Las empresas públicas reducen su pasivo un 7% en 2016

Renfe Operadora y Aena ajustan en 2016 su pasivo un 13,7% y un 12,2% La deuda de Adif se ha cuadruplicado desde 2008 y llegará a 17.660 millones este año

Alejandro Meraviglia

Las empresas ligadas a las administraciones públicas han seguido el ejemplo de las que pertenecen al sector privado. Estas últimas ahondaron aún más en su política de desendeudamiento, iniciada en 2008, y cerraron el pasado ejercicio con un pasivo de 907.217 millones de euros, según el Banco de España, lo que supone un recorte del 28,1% respecto a las cifras precrisis o un ajuste de 354.000 millones desde el inicio de la crisis. Desde 2009, las sociedades no financieras fueron reduciendo año a año su endeudamiento de forma seguida.

Las empresas públicas, sin embargo, empezaron dos años más tarde. En concreto, el pasivo de estas compañías era de 35.469 millones de euros en 2008 y creció con fuerza en los tres siguientes ejercicios hasta alcanzar techo en 2011, con 49.188 millones. Desde esa fecha encadenó cinco años consecutivos de bajada hasta cerrar el pasado ejercicio con un pasivo de 39.831 millones, lo que supone un ajuste del 19% en términos relativos o de 9.357 millones de euros en términos absolutos. Solo en el último ejercicio, el pasivo se ha reducido un 7%, lo que ha supuesto una bajada de 3.491 millones.

El ritmo de desendeudamiento de las empresas públicas ha sido diferente por administraciones e incluso entre las propias compañías ligadas a una misma administración. El 77,5% del pasivo de estas empresas pertenece a las ligadas al Estado y entre ellas sobresale Adif, con una deuda de 14.491 millones al cierre de 2016. Este importe supone el 39,5% del total del pasivo de las empresas públicas. En 2008, la deuda del gestor de infraestructuras ferroviarias era de 4.080 millones; ocho años después casi se ha multiplicado por cuatro hasta rozar los 14.500 millones. En ese incremento exponencial ha tenido un peso determinante el despliegue de la red de alta velocidad en España.

De hecho, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 contemplan un aumento del techo del pasivo de Adif en 2.200 millones adicionales (aquí se incluye todos los compromisos financieros y no financieros) hasta los 17.660 millones para reactivar las citadas infraestructuras y así poder cumplir las obligaciones que se ha impuesto Fomento para los próximos años. Entre ellos contempla finalizar las infraestructuras que llevaran el AVE a Asturias, Galicia, Burgos y Extremadura o la puesta en marcha del que conectará Santander con el resto de la red de alta velocidad.

En el otro lado se sitúa Enaire, la matriz de Aena, que ha pasado de un pasivo financiero de 9.864 millones al cierre de 2015 a otro de 8.662 millones doce meses después (un 12,2% menos), según los datos actualizados del Banco de España. El operador aeroportuario empezó a amortizar deuda en 2011, en el que el pasivo escaló a 12.508 millones, y ha encadenado cuatro ejercicios consecutivos de ajuste.

En la presentación de resultados del pasado ejercicio, Aena, el grupo presidido por José Manuel Vargas, reconocía una deuda financiera neta de 8.228 millones y una ratio respecto a Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones) de 3,6 veces frente a las 4,5 de 2015. Durante el pasado ejercicio amortizó deuda por 1.172 millones, no emitió nueva y el calendario de vencimientos de pasivo para los próximos ejercicios es menos exigente, con pagos anuales que no superan los 800 millones hasta 2021. De hecho, las cuentas públicas para 2017 auguran que el grupo Enaire cerrará con un endeudamiento global de 8.595 millones, lo que supondría otro ejercicio consecutivo de desapalancamiento frente a la deuda global de 10.060 con la que cerró 2016.

Otra compañía pública que ha corregido su posición financiera ha sido Renfe Operadora, que ha rebajado su deuda financiera por quinto año consecutivo hasta los 4.067 millones de euros. Solo en 2016, el endeudamiento cayó en 642 millones de euros, un 13,7% menos. Para este ejercicio, los Presupuestos Generales del Estado prevén que el pasivo global (incluye también deuda comercial) será de 5.128 millones frente a los 5.713 con los que cerró un ejercicio ante un año antes.

