Los usuarios de las ‘black’ han devuelto 4,3 millones de los 12 que gastaron
El fiscal solo atenuará las penas a los 18 que pagaron antes del inicio del juicio
Casi la mitad de los acusados en el juicio de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia han devuelto, o puesto a disposición de la Justicia, todo o parte del dinero que cargaron a estas visas opacas al fisco.
En concreto, 31 de los 65 procesados han reintegrando a Bankia lo gastado; lo han ingresado en una cuenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); lo han consignado ante un juzgado; o lo han depositado ante notario o un fedatario público, en varios de los casos tras tratar sin éxito de abonarlo a la Fundación Caja Madrid. En total, estos 31 acusados han devuelto 4,3 millones de euros de los 12 que gastaron los 65 procesados con las tarjetas que les han sentado en el banquillo.
Entre las devoluciones más elevadas destacan los 575.079 euros aportados por el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj (el total de lo que gastó) o los 436.688 euros del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa (también todo lo que cargó a su black, aunque a él o a su sucesor, Rodrigo Rato, que ha abonado 98.837, el fiscal les exige responsabilidad solidaria sobre el total de gastos de sus subalternos, los 12 millones en total).
Por otra parte, resulta llamativo que el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno haya devuelto 11.953 euros cuando en realidad gastó 235.818 euros o que algunos de los procesados, como Cándido Cerón o Luis Gabarda han redondeado al alza abonando cuantías superiores a las de sus gastos reales.
5.677 euros a descontar de las visas clonadas
El fiscal advierte que de la cuantía “ilícitamente dispuesta” por los 65 acusados se deben descontar “puntuales operaciones no autorizadas”, debido a que las visas fueron clonadas u objeto de fraude. La cuantía suma 5.677 euros.
Los cargos fraudulentos son de Cándido Cerón (780 euros de los 79.248 que se le cargan); José María de la Riva (588 euros de 208.979); Luis Gabarda (1.770 euros de 139.707) y José María Arteta (2.539 euros de 138.903).
También se facturaron indebidamente 676 euros a José María Fernández del Río, pero sus presuntos delitos habrían prescrito.
Así consta en el escrito final de acusación del fiscal del caso, Alejandro Luzón, quien toma en consideración estas cantidades para descontarlas de las indemnizaciones que exige a todos los imputados por los gastos realizados pero solo está dispuesto a tomar la devolución del dinero como atenuante para 18 de ellos.
En concreto, según el escrito al que ha tenido acceso este diario, para aquellos sobre los que el Ministerio Público entiende que “concurre la circunstancia atenuante quinta del artículo 21 del Código Penal”. Esto es, “la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o a disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral”.
Se trata de Ildefonso Sánchez Barcoj; José Manuel Fernández Norniella; Luis Blasco Bosqued; Matías Amat Roca; Luis Gabarda Durán; Miguel Corsini Freese; Arturo Fernández; Jual Emilio Iranzo; Francisco Javier López Madrid; Jorge Rábago; Virgilio Zapatero Gómez; Ricardo Romero de Tejada y Picatoste; Ramón Espinar; Alberto Recarte; Jesús Pedroche; Ignacio Navasqües; Beltrán Gutiérrez y José María Buenaventura Zabala.
El fiscal, que el lunes en la exposición oral de su alegato tachó de “actitud primitiva, casi depredadora” la de los 65 imputados –subrayando “la rapiña y el pillaje” de los consejeros que siguieron usando sus visas tras dejar el cargo– considera probado, aún así, que los 65 acusados cometieron un delito continuado de apropiación indebida y conocían la “improcedencia” de las visas.
El relato de los hechos, según el fiscal, implica que Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid de septiembre de 1996 a enero de 2010, autorizó la entrega de unas tarjetas Business Oro a los miembros del consejo de administración y la comisión de control de la entidad, y de otras Plata para altos directivos, “hasta la cuantía por él mismo establecida y con cargo a la sociedad”. “Se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal”, y cuya gestión se encomendó a Ildefonso Sánchez Barcoj.
Con el “propósito de ocultar la verdadera naturaleza y finalidad de su emisión, Caja Madrid nunca practicó la correspondiente retención fiscal a las retribuciones que el uso de estas tarjetas constituía”, contabilizándolas en la subcuenta de “gastos de órganos de gobierno, mayo del 88” –creada bajo la presidencia de Jaime Terceiro para las tarjetas de gastos de representación– y en otra para gastos relacionados con fraudes o negligencias internas, y evitando pedir justificación a sus usuarios, relata el fiscal.
