El más grave error del presidente Santos
Si se hubiera ratificado lo acordado en La Habana, el régimen posconflicto habría sido efímero e inestable
Quienes menos conocen la situación real, o se dejan llevar por las impresiones dirigidas de los medios de comunicación, han desayunado con el resultado en Colombia del llamado referéndum para la paz, que contra el pronóstico generalizado, ha resultado frustrante para las expectativas del presidente Juan Manuel Santos. Y es normal que se hayan atragantado con la tostada al contrastar, con los datos en la mano, que la abstención ha sido superior al 62% y que de los votos válidamente emitidos, el 50,2% de los votantes decidió rechazar el acuerdo de paz concluido por el Gobierno y los terroristas guerrilleros, mientras que la opción por el sí, pese al fuerte apoyo propagandístico del Gobierno, solo obtuvo el 49,7% de los sufragios. Intentaremos hacer un análisis crítico de la situación, toda vez que los ciudadanos ya han hablado (o no) y lo han hecho con claridad fuera de toda duda.
El Gobierno colombiano, desoyendo lo que algunos expertos en el tratamiento del conflicto hemos venido aconsejando, ha buscado la polarización de la sociedad colombiana mediante el ofrecimiento de dos alternativas, por la paz y contra la paz, que se corresponderían con el sí y el no en el referéndum. Naturalmente, los asesores del Gobierno pensaban que resultaba difícil mostrarse contrario a la paz, máxime en un país que lleva padeciendo un conflicto armado con tintes de auténtica guerra civil y consecuencias humanas terribles por más de 40 años; por tanto, esa lógica torticeramente empleada llevaría a pensar en una participación masiva que abrumadoramente respaldara la paz y consagrara a Santos como el hombre que fue capaz de terminar con el conflicto y firme candidato, no solo a la reelección, sino hasta al Premio Nobel de la Paz.
El error del presidente, error del que no parece que vaya a recuperarse fácilmente, ha sido atender a ese planteamiento a ojos cerrados y de manera radical posicionar a quienes no estaban de acuerdo con los postulados de La Habana como enemigos de la paz. Si el presidente y sus asesores hubieran tenido razón en ese argumento, hoy podríamos decir que en Colombia más del 80% de la población (abstenciones y votos en contra) desea la guerra, lo que obviamente es igualmente inexacto. Ese enfoque maniqueo del presidente, excluyendo de la voluntad de paz a quienes no se plegaban a sus exactos designios para el proceso, es el que le ha generado la situación en la que hoy nos encontramos.
"El Gobierno colombiano ha buscado la polarización de la sociedad con dos alternativas: por o contra la paz"
Voces independientes del Gobierno, como la de Alejandro Ordóñez, recientemente cesado como procurador general de la República, habían advertido de lo terrible del planteamiento presidencial, no solo por faltar a la verdad sino, muy especialmente, por no ser útil a la paz que Colombia tanto necesita. Dejando al margen las consideraciones políticas, los argumentos jurídicos en aras a la resolución del conflicto son meridianamente claros y, por más que pueda usarse la justicia transaccional como fórmula pacificadora evitando el rigor de las condenas tal cual se contemplan en la legislación ordinaria, cuando está en juego un bien jurídico superior como el de terminar con la lacra terrorista, lo que no es de recibo, técnicamente hablando, es que Colombia incumpla con sus compromisos internacionales y sancione con penas ficticias o superficiales delitos de lesa humanidad. El régimen posconflicto, si se hubiera ratificado por el pueblo colombiano lo acordado por el Gobierno y las FARC en La Habana, habría sido sin duda efímero e inestable, pues la impunidad de facto ante delitos tipificados internacionalmente no es una solución aceptable en Derecho. Nada habría impedido elevar a la Corte Internacional los incumplimientos del Derecho internacional por parte de Colombia que se enfrentaría a la alternativa de incumplir lo pactado en La Habana o incumplir los tratados internacionales que sobre la materia tiene suscritos y ratificados. Cualquiera de las dos opciones habría quebrado de manera radical la frágil paz alcanzada sobre bases poco sólidas.
"Lo que se ha rechazado es el contenido concreto del acuerdo: la impunidad como sanción por los crímenes"
Santos tiene ahora, sin embargo, una nueva oportunidad de rectificar. Ojalá no la desaproveche, pues la paz es hoy más posible que nunca en Colombia; a mi humilde juicio, mucho más posible que si hubiera triunfado el sí en el referéndum. Después de salir dañado al perder desde el Gobierno un referéndum que se suponía iba a ganar ampliamente, la tentación de sostenella y no enmendalla sobrevolará su cabeza, pues el orgullo presidencial y sus expectativas políticas quizás le oscurezcan el juicio. Pero confiemos en que tras una necesaria autocrítica, el presidente alcance a comprender que dividir Colombia no es el camino para la paz tan ansiada por todos. Que un acuerdo de paz que aspire a consolidarse debe ser inclusivo tanto frente al enemigo guerrillero como hacia los que no participan de la propia visión política. Que lo que se ha rechazado no es la paz ni el concepto y aplicación de justicia transaccional, sino el contenido concreto del acuerdo, esto es, lo que el Gobierno ha transaccionado con tal de obtener un rédito político y con lo que la mayoría de los colombianos no está de acuerdo. La impunidad, de hecho o de derecho, como sanción jurídica por crímenes de lesa humanidad como los que tienen acreditados algunos miembros de la guerrilla, simplemente no es una opción aceptable por el régimen jurídico internacional y, hoy lo sabemos, tampoco para el pueblo colombiano.
Juan Cayón es rector de la Universidad Nebrija.
