Banca

Bufetes de EE UU se preparan para demandar a Popular

Inician el estudio de demandas colectivas por los ajustes de 2016

Los accionistas pierden el 34% desde la ampliación de mayo

La amenaza que pesaba sobre banco Popular de que sus accionistas acudiesen a los tribunales ante la intensa pérdida de valor tras la última ampliación de capital ha empezado a materializarse. Varios bufetes estadounidenses han anunciado que están estudiando acciones legales contra el banco español después de que ayer se conocieran desajustes de casi 700 millones de euros en las cuentas de 2016, de los que al menos 200 millones tienen que ver con créditos que se concedieron con la única finalidad de acudir a la ampliación de capital realizada en mayo y que ahora tendrán que restarse de los recursos propios del banco.

La disposición de los bufetes estadounidenses a emprender demandas colectivas contra Popular no se ha hecho esperar, en un país donde la denuncia ante los tribunales es práctica habitual. Popular está inmerso en una nueva crisis que ayer le hizo cae en Bolsa el 10,44%, un derrumbe provocado por el anuncio de desajustes contables que si bien no van a obligar a reformular las cuentas sí requerirán nuevas provisiones que lastrarán los resultados del primer semestre, además de un nuevo impacto en capital, que deja el banco muy cerca del mínimo requerido por el regulador. Así, el capital total quedará entre el 11,7% y el 11,85%, próximo al 11,375% que el BCE marca a Banco Popular.

Uno de los bufetes que ha comunicado su disposición de defender a los accionistas de Popular que quieran acudir a los tribunales es Pomerantz Law Firm, una poderosa firma presente en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Florida y que ya se ha hecho cargo de la defensa del accionista en escándalos como el de Petrobras y ha presentado demandas contra Barclays, Fiat o Deutsche Bank. En un comunicado recogido por Reuters, Pomerantz señala que está investigando quejas de inversores en Banco Popular y da el contacto a los accionistas que quieran sumarse a una demanda colectiva.

Rosen Law Firm es otro de los bufetes que ofrece sus servicios y señala que también está investigando demandas potenciales en nombre de accionistas de Banco Popular. “Rosen Law está preparando una demanda colectiva para recuperar las pérdidas sufridas por los accionistas de banco Popular”, añade en un comunicado. Y argumenta que, con fecha de ayer, el banco ha relevado una auditoría interna que identifica deficiencias relativas a la ampliación de capital de mayo de 2016, al tiempo que anunció la dimisión del consejero delegado Pedro Larena. Otro de los bufetes que afirma estar investigando a Popular es Khang & Khang por “posible violación de las leyes federales del mercado de valores”.

El descontento de los accionistas de Banco Popular ya se hizo bien patente en la junta de accionistas de la entidad del pasado 20 de febrero, en la que se formalizó la salida de Ángel Ron y el cambio en el consejo de administración que permitió la llegada a la presidencia de Emilio Saracho. Aunque por el momento los accionistas españoles no han llegado a movilizarse para demandar al banco.

Popular acumula una caída en lo que va de año superior al 11% y se desploma más del 34% desde la ampliación de mayo pasado, por 2.500 millones de euros, cuando las nuevas acciones se emitieron a un precio de 1,25 euros.

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