Pacto político

Moncloa encabezó la propuesta para segregar la CNMC en dos

La medida fue planteada por Álvaro Nadal en el pacto de PP y Ciudadanos

José María Marín, presidente de la CNMC.
José María Marín, presidente de la CNMC.

El pacto sellado en la segunda quincena de agosto entre el Partido Popular y Ciudadanos incluía, en su punto 13, la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes “siguiendo el modelo vigente en la mayoría de los países de nuestro entorno”, subrayaba el texto. Por un lado, una Autoridad Independiente de los Mercados (Aisem), que asumiría las funciones de la actual Sala de Supervisión de la CNMC, y la Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (Aideco), las de la actual Sala de Competencia.

 Frente a lo que pudiera parecer, dado que el pacto previo entre Ciudadanos y el PSOE ya recogía una medida similar, esta no fue una propuesta del equipo de Albert Rivera, sino del Partido Popular. Concretamente, según fuentes políticas, del jefe de la Oficina Económica en funciones y diputado por el PP, Álvaro Nadal, quien encabezó las negociaciones del ámbito económico.

La propia denominación o siglas propuestas para dichos organismos están en línea con la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ideada por el actual Gobierno. Se descarta que la autoría fuese de C’s pues en el pacto anterior de este partido con los socialistas esta medida no se plasmó con tal grado de concreción como en el acuerdo con el PP.

Según fuentes próximas a la vicepresidencia del Gobierno, molestos por la guerra intestina que se libra en el organismo que preside José María Marín, en Moncloa consideran que la única solución es la separación. También para sustanciar el fallo del Tribunal de la UE (que debe suscribir el Tribunal Supremo)sobre la ilegalidad del despido de los consejeros de los distintos organismos que dieron lugar a la CNMC (el regulador de las telecos, o CMT; el de energía, o CNE, y la Comisión de la Competencia), a los que se interrumpió su mandato parlamentario antes de que acabara su plazo.

Aunque tras la fallida investidura de Mariano Rajoy, el acuerdo con Ciudadanos ha perdido vigencia, la propuesta del PP sobre la CNMC seguirá adelante si el PP logra gobernar solo o en coalición. El consenso de tres de los cuatro grandes partidos en que es necesario reformar un organismo que apenas tiene tres años de funcionamiento, incluido el PP que lo engendró, es patente.

Esta separación, aunque no supondría la expulsión de los vocales del consejo de la CNMC, sino que, por el contrario, se crearían dos organismos con sus respectivos consejos (quizás con cinco o siete consejeros cada uno), deja en el aire al presidente: si bien Marín seguiría en uno de los consejos hasta el fin de su mandato (que dura cinco años), no necesariamente mantendría esta función.

Paradójicamente, Marín, que asegura que no entorpecerá la decisión del Parlamento, ha organizado un congreso internacional para noviembre bajo el lema Los retos de la nueva CNMC. No se sabe si se refiere al nuevo proyecto en ciernes o al organismo que se creó en 2013.

El empeño del Gobierno del PPde integrar Competencia y Regulación, a través de dos salas separadas (una presidida por el propio Marín y otra por la vicepresidenta, María Fernández) y el pleno del consejo integrado por sus diez miembros, ha generado fuertes disputas internas.

El pleno, de hecho, está bloqueado por la disidencia de la mayoría (seis)de los vocales encabezados por la vicepresidenta, que rechazan el papel que desempeña el director de Promoción de la Competencia, Antonio Maudes, brazo derecho de Marín y al que se acusa de actuar como director de instrucción sin serlo. El malestar se ha extendido entre el personal técnico.

A tres consejeros, dos de los disidentes (Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez) y una favorable al presidente (María Ortiz), se les caducaron sus mandatos hace casi un año.

 

El Gobierno estudia una ley para evitar la parálisis de la CNMV

El Gobierno en funciones estaría preparando un real decreto-ley para evitar la parálisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)a partir del 6 de octubre, fecha en que caduca, entre otros, el mandato de su presidenta, Elvira Rodríguez. Se trataría de permitir que, a falta de Gobierno, los actuales miembros del consejo del regulador de los mercados financieros puedan seguir en su cargo hasta que se formalice su relevo. Una equiparación con la norma que regula los nombramientos de la CNMC, que permite prorrogar estos mandatos hasta que se consensúen los relevos entre los distintos grupos políticos.

De hecho, tres consejeros del organismo que preside José María Marín les expiró su mandato hace casi un año. En ese caso, el Gobierno no quiso sustituirlos alegando que quedaban pocas semanas para las elecciones generales del 20 de diciembre del año pasado y que lo lógico es que del proceso se ocupara el Ejecutivo saliente.

El atasco político ha paralizado estos cambios, que en el caso de la CNMV resultan urgentes. Junto al de la presidenta termina el mandato de la vicepresidenta, Lourdes Centeno, lo que provoca un vacío de poder en la comisión ejecutiva del organismo que se ocupa de los dictámenes y autorizaciones sobre operaciones corporativas (por ejemplo, opas), que se queda sin cuórum necesario para funciona, pues desaparecen dos de sus cuatro miembros. El mandato de los miembros del consejo de la CNMV es de cuatro años, prorrogables una vez por el mismo periodo.

Fuentes jurídicas aseguran que cualquier cambio requiere de una norma con rango de ley, pues se tendría que modificar la Ley del Mercado de Valores.

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