Airbnb carga contra Baleares y le acusa de proteger a los hoteles
El proyecto de ley impide el alquiler de pisos de menos de cinco años de antigüedad Las comunidades de vecinos podrán vetar el alquiler por mayoría simple
El proyecto de ley del alquiler turístico en Baleares no ha dejado contento ni a los hoteles ni a las plataformas web que alojan anuncios de particulares. Este proyecto establece que las comunidades de vecinos podrán vetar alquileres de pisos turísticos por mayoría simple, que no se podrán alquilar pisos con una antigüedad inferior a cinco años y que todas aquellas viviendas que se alquilen deben estar inscritas en un registro oficial. En caso contrario se exponen a multas que pueden llegar a los 40.000 euros.
Airbnb ha emitido esta mañana un comunicado en el que arremete contra el Ejecutivo presidido por Francina Armengol, ya que considera que la ley "protegerá aún más a los hoteles, en contra de los residentes locales". La plataforma web apunta a que no se puede tratar por igual a un ciudadano que quiere alquilar una vivienda particular o a un hotel. "Se tratará a los ciudadanos que comparten sus casas de la misma marea que como si fueran un hotel, sin tener en cuenta que hay una gran diferencia entre compartir un espacio de la propia casa o el hogar y gestionar un hotel. Los ciudadanos que comparten su casa son los primeros interesados en que se respete el entorno y la convivencia con los vecinos”, resalta el comunicado.
Para la plataforma, la norma no distingue entre entre operadores profesionales y no profesionales, tal y como se ha hecho en otros destinos competidores como Grecia, con lo que las familias “que, de vez en cuando, comparten sus hogares serán tratadas como operadores comerciales y sujetas a reglas arcaicas escritas para una industria diferente, incluyendo un complejo sistema de zonificación y registro que dañará a las familias de clase media”. La nueva ley balear ofrece potestad a los ayuntamientos para determinar en que zonas puede haber alquileres turísticos (estará prohibido en aquellas en las que haya un exceso de demanda) y establece como requisito obligatorio que la vivienda esta censada con un número de registro. Palma de Mallorca ha sido el primer consistorio que ya ha anunciado que no permitirá el alquiler turístico a partir del verano.
También explica que “ignora las recomendaciones de los expertos en el ámbito de la regulación de la economía colaborativa” y “deja de lado el llamamiento de la Comisión Europea para regular de manera adecuada la economía colaborativa, ignora los informes de las autoridades de la Competencia que piden nuevas regulaciones que aumentan las oportunidades económicas para las personas o los ciudadanos y el compromiso del Govern que justifica esta normativa como iniciativa para ayudar a los ciudadanos a beneficiarse del turismo”.
Airbnb considera que la ley balear ignora las recomendaciones de la Comisión Europea y de las autoridades españolas de Competencia. Así apunta que la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia apuntó en un informe hace un año que España debía adoptar la economía compartida e introducir nuevas regulaciones "que den más poder a los consumidores".