Las autonomías denuncian que el bono social vulnera sus competencias

Alegan ante la CNMC que sus ayudas a usuarios vulnerables no pueden ir a las eléctricas

Consideran que la regulación del bono afecta a sus presupuestos

Pobreza energética
Facturas de energía.

Las responsabilidades que el Gobierno de Mariano Rajoy ha atribuido a las comunidades autónomas tanto en la financiación y gestión de la pobreza energética, ha sido duramente contestada por los gobiernos regionales en el consejo consultivo de la electricidad de la CNMC, al que ha tenido acceso Cinco Días. El informe de este organismo supervisor sobre el real decreto que regula el consumidor vulnerable, el bono social y las condiciones para el corte de suministro a los domésticos y pymes, recoge las críticas de distintas comunidades, cuyo nombre no identifica la CNMC.

Una de ellas hace referencia a uno de los muchos tipos de consumidores vulnerables que establece la nueva regulación: el que se encuentra en riesgo de exclusión social. Se considerará tal “el que esté atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que financie el 50% de su factura”. Este consumo se considerará esencial y no podrá ser suspendido, si bien, la comercializadora cobrará este impago de un fondo financiado por las comunidades autónomas y por todas las comercializadoras eléctricas .

Según alega una comunidad, los fondos con los que se pagan las facturas de dichos usuarios, cofinanciados por los ayuntamientos y los gobiernos regionales, se destinan a las necesidades básicas de subsistencia de ciudadanos vulnerables, pero, de ningún modo “podrán destinarse directamente a compañías eléctricas, aunque su destino último sea el pago de sus consumos”.

Otra autonomía critica que la definición de consumidor en riesgo de exclusión se condicione a que un tercero le esté pagando su suministro, cuando debería vincularse a determinadas condiciones socioeconómicas de ámbito nacional, para que no sea discriminatorio. Por contra, otras comunidades autónomas señalan que la propuesta de real decreto “supone una clara vulneración por parte del Estado, al regular aspectos que son competencia exclusiva de la CC AA en materia de asistencia social”.

En cuanto a que la norma no tiene impacto presupuestario, otras comunidades niegan la mayor, al alegar que sí impactará en sus cuentas anuales, “por la obligación de la cofinanciación que deben realizar”. Por otro lado, opinan que el estado dejará de percibir impuestos, ya que la comercializadora de referencia “realiza una factura inferior” a las del mercado libre.

Muchas comunidades autónomas advirtieron ya hace meses su intención de recurrir la nueva normativa del bono social y estas críticas apuntan ya hacia esta vía.

En cuanto al supervisor, este alerta sobre la responsabilidad del comercializador de asumir situaciones d impago, que ahora no existe en la regulación actual. También de la dificultad de aplicar la medida sobre cortes, pues los comercializadores no tienen posibilidad de comprobar si un consumidor es vulnerable o no.

 

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