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Fachada de la sede del Tribunal Constitucional. EFE/Archivo EFE

El estado de la transparencia en la administración de justicia

El compromiso de las instituciones con el acceso a la información es muy elevado

El CGPJ lidera todos los rankings, seguido por el Tribunal Constitucional

Una de las preocupaciones de la sociedad y de las instituciones que más ha crecido en los últimos años es la transparencia, tanto en el sector público como en el privado. De esta preocupación deriva la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LAITBG), entre cuyos mandatos se encuentra la elaboración de una memoria anual sobre la transparencia en entes públicos y de empresas que reciben subvenciones públicas. La primera de estas memorias, publicada el mes pasado, pone nota a los denominados por la ley “órganos constitucionales y de relevancia constitucional”. En el sector jurídico, las instituciones evaluadas han sido el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General del Estado.

En general, la administración de justicia está de enhorabuena por las buenas notas recibidas, sobre todo en aquella información que se debe publicar de manera obligatoria, es decir, por mandato de ley. Aquí encabeza el ranking de todos los organismos analizados el Tribunal Constitucional, seguido muy de cerca por el CGPJ. El primero obtiene un 9,83 sobre 10, mientras que el segundo tiene un 9,70. Tras ellos, en el octavo puesto se sitúa el Tribunal de Cuentas con un 9,27. Al final de la tabla, en el penúltimo puesto, la Fiscalía General de Estado obtiene un 5,66, muy lejos de los demás y de la nota media de cumplimiento obligatorio de los entes analizados, que se sitúa en un 8,50.

En cuanto a la publicidad de información voluntaria, las notas son más bajas y más dispares. Lo evaluado en este caso es la disponibilidad de aquella información que no tiene que ser publicada por obligación legal y que las entidades ofrecen. La media, en este caso, es 5,30, un aprobado justo. Esto implica que las diferencias entre unos y otros son muy marcadas. El CGPJ consigue ser el mejor del ranking general, con un 9,29. Tenemos que ir al octavo puesto para encontrar al Constitucional, con un 5,60, seguido del Tribunal de Cuentas con un 5,45. Suspensos y lejos de la media está el otro organismo de la administración de justicia: la Fiscalía, con un 3,75 en el décimo puesto.

El CGPJ como referente

Estas notas son el resultado de la evaluación de varias actividades de publicidad que realizan las distintas administraciones. Aquella que debe ser publicada de manera obligatoria está recogida en las leyes y es, por tanto, reconocida y reconocible. En esta materia, observa el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cumplimiento de obligaciones de transparencia muy elevado. Destaca aquí el Tribunal Constitucional, cuya página web es alabada por la “claridad y accesibilidad”, con la información sobre organización, presupuestos, estadísticas y contratación “muy bien organizada y sistematizada”. El CGPJ, por su parte, solo recibe elogios, sobre todo en lo que concierne al Portal de Transparencia, con información “detallada y exhaustiva”. Además, el CGPJ ha modificado aquellas cuestiones que Transparencia entendía podían ser presentadas de manera más clara, para una mejora de la publicidad.

Respecto a la publicidad voluntaria que realizan los entes, que se materializa en la puesta a disposición de los ciudadanos de información que no es obligatorio publicar, la memoria destaca el “gran compromiso” de todos en general, así como la “excelencia” de algunos en particular. Aquí es donde el CGPJ se posiciona como referente, lo que “muestra una incorporación de la transparencia como un principio básico de actuación del CGPJ, más allá del mero cumplimiento de una obligación legal”. La agenda del presidente, los bienes patrimoniales del CGPJ, las memorias e informes o los procesos selectivos de nombramientos discrecionales son algunas de las cuestiones que comparten en la web, sirviendo además de enlace a los portales del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.

Publicación de agendas

El batacazo de la Fiscalía General del Estado en materia de publicidad voluntaria encuentra justificación en la prácticamente inexistente información más allá de la que por ley está obligada a presentar. Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho y Secretaria en la Administración Local, pone el foco en la “asimetría de resultados obtenidos en aquello que es obligatorio y lo que es voluntario”. El informe resalta las carencias en materia de publicación de la agenda que, si bien la página web da la posibilidad de consultarla, no contiene información.

Casi todos los organismos fallan en la publicación de las agendas de sus altos cargos. El 28 de abril el CTBG ha publicado una recomendación donde recoge, además de la importancia de publicar esta información, cuál debe ser el contenido de la “agenda para la transparencia”, que incluye además de las visitas, viajes oficiales y actos y eventos institucionales, todas las reuniones mantenidas en el ejercicio de las funciones públicas. Esto ayuda a la rendición de cuentas en un panorama cada vez más suspicaz con la actividad pública en la administración. Campos Acuña coincide con la necesidad y añade como nota de relevancia la “opacidad” que encontramos en este tipo de cuestiones, lo que “genera alarma social, con la creencia popular de que todos los poderes públicos son corruptos”.

El primer informe de transparencia

Por mandato de la Ley de Transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) debe elaborar una memoria anual que se presenta antes las Cortes Generales. Esta memoria o informe, que se ha realizado por primera vez, ha contado con una metodología de nueva creación, específica para la medición de la transparencia.

MESTA: en colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), el CGTB ha construido un sistema de medición de la transparencia al que ha denominado Metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia en la Administración (MESTA).

Características: se trata de un sistema propio, público, independiente y gratuito, que se empleará de ahora en adelante para realizar las sucesivas mediciones. Destaca la posibilidad de realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa, concretamente creada bajo las directrices de la Ley de Transparencia. Esto convierte a MESTA en la mejor herramienta para medir la transparencia según esta ley.

Aplicación: no solo se puede aplicar a los organismos directamente obligados por la ley al cumplimiento de las directrices de transparencia. También puede aplicarse a las Administraciones Territoriales y a los sujetos privados obligados. Como se puede adaptar, puede incluir exigencias de las leyes autonómicas y de las ordenanzas principales.

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