Alimentación

Cataluña prepara la 'tasa Coca-Cola' para bebidas azucaradas

El impuesto a estas bebidas variará entre los 8 y los 12 céntimos

Latas de Coca-Cola.
Latas de Coca-Cola.

Entre las propuestas del Govern en materia presupuestaria está también la creación de una tasa a las bebidas azucaradas envasadas, los refrescos, que sigue los pasos de las ya puestas en marcha en algunas zonas de EE UU. Grava al consumidor final, con el objetivo de impulsar los hábitos saludables, con dos tramos en función de la concentración de azúcar: ocho céntimos por litro, para las bebidas con entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros, y 12 céntimos para las de mayor contenido de azúcar.

La nueva tasa, con la Generalitat de Cataluña pretende recaudar 41,3 millones de euros anuales, es percibida como “injusta y discriminatoria” por parte de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que entiende que afectaría a una categoría de producto por tener un ingrediente pero no al ingrediente –el azúcar– en sí. La patronal se ha mostrado abierta a colaborar con el Govern y le ha recordado que este tipo de impuestos sobre bebidas y alimentos son regresivos y afectan en mayor medida a las clases más bajas.

Anfabra considera además que se trata de un impuesto, que de ponerse en marcha, gravaría al consumidor final y por el que el consumidor en Cataluña se vería discriminado frente a otro de España o de la Unión Europea.

El tema de gravamen de las bebidas azucaradas viene siendo un asunto de debate en Europa en los últimos meses desde que el Reino Unido anunciara un impuesto para este tipo de productos. Más recientemente, la OMS animó a los Estados a impulsar estas tasas, pese a la negativa del sector.

De llegar a ponerse en marcha, sería el primero de este tipo en territorio nacional.

La mayor partida del incremento recaudatorio que pretende obtener la Generalitat saldrá de un nuevo tributo sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos, con el que aspira a lograr 62,78 millones anuales. Además, pretende crear un impuesto que grave a los “activos no productivos” como viviendas o embarcaciones de lujo.

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