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Francia gana a España la batalla de la financiación de la interconexión submarina

Podría pagar hasta 900 millones por una infraestructura que costará 1.750 millones Las partes pedirán una subvención de 700 millones a la UE

Distribución de coste/beneficio del proyecto de la interconexión
Belén Trincado

Los reguladores energéticos de Francia y España, la Commission de Regulation de l’Energie (CRE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), respectivamente, han llegado a un acuerdo para el reparto de la financiación del futuro cable eléctrico submarino que conectará ambos países por el Golfo de Vizcaya. Un colosal proyecto de interconexión valorado en 1.750 millones de euros, con una longitud de 370 kilómetros, un 70% en territorio francés y un 30%, en el español.

 El acuerdo de financiación, al que ha tenido acceso CincoDías, se basa en los análisis coste/beneficio que supone la infraestructura para cada país, realizados por los operadores de los sistemas eléctricos español (REE) y francés (RTE). Como estos estiman que el mayor coste de inversión corresponde a Francia (un 68%, frente al 32% de España) y que, por el contrario, el 65% de los beneficios los obtendrá España y solo el 35%, Francia, los españoles deben asumir el grueso de la financiación.

En principio, y a la vista de que se va a solicitar a la Unión Europea que subvencione un 40% del proyecto (casi 700 millones de euros), los 1.056 millones restantes los asumen los dos promotores al 50%: en total, 528 millones cada uno. Francia no pondrá ni un euro más de esa cantidad y, según el acuerdo, hasta 350 millones de los que se obtengan de ayuda financiera de la UE se lo llevará RTE. Si es inferior, la CNMC y la CRE acordarán una revisión del reparto.

Por tanto, el coste total para la parte española va a depender de las ayudas que se reciban: 528 millones en el mejor de los casos (si la UE paga los 700 millones solicitados) y casi 900 millones, si el subsidio llega a los 350 millones que serían para Francia.

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Un acuerdo de urgencia

La cuestión es que raramente la UE otorga fondos estructurales de más del 20%-25% del coste del proyecto y, en el caso de que este sea muy elevado, hasta 400 millones. La primera gran interconexión por los Pirineos Orientales, que costó 720 millones, recibió más de 300 millones de Fondos Estructurales y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y el resto lo pagaron las empresas a medias a través de la sociedad Inelfe.

La CNMC ha tenido que negociar contrarreloj con la CRE, ya que de haber fracasado la negociación, habría decidido la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). Además, y lo que era más grave, el día 12 termina el plazo para solicitar los subsidios con cargo al Presupuesto de 2017 de la Connecting Europe Facility, una oportunidad que no puede desperdiciar ya que el próximo año compite con proyectos de interconexión de los países bálticos considerados estratégicos.

La tarifa subirá un 1,5%

El proyecto submarino, que permitirá a España aumentar su capacidad de interconexión hasta 5.000 MW (el objetivo de la UE es lograr un 10% de interconexión por países para lograr la integración), fue declarado de interés común en 2013 y 2015. El beneficio que proporciona a los dos países se ha calculado en función del ahorro de combustible y la seguridad de suministro. Asimismo se tiene en cuenta el llamado bienestar económico y social: la reducción de emisiones de CO2, la integración de energías renovables o los ahorros de costes al disminuir la energía generada por centrales de punta.

El análisis elaborado por REE y RTE, “revela que los costes y beneficios del proyecto están muy desequilibrados” entre los dos países. Un desequilibrio que se pretende compensar con los subsidios europeos. Al ser el proyecto “una parte fundamental de la política constructiva de la UE y que una parte importante de los beneficios estimados recaerán en el conjunto de Europa”, los reguladores “apoyan” la petición de una subvención de 700 millones.

Considerando un reparto al 50% de la inversión (descontada la ayuda), el informe estima que el impacto en las tarifas de acceso a las redes en Francia y España “será relativamente bajo”: un 1,2% y un 1,5%, respectivamente. Para Francia, la inversión en el nuevo cable eléctrico con España representa un 72% del total de inversión por interconexiones entre 2013 y 2016. En los próximos 10 años, estos proyectos supondrán un incremento de los peajes del 3,5%.

Francia da prioridad al cable directo con Irlanda

El 12 de octubre, a las cinco de la tarde, el plazo para solicitar subsidios con cargo al presupuesto de 2017 de la Connecting Europe Facility. Este año hay disponibles 800 millones de euros para infraestructuras de gas y electricidad, con prioridad para los proyectos de dimensión transfronteriza y/o que mejoren la seguridad del suministro. La carrera por las ayudas se promete reñida en una UE con un sector energético en plena transformación. Por ello, España teme perder la oportunidad y le corre prisa lograr este mismo año la ayuda para su nuevo cable con Francia.

En los próximos ejercicios, se espera que gran parte de las ayudas vayan a los países bálticos, que aún no han logrado su conexión a las redes europeas. Pero el proyecto del Golfo de Vizcaya se vería amenazado por el cambio de prioridades en Francia, que centra su interés en la conexión de su red con Irlanda, sin pasar por territorio de Reino Unido. El tendido de ese cable marino, cuya obra ya han anunciado París y Dublín, es una prioridad europea a raíz del brexit.

u De ahí la urgencia de España de firmar un pacto con Francia y evitar competir con los proyectos de Irlanda o los países bálticos. Sus prisas mal disimuladas le han llevado a firmar un acuerdo poco favorable.

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