Administración

Hacienda cifra en 1.200 millones la jornada de 35 horas en el sector público

El Gobierno aún no ha planteado una propuesta concreta de negociación

Solo Asturias y Andalucía tenían esta jornada antes de 2012, cuando se impidió

Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, junto a Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública.
Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, junto a Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha cuantificado hoy lo que costaría la petición sindical de permitir implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración Pública. En concreto fijar esta jornada como normativa básica que permitiera a todas las administraciones adoptar este recorte de horarios se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.

Así lo ha señalado Collado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de 2017 de su departamento, en la que ha indicado que habría un “problema de sostenibilidad” en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien “de todo se puede hablar”.

En declaraciones a los periodistas al término de su comparecencia, Collado ha explicado que ya se está hablando con las organizaciones sindicales más representativas (CC.OO., UGT y CSIF) sobre la posible implantación de las 35 horas, así como del resto de reivindicaciones, de forma que durante la legislatura se puedan alcanzar acuerdos como el suscrito en materia de empleo público. Si bien, fuentes sindicales aseguran que aún no existe ninguna propuesta en firme de Hacienda sobre este asunto.

En cualquier caso Collado ha precisado que “no se trataría de una recuperación de un derecho”, ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas (Asturias y Andalucía).

Otras cinco regiones cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. “Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos”, ha insistido Collado, quien ha añadido que en el resto de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos “se lo está pensando”, mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas.

Precisamente Andalucía comenzó a aplicar en enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un “mecanismo de entendimiento” que si no culmina con éxito, llevará al Estado a presentar un recurso de constitucionalidad.

Recuperación salarial en 2018

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública espera la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para sentarse a negociar las cuentas de 2018, en las que prevé que se pueda aprobar una subida salarial superior al 1% para los empleados públicos.

Así lo ha resaltado Collado, en declaraciones a los periodistas tras comparecer en la Comisión de Presupuestos del Congreso, en las que ha indicado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio “expectativas” y “muy buenas perspectivas de crecimiento económico” en la firma del acuerdo por el empleo público el pasado 29 de marzo que “podrían apoyar una subida salarial mayor” a la de este año, fijada en el 1%.

Por su parte, los sindicatos reclaman la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del 5% que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento del 1% en los Presupuestos de 2016.

De hecho, desde la oposición se ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios durante la comparecencia de Collado. La diputada socialista María Jesús Serrano ha recordado que los empleados públicos perdieron un 0,5% de poder adquisitivo el año pasado, ya que la subida salarial fue del 1%, con un IPC del 1,5%.

Serrano ha advertido también de que la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos será “peor” este año, ya que la inflación prevista es del 2,2%, con una subida igualmente del 1%.

 

 

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