Un sistema que Rodrigo Rato, que sucedió a Blesa, disfrutó y luego, con la creación de Bankia, mantuvo para sí, Norniella, Barcoj y el consejero delegado Francisco Verdú que “la rechazó al considerarla irregular y una mala práctica bancaria”, prosigue. Luzón cree que Rato las usó “para compensar las limitaciones retributivas” que impuso el Gobierno a las entidades asistidas con dinero público y que ordenó cancelarlas “apresuradamente” el día que dimitió.
El fiscal pide seis años de prisión para Blesa, cuatro años y seis meses para Rato, y penas de entre uno y cuatro años para el resto de acusados, además de multas de hasta 109.000 euros por acusado y su inhabilitación para el ejercicio bancario.
Consenso y fricción entre las distintas acusaciones
Después del duro alegato final del fiscal Alejandro Luzón, el pasado lunes, ayer fue el turno del resto de acusaciones personadas en el caso de las tarjetas black. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia y su matriz BFA, como acusaciones particulares, y la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el sindicato CGT, como acusaciones populares, secundaron en líneas generales el discurso de la Fiscalía e hicieron frente común aseverando que ha quedado probado el uso ilícito y para gastos personales de las tarjetas por los 65 acusados. Las partes subrayaron, entre otras cosas, que todo lo relacionado con estas visas “era opaco, black” y que su uso fue “una desviación de fondos de las entidades en forma de administración desleal y apropiación” indebida. Sus palabras desataron las protestas entre los acusados, a los que la presidenta de la sala, Ángela Murillo, llegó a pedir silencio a gritos. Sin embargo, dos temas dividieron a las acusaciones.
El primero es a quién le corresponde percibir el dinero que se recupere. Aunque se estima que los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia cargaron 15,5 millones de euros a las tarjetas black entre 1999 y 2012, los presuntos delitos de los cuatro primeros años habría prescrito, por lo cual lo que está en tela de juicio son los 12 millones de euros gastados por 65 de estos responsables de las entidades entre 2003 y 2012. De dicha cuantía, 31 acusados han devuelto o consignado de momento 4,3 millones.
“Es el FROB quien tiene derecho a la restitución de las cantidades ilícitamente dispuestas por medio de las tarjetas tanto de Caja Madrid como de Bankia”, aseguró Fernando Aizpún, abogado del organismo, defendiendo que el Estado es el principal perjudicado de la mala gestión de estas entidades. “El hecho fundamental es el saneamiento con fondos públicos”, dijo en referencia a los 23.500 millones inyectados en Bankia, que integró a Caja Madrid y otras seis entidades. “La intervención del FROB ha sido por ley, para preservar la estabilidad del sistema financiero, puesta en peligro por una entidad de carácter sistémico”, destacó.
“No estamos aquí ante gastos de órganos de gobierno, es el perjuicio de un delito de apropiación indebida. Un daño transmitido a Bankia que ha tenido un impacto patrimonial, en BFA-Bankia, que determina que esta sea la perjudicada”, expuso por su parte Joaquín Burkhalterm, abogado de Bankia.
“La titular del derecho de crédito es Bankia. Se ha discutido si debe ser Bankia o el FROB pero es claramente Bankia”, secundó el letrado de BFA, Alberto Gómez Fraga.
A falta de ver qué decide el tribunal de la Audiencia Nacional, el fiscal establece en su escrito final que “los acusados indemnizarán a Bankia o, en caso de renuncia de esta, al FROB”.
Un segundo punto de fricción entre las acusaciones fue el que corresponde a los atenuantes a aplicar a los distintos acusados. Mientras que la CIC, representada por el abogado Andrés Herzog pide las penas más duras –hasta 10 años de prisión para los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato– y no admite indulgencias con los distintos acusados, desde Bankia se abogó por tener en cuenta que los directivos eran empleados de las entidades y no tenían la responsabilidad que sus consejeros y demás miembros de órganos de gobierno.
Concluido ayer el turno de las distintas acusaciones, el proceso se retomará mañana con el alegato final de los primeros abogados defensores, previsiblemente los de Blesa y Rato. Aunque inicialmente estaba previsto que el juicio quedara visto para sentencia con esta sesión, dada la importancia de estas exposiciones, su considerable duración, y el hecho de que deben intervenir varias decenas de abogados en nombre de 65 acusados, la sala ya ha reservado tres sesiones más antes de Navidad. Más allá, el tribunal ha avanzado que está dispuesto a continuar con el juicio en enero si fuera necesario.
