El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la presentación del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras mediante colaboración público-privada, hoy en Moncloa.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la presentación del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras mediante colaboración público-privada, hoy en Moncloa. EFE

Fomento difiere hasta 2051 el pago del nuevo plan de carreteras

Las obras serán pagadas por las empresas y financiadas por el BEI y bancos

Afectará a 20 nuevos corredores de alta capacidad, a finalizar en 2021

El Gobierno empieza a hacer las paces con el castigado sector local de infraestructuras, en el que conviven algunas de los mayores constructoras y concesionarias del mundo, con el lanzamiento de un plan de 5.000 millones en carreteras. 

Las empresas sufragarán las obras e irán recuperando lo invertido a lo largo de 30 años de labores de mantenimiento. Esta iniciativa público-privada (PPP) se basa en el pago de la Administración por la disponibilidad en perfecto estado de revista de las nuevas carreteras, eludiendo el peaje directo a los usuarios.

El esperado Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) fue avanzado el viernes con toda la solemnidad posible, en el Salón de Tapices del Palacio de La Moncloa y ante una nutrida representación de las empresas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reservó el anuncio, acompañado de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y del titular de Fomento, Íñigo de la Serna.

La iniciativa contempla obras sobre más de 2.000 kilómetros de carretera repartidos en 20 corredores. Escuchaban en las primeras filas los presidentes de ACS, FCC y Globalvia, Florentino Pérez, Esther Alcocer y Juan Béjar, respectivamente. También acudieron los consejeros delegados de Ferrovial y OHL, Íñigo Meirás y Tomás García Madrid, o los responsables de las patronales del ramo como Seopan, Anci y la CNC, entre otros.
Pagos anuales

Fomento soportará alrededor de 350 millones de euros cada año, y a lo largo de 30, por las vías una vez estén concluidas las obras. Es el llamado pago por disponibilidad, un modelo que Rajoy dijo traer de otros países europeos, pero que ya funciona en España en proyectos como la mejora de las autovías de primera generación.

El 20% de cada actuación deberá ser aportado mediante los recursos propios de la compañía o UTE adjudicataria. El restante 80% del coste se financiará a partes iguales entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entidades financieras privadas.

Al respaldo del banco público europeo se suma la posibilidad de captar recursos del Plan de Inversiones para Europa o Plan Juncker. El Gobierno ya ha presentado la iniciativa a la Comisión Europea y ha recibido su bendición. Pero cada paso deberá contar con el visto bueno del banco con sede en Luxemburgo.

Por esta última razón, las infraestructuras previstas han de tener un sentido estratégico para la Unión Europea. El coste de esos créditos blandos paras las empresas se prevé en euríbor más 0,75 puntos. Respecto a la financiación privada, las compañías tendrán libertad para trabajar con bancos o fondos de infraestructuras, y desde Fomento se cree que no tendrán problemas para encontrar recursos en un contexto de fuerte liquidez en el mercado.

Sin embargo, tanto la banca como los fondos van a estudiar hasta la última coma del plan para evitar fiascos como la citada liquidación de las radiales o la rebaja de las primas a las renovables. Durante los últimos años, las entidades extranjeras han mantenido litigios con el Estado por estos asuntos, poniendo en duda la seguridad jurídica del país.

Riesgo para las empresas

Desde el Ejecutivo se insiste en que todo el riesgo (principalmente el de financiación y posibles sobrecostes, no el de tráfico) lo asumen las compañías y en que no existen mecanismos de rescate, como sí sucede en las autopistas de peaje en operación.
El acumulado de los 350 millones anuales durante tres décadas arroja un coste público de 10.500 millones. Una cifra que pretende cubrir los 5.000 millones de la inversión inicial, un rendimiento sobre esa aportación inicial y el coste de mantenimiento.

Gracias a esta iniciativa se crearán 48.000 empleos directos, 30.000 indirectos y 72.000 inducidos, según aseguró el propio Rajoy en la presentación. Mientras que en la fase de mantenimientos se requerirán 12.000 directos, 8.000 indirectos y 19.200 inducidos. En total 189.200 empleos, con los cálculos del Ejecutivo.
Rajoy hizo hincapié en que este modelo no tendrá efecto sobre el actual objetivo de reducción de déficit, debido a que el coste se pagará anualmente a partir de 2021. Según los cálculos del Gobierno, la factura anual de 350 millones supone un 20% del actual presupuesto que Fomento dedica a carreteras.

El Ejecutivo esperará a septiembre para presentar el paquete de obras concretas que se acometerán a través de este plan, dándose por descontado que se priorizarán actuaciones ya planificadas y cuya ejecución tuvo que ser congelada por las exigencias de la consolidación fiscal.

“Tenemos unas magníficas infraestructuras y queremos seguir mejorándolas, implicando en ello a la iniciativa privada, mirando a Europa y manteniendo el compromiso con el objetivo de déficit”, aseveró Rajoy. “Además, este plan será un potente motor de crecimiento económico, impulso a la competitividad, la cohesión territorial, la seguridad vial y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos”, subrayó. Desde Fomento se destaca que el sector de la construcción es el último que se está incorporando a la recuperación, por eso, creen que esta iniciativa va a servir como tractora de actividad.

El presidente del Gobierno también comentó que el ya conocido como PIC irá destinado a obras de gran envergadura, a la mejora de conexiones, uniones entre vías y carreteras más antiguas. Y todas estas actuaciones deberán tener un sentido estratégico transeuropeo.
Además, las obras elegidas para el plan tendrán que pasar un examen de viabilidad económica y el pago que la Administración comprometerá con las constructoras estará condicionado a que la vía presente un correcto mantenimiento, que se medirá “mensualmente por unos concretos y estrictos parámetros”.

La licitación de obra pública marcó en 2016 uno de sus volúmenes más bajos de la historia reciente, con 9.300 millones. De hecho, actualmente está sostenida por los proyectos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, dado el desplome que presenta Fomento.

 Satisfacción en Seopan

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, calificó como "muy positivo" el plan extraordinario de carreteras anunciado hoy por el presidente del Gobierno y ha destacado la fórmula de ejecución empleada.

Núñez explicó que el plan se desarrollará mediante contratos de concesión por disponibilidad, que, según su criterio, "tienen la ventaja añadida de que no incidirá de forma negativa" en el déficit público porque las inversiones "serán financiadas íntegramente" por las empresas.

Para el presidente de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, este plan supone "el inicio de la recuperación de un sector vital para la modernización y desarrollo económico, como es el de las infraestructuras públicas".

Añadió que el nivel de inversión en estas infraestructuras "ha caído a menos de la mitad durante los años de crisis", y ha subrayado que "señala el camino a seguir" por parte de las restantes Administraciones inversoras.

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