Menos deuda autonómica

También la deuda de las empresas públicas ligadas a las comunidades autónomas ha experimentado un profundo ajuste desde que tocó máximos históricos en 2009, con 11.366 millones, lo que suponía un 26% del total del pasivo del sector empresarial público.

Esa cifra se ha reducido a menos de la mitad en 2016 (4.592 millones) y el porcentaje sobre el total ha bajado hasta un 11,5%. Y el principal responsable de ese abrupto ajuste es Cataluña, cuyas empresas públicas soportaban la mitad del endeudamiento de las compañías ligadas a la administración autonómica, con 5.660 millones. Siete años de ajuste, la crisis y los recortes aplicados para tratar de cumplir con el déficit (Cataluña no logró acercarse al objetivo en ninguno de los cinco años de Gobierno de Rajoy) la han llevado a 2.092 millones. Pese a ello, ese importe sigue suponiendo un 45,5% del total.

Una dinámica radicalmente contraria a la vivida por Madrid, la segunda autonomía con más pasivo entre sus empresas públicas. Al cierre del pasado ejercicio estas debían 1.854 millones de euros (un 40,3% del total autonómico). Mientras que la de Cataluña se ha reducido a la mitad durante la crisis, la de Madrid se ha duplicado en el mismo período.

Madrid es una excepción en el comportamiento de las autonomías, que mayoritariamente han optado por reducir la deuda de sus empresas públicas. Los casos más paradigmáticos son Comunidad Valenciana, País Vasco y Castilla-La Mancha. La comunidad presidida por Ximo Puig pasó de un pasivo entre sus las empresas públicas de 1.408 millones en 2007 a 2 millones al cierre de 2016, mientras que en el País Vasco la reducción en el mismo período fue de 533 millones de euros (de 538 a 5 millones) y en Castilla-La Mancha de 635 millones (de 635 a 0 millones).

Pública y privada

La deuda privada en España ha evolucionado de forma diferente que la pública. Empresas, familias y administraciones públicas debían 2,72 billones de euros a finales de 2016. En 2008, la deuda de los tres colectivossumaba 2,60 billones de euros, lo que arroja un incremento del 4,6% en el citado período.

Sin embargo, la evolución del pasivo ha sido radicalmente diferente entre los colectivos citados con anterioridad. El mayor ajuste lo han acometido las sociedades no financieras, que han pasado de una deuda financiera de 1,26 billones a 907.217 millones, un ajuste del 28,1% o de 353.888 millones, seguidas por las familias, con un recorte de 195.498 millones menos o un ajuste del 21,6%. En el otro lado aparecen las administraciones públicas, cuyo pasivo ha crecido un 151% o 666.331 millones.

Otros datos

Amadeus y Abertis, las que más crecen. Entre las compañías que componen el Ibex 35, Amadeus y Abertis fueron las que más incrementaron su pasivo el pasado ejercicio. El proveedor de servicios tecnológicos para empresas turísticas situó su deuda financiera neta en 1.957 millones, con un incremento del 21,5. Por su parte, el primer operador mundial de autopistas cerró con un pasivo de 14.337 millones, un 14,2% más que en el ejercicio anterior. En el otro lado se situaron ACS, Arcelor Mittal y Meliá, con ajustes de la deuda por encima del 30%. El más importante fue el acometido por el grupo presidido por Florentino Pérez que dejó el pasivo en 1.214 millones, lo que supuso un ajuste del 53,7% en un año. El recorte se amplía al 75,4% si se mide desde 2012. El Estado es el acreedor del 63% del pasivo regional. En 2007, el Estado tenía en sus manos 17.169 millones en deuda autonómica, un 29% del total. Esa cifra se mantuvo inamovible hasta 2012, cuando se pusieron en marcha programas como el plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica para dar liquidez a las autonomías para pagar a sus proveedores. Cinco años después, la cifra se ha multiplicado por diez (172.930 al cierre de 2016), lo que supone un 63% del pasivo regional. La vivienda hipoteca a los hogares. Al cierre de 2008, las familias españolas debían 908.160 millones de euros, de los que 678.448 millones (un 74,7% del total) eran préstamos para vivienda. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica provocó una recomposición de la posición financiera de las familias. Al cierre de 2016 debían 708.302 millones (un 22% menos) y los préstamos para vivienda bajaron un 20,2%.