunicado este miércoles la Comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager. Este organismo explica que el gigante del comercio electrónico se ha beneficiado de rebajas fiscales ilegales desde 2003. "Luxemburgo ha otorgado beneficios tributarios ilegales a Amazon. Como consecuencia, casi tres cuartas partes de sus beneficios no estaban gravados", precisó Vestager, que critica que se haya permitido a la multinacional "pagar cuatro veces menos impuestos que a otras compañías locales sujetas a la legislación nacional".

"Esto es ilegal de acuerdo con las normas de ayudas de Estado de la UE. Los Estados miembros no pueden conceder ventajas selectivas a grupos multinacionales que no están disponibles para otros", ha puntualizado. 

Tras hacerse pública la sanción, Amazon ha emitido un comunicado en el que niega haberse ahorrado dinero en Luxemburgo de manera irregular. "Creemos que Amazon no recibió ningún trato especial por parte de Luxemburgo y que pagamos nuestros impuestos en plena conformidad con la legislación tributaria luxemburguesa y internacional", apuntan.

La decisión de Bruselas llega tras tres años de investigación por parte de la dirección general de Competencia de la Comisión Europa. Pero el acuerdo fiscal declarado ilegal se remonta al año 2003 y fue suscrito por el gigante estadounidense del comercio electrónico con el gobierno de Luxemburgo, presidido entonces por Jean-Claude Juncker, actual presidente de la CE, tal y como recordaba ayer este periódico.

El castigo a Amazon es similar al que impuso Bruselas a Apple el pasado año. La Comisión exigió entonces a Irlanda recuperar 13.000 millones de euros en impuestos eludidos por la compañía de la manzana. Competencia también ha obligado a Starbucks a devolver hasta 30 millones a Holanda y a Fiat otra cifra similar también a Luxemburgo. Tras estos casos, Bruselas apunta ahora a McDonald´s, que en diciembre anunció su decisión de mudar su sede fiscal a Reino Unido.

Como recordaba este martes CincoDías, la ofensiva contra estas multinacionales la inició Joaquín Almunia en 2014, por aquel entonces comisario europeo de Competencia, como una vía para atajar la competencia fiscal desleal entre los socios de la UE. El problema era conocido desde hacía años, pero la crisis financiera redujo dramáticamente la recaudación de varios Estados y alentó la búsqueda de nuevos ingresos.

La ofensiva de la Comisión se basó en la normativa sobre ayudas de Estado, un instrumento apenas utilizado en la lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales. Los casos ganaron aún más fuerza con las filtraciones conocidas como LuxLeaks, que rebelaron cientos de acuerdos fiscales suscritos entre Luxemburgo y numerosas multinacionales.

Denuncia a Irlanda

La CE también ha decidido denunciar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la UE por no recuperar los 13.000 millones que Apple dejó de pagar impuestos por las ventajas fiscales ilegales de que se benefició en el país. El Ejecutivo comunitario ha explicado que "más de un año después de que la CE adoptara la decisión, Irlanda aun no ha recuperado ese dinero". La fecha límite para que Irlanda aplicara la decisión de Bruselas era el 3 de enero de 2017, según los procedimientos europeos, que fijan un plazo de cuatro meses desde la fecha de la notificación oficial. 

"Entendemos que la recuperación en ciertos casos puede ser más compleja que en otros y siempre estamos dispuestos a ayudar, pero los Estados miembros deben hacer suficiente progreso para restablecer la competencia". Algo que, en su opinión, no habría hecho Irlanda, lo que ha llevado a Bruselas a llevar el caso ante la justicia. 

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