La UE agiliza los arbitrajes para evitar la doble imposición
Los Estados tendrán un plazo de dos años para resolver las reclamaciones de los contribuyentes Bruselas calcula que hay más de 900 expedientes pendientes, con 10.500 millones de euros en juego.
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) han pactado hoy el texto definitivo de la directiva sobre conflictos de doble imposición, una norma que aspira a agilizar la resolución de las disputas transfronterizas entre contribuyentes y autoridades de hacienda.
La nueva norma exigirá a partir del 1 de julio de 2019 el establecimiento de mecanismos de resolución con carácter vinculante y que operen con plazos fijos. La directiva también amplia el ámbito de aplicación, para que puedan pedir el arbitraje tanto empresas como particulares.
“Se trata de un proyecto muy importante”, señaló el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, tras la reunión del Ecofin en Bruselas que dio el visto bueno a la norma.
Dombrovskis señaló que “las disputas fiscales son un serio impedimento para la inversión transfronteriza y la Comisión se había marcado como prioridad suprimir esa barrera”.
La Comisión Europea calcula que en la actualidad hay más de 900 conflictos pendientes sólo en relación con el impuesto de sociedades, con unas cantidades en juego que suman 10.500 millones de euros.
Bruselas teme que el número de conflictos siga creciendo y alcance los 1.700 en 2020. Y el problema podría ser aun mayor, porque, según la CE, el 25% de los contribuyentes afectados por una doble imposición no reclaman el reembolso a ninguna de las administraciones involucradas.
Bruselas presentó el proyecto de directiva en octubre del año pasado. Y el texto, que requería la unanimidad de los 28 ministros de Economía, ha quedado listo para su aprobación en sólo siete meses. Ahora sólo necesitará el dictamen consultivo del Parlamento Europeo para su entrada en vigor.
La norma permitirá al contribuyente, cuando se considere gravado por el mismo concepto en dos países, iniciar un “procedimiento de mutuo acuerdo”. Las autoridades de los dos países dispondrán de un plazo de dos años para resolver entre sí la disputa.
Si la negociación fracasa, se pondrá en marcha un arbitraje transfronterizo, con un panel formado por entre tres y cinco árbitros independientes y hasta dos árbitros designados por cada país en conflicto.
La resolución del panel será vinculante para las autoridades nacionales y en caso de no ejecución se podrá recurrir a la justicia.
Dombrovskis destacó la transparencia que supondrá la nueva norma porque “los Estados no sólo estarán obligados a resolver los conflictos, sino que deberán también hacerlos públicos.”
La directiva forma parte, sin embargo, de un plan de reforma fiscal más ambicioso, que aspira incluso a la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades. Y en ese capítulo trascendental, los avances han sido muy escasos y el Ecofin de ayer sólo sirvió para constatar las tremendas diferencias que separan todavía a unos países de otros.
La CE, consciente de la dificultad del proyecto, había propuesto limitarse en una primera fase a pactar el método de cálculo de la base imponible. Pero de momento no hay visos de acuerdo.
La inversión no remonta
Endémico. Todos los flujos de capital se mantienen en la UE por debajo del nivel previo a la crisis, según un informe debatido ayer por el Ecofin en Bruselas. “Ocho años después del comienzo de la crisis, empieza a ser cada vez más difícil sostener que la bajada de los flujos no es más que una caída temporal”, alerta el documento del Comité Económico y Financiero de la UE.
Tarea. “El informe muestra que hay mucho por hacer para apoyar la recuperación económica y atraer inveersión a la UE”, reconoció el vicepresidente e la CE, Valdis Dombrovskis.