Esta es la agenda de reformas del nuevo Gobierno de Rajoy

La hoja de ruta incluye revisar la fiscalidad patrimonial, renovar el sistema de financiación o reformar las pensiones

Alejandro Meraviglia

Más de 300 días después, España contará con un Gobierno con plenos poderes, aunque sin una mayoría clara en el Congreso que exigirá dotes negociadoras. Los retos que deberá afrontar el nuevo Ejecutivo son prácticamente los mismos que los que tuvo que abordar el primer Gobierno de Rajoy. La diferencia es de intensidad. Hoy, como en 2012, España debe reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB, aunque ahora los números rojos se mueven en torno al 5% del PIB frente al 9% de hace cinco años.

El paro continúa siendo el principal problema de España, pero a diferencia del inicio de la anterior legislatura, ahora se está creando empleo. No toda la herencia que se encontrará el nuevo Ejecutivo es mejor que la que recibió el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Las cuentas de la Seguridad Social han empeorado hasta el punto de que el organismo encargado de pagar las pensiones cerrará este año con un déficit público superior a los 18.000 millones.

La deuda pública, por su parte, se encuentra ya por encima del 100% del PIB y los organismos internacionales prevén que continúe en esos niveles durante los próximos años. El elevado volumen de pasivo sitúa a España en una posición de debilidad frente a posibles shocks económicos o cambios en la política monetaria. Otro factor que preocupa es la menor influencia de elementos que han favorecido el crecimiento como el abaratamiento del crudo. El Ejecutivo también deberá abordar reformas que quedaron pendientes en la anterior legislatura por falta de recursos como la nueva financiación autonómica. Trabajo no les faltará a los ministros ni al Congreso.

• NUEVA REFORMA LABORAL

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la tasa de paro bajó del nivel del 20% en el tercer trimestre de este año por primera vez en seis años. El número de parados se sitúa en 4.230.800 personas, el 18,9% de la población activa. A pesar de que España está creando empleo, el nivel de paro sigue desorbitado en relación al resto de países de la UE. Mantener la senda de reducción del desempleo sigue siendo el principal reto del nuevo Ejecutivo, pero también lograr que el trabajo que se crea sea de mayor calidad. En el tercer trimestre, toda la nueva ocupación fue temporal. Durante el discurso de investidura, Rajoy señaló que el objetivo es alcanzar los 20 millones de ocupados en 2020.

El pacto que PP y Ciudadanos firmaron incluye medidas como la reducción a tres de los contratos laborales. Además, el nuevo Gobierno deberá trasladar a la legislación las últimas sentencias que exigen que los interinos accedan a la misma indemnización por despido que los indefinidos. Ello, probablemente, llevará a una revisión de los costes de despido de todos los trabajadores temporales. La propuesta de PP y Ciudadanos incluye elevar la indemnización de los temporales de forma progresiva hasta los 20 días por año trabajado al alcanzar los tres ejercicios.

Afrontar el proceso de envejecimiento supone el mayor reto a medio plazo

• PENSIONES VIABLES

El incremento de la esperanza de vida, unido a la baja natalidad supone el mayor desafío a medio plazo que debe afrontar Europa. En España, el Gobierno ha optado por medidas como elevar la edad de jubilación o establecer un mecanismo de revalorización de las pensiones que tenga en cuenta el ciclo económico. Aun así, la situación de las cuentas públicas de la Seguridad Social se ha agravado hasta el punto de que registrará un déficit público cercano a los 19.000 millones de euros este año, un 1,7% del PIB. Supone la peor cifra de la historia. La hucha de las pensiones, que recoge los excedentes de la etapa de bonanza, se agotará en 2017. Rajoy convocará el Pacto de Toledo para abordar una reforma del sistema y debatir nuevas vías de financiación. El PSOE defiende que se pague parte de las pensiones con impuestos y fijar una nueva figura tributaria solo para ese fin.

• BAJAR EL DÉFICIT DEL 3% DEL PIB

La evolución del déficit público refleja bien la magnitud de la crisis económica que ha sufrido España. La Administración en su conjunto gozaba de un superávit del 2% del PIB en 2007. Significa que ingresaba 21.620 millones más de los que gastaba. Solo 24 meses más tarde, España cerró 2009 con un déficit del 11% del PIB, es decir, gastó 118.237 millones más de los que ingresó. Nunca España había sufrido un deterioro tan rápido y de tal magnitud en sus cuentas públicas. Acuciados por Bruselas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero primero y el de Mariano Rajoy después aprobaron recortes y subidas fiscales para reconducir las cuentas públicas. Una tarea que no ha acabado.

El nuevo Gobierno deberá negociar en el Congreso un ajuste de 5.000 millones

España cerrará con un déficit este año en torno al 4,6% del PIB y el nuevo Gobierno deberá negociar en el Congreso de los Diputados un recorte de 5.000 millones para 2017 que permita reducir los números rojos al 3,1% del PIB. Y, en 2018, el desfase debe bajar del nivel del 3% que marca el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. Así, el margen para alegrías presupuestarias es nulo. De hecho, la reforma fiscal que aprobó el Gobierno y que supuso la rebaja del IRPF y del impuesto sobre sociedades ha provocado una caída de la recaudación que Hacienda no calibró. Por ello, la última medida fiscal del Gobierno saliente fue reintroducir un tipo mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades para lograr 8.300 millones adicionales.

• FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Partido Popular se presentó a las elecciones generales de 2011 con el compromiso de reformar el modelo de financiación autonómica que determina el reparto de los recursos entre las comunidades. Sin embargo, la crisis económica hizo que no hubiera dinero que repartir. Ante la escasez el Ejecutivo optó por no tocar un sistema que desagrada especialmente a las comunidades más ricas como Madrid y Cataluña. Rajoy ya anunció que convocará la Conferencia de Presidentes para evaluar el actual modelo y debatir reformas. Durante el primer debate de investidura y en referencia al conflicto territorial abierto en Cataluña, Rajoy se mostró dispuesto a “buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial”.

• FISCALIDAD PATRIMONIAL

Junto a los cambios en la financiación autonómica, el Gobierno de Mariano Rajoy también propondrá reformas en los impuestos que ingresan las haciendas regionales, especialmente aquellos que gravan la riqueza. Con la legislación vigente, el impuesto sobre el patrimonio debería desaparecer el próximo año, sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha trasladado su intención de mantenerlo. El pacto con Ciudadanos incluye una revisión de esta figura tributaria que actualmente abonan con carácter general los contribuyentes cuya riqueza supera los 700.000 euros. Las comunidades autónomas tienen una amplia competencia sobre el tributo y Madrid es la única que no lo aplica. La idea que gusta en Moncloa pasa por establecer un impuesto sobre el patrimonio con un mínimo exento mayor y más armonizado. Algo parecido se plantea en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El coste fiscal de recibir una herencia varía enormemente en función de la comunidad autónoma y el PP y Ciudadanos defienden reducir las diferencias y rebajar también los tipos impositivos. Son medidas que ambos partidos deberán acordar con el PSOE, que apostó en el programa electoral por elevar la fiscalidad patrimonial. En el IRPF, el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a reducir dos puntos este impuesto cuando el déficit baje del 3% que, si se cumplen las previsiones, sucederá en 2018.