X
Privacidad y Cookies

Utilizamos Cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio y experiencia de usuario.

¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?

Sentencia »

La justicia vasca tumba la jornada de 35 horas a sus funcionarios

Si se recuperara en todas las administraciones, sería necesaria la contratación de 214.000 empleados y su coste sería de 6.500 millones de euros.

El lehendakari Íñigo Urkullu

El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy aprobó el 13 de julio de 2012 un real decreto para garantizar la estabilidad presupuestaria y una de las medidas más novedosas fue ampliar la jornada de trabajo del sector público estatal en 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Esa misma norma se dictó para suprimir la paga extra de navidad a los funcionarios, fijar descuentos salariales por bajas médicas y limitar a tres los días de libre disposición. Posteriormente, todas las medidas se han corregido, parcial o totalmente, excepto en el caso de la jornada de 37,5 horas.

Y parece que no habrá cambios en el futuro, a tenor de los diversos pronunciamientos de la justicia ante los recursos del Ejecutivo central contra las normas autonómicas que rebajan a 35 horas la jornada laboral de sus funcionarios. La última sentencia, dictada ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, anula el decreto del Gobierno vasco, en vigor desde el pasado mes de febrero, que recuperó las 35 horas semanales para los funcionarios autonómicos.

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo se establece que mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar una jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo de los funcionarios vascos. “Solo una norma de igual rango puede modificar esta situación”, apunta. La resolución también recuerda que la jornada de 35 horas incrementa el gasto público debido a que hace necesaria la contratación de personal para cubrir turnos y el pago de horas extras, lo que afecta, a su vez, a la estabilidad presupuestaria al implicar un gasto superior al permitido para 2016 a las administraciones públicas.

CASTILLA-LA MANCHA

El País Vasco lidera, junto a los Gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Andalucía, la pugna para tratar de recuperar la jornada de 35 horas. El Ejecutivo presidido por Emiliano García Page promulgó una ley autonómica que fijaba la anulación de las 37,5 horas. De este modo, los 700.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha dispusieron de una jornada de 35 horas desde el 1 de enero hasta el 6 de mayo de 2016, fecha en la que el Tribunal Constitucional estableció la suspensión cautelar. Finalmente, este tribunal dictó el 22 de septiembre la inconstitucionalidad y la nulidad de la norma aprobada.

ANDALUCÍA

El 16 de enero de 2017 es la fecha prevista por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, para la entrada en vigor de una norma autonómica que devuelve el horario de 35 horas a los empleados públicos. “Lo vamos a ejecutar, espero que no lo recurran, iremos a todas las reuniones que hagan falta pero que no nos distraigan porque ya estamos trabajando para que se pueda poner en marcha”, señaló Díaz en una entrevista a Canal Sur Radio el pasado viernes. La experiencia en Castilla-La Mancha y País Vasco apunta a que será recurrida por el Ejecutivo central y que podría ser suspendida igualmente de forma cautelar.

Además de la prevalencia de la norma estatal frente a la autonómica, el otro argumento defendido por el Ejecutivo central es el aumento del gasto público. Para pasar de una jornada de 37,5 horas a otra de 35 horas se requeriría elevar la plantilla de las administraciones en 214.000 trabajadores y el coste de mantenerlas supondría un gasto extra anual de 6.550 millones de euros, según cálculos oficiales.

CASTILLA Y LEÓN

Es la única autonomía del mismo signo político que el Ejecutivo central que se ha pronunciado a favor de la recuperación de la jornada de 35 horas para sus empleados públicos. De hecho, firmó antes del verano un acuerdo marco con las principales organizaciones de trabajadores para la recuperación de derechos en el primer trimestre de 2017. El pacto, sin embargo, está en punto muerto, ya que incluye una cláusula en la que determina que no se adoptará una decisión definitiva que vaya en contra de lo que se decida desde Madrid.

Archivado en:

Outbrain