El ajuste de oficinas en España

Caixa Geral encara su desaparición en España tras ser recapitalizada

La amenaza de cierre de sus 103 oficinas intensifica el ajuste sectorial

El banco luso, que será recapitalizado, cuenta con 503 empleados en España

Caixa Geral
Sede en Lisboa de Caixa Geral de Depositos Reuters

A la larga lista de planes de ajuste que han puesto sobre la mesa las entidades financieras que operan en España este año, parece a punto de sumársele una especialmente drástica. Caixa Geral, el mayor banco de Portugal, se verá previsiblemente obligado a deshacerse de su filial española en virtud del acuerdo alcanzado entre el Gobierno luso y la Comisión Europea para recapitalizar la entidad con 4.600 millones de euros.

Al igual que hiciera con entidades españolas que recibieron ayudas, como Bankia, Novagalicia o Catalunya Banc, Bruselas exigirá a cambio de la asistencia un repliegue de la entidad a sus territorios de influencia originarios para evitar distorsionar la competencia. Una condición, con mención específica a la necesaria reducción del número de oficinas y trabajadores, que pone en cuestión el futuro del centenar de oficinas y el medio millar de empleados que la firma lusa tiene en España.

En concreto, Caixa Geral cuenta en España con un negocio de unos 5.091 millones de euros en activos y 2.762 millones de euros en depósitos de clientes, según los últimos datos publicados por la Asociación Española de Banca (AEB), correspondientes al mes de mayo. En la actualidad, la entidad cuenta con una red de 103 sucursales repartidas por 22 provincias españolas, con especial presencia en Cáceres, Pontevedra o Madrid.

Aunque las autoridades aún no han detallado el calado del ajuste que deberá afrontar la entidad, los sindicatos españoles, que ya han solicitado información específica a la dirección del banco, se temen lo peor. Aunque está por ver si determinadas regiones colindantes con Portugal son susceptibles de sobrevivir, lo previsible es que el banco portugués se vea obligado a deshacerse del grueso de su negocio español.

Un punto positivo de cara a la operación es que la filial española de Caixa Geral es rentable. La firma obtuvo 26 millones de beneficio en 2015 y desde los sindicatos detallan que en el primer semestre de 2016 tenía ganancias de 10 millones en un momento de especial debilidad de la actividad bancaria. La filial española, además, ya sufrió dos importantes ajustes entre 2013 y 2014 que han dejado la plantilla en la mitad y el número de oficinas en casi un tercio.

Del lado negativo, la venta de un lote de oficinas bancarias puede tener sus dificultades en un momento en que el sector financiero español se ha lanzado en bloque a reducir su capacidad instalada. La banca española ha previsto para este ejercicio el cierre de cerca de 2.000 oficinas, lo que hace difícil que muchas de las entidades estén interesadas en complementar ahora su red con un centenar de nuevas sucursales. El previsible cierre de muchas de las sucursales que Caixa Geral mantiene en España intensificará, por tanto, el ajuste general del conjunto de la banca.

A la búsqueda de reducir gastos para tratar de arañar algo de rentabilidad, las principales entidades españolas han cerrado ya más de 700 oficinas en el primer semestre del año y los planes anunciados por las entidades supondrán la clausura de cerca del doble en la segunda mitad del ejercicio. Así, Banco Santander tiene previsto deshacerse de unas 450 sucursales en 2016; BBVA prescindirá de otras 400; CaixaBank, de 310; Popular de unas 300; Liberbank dejará en manos de agentes la gestión de 149 plazas; Ceiss cerrará 42 oficinas e Ibercaja y BMN más de una veintena cada una.

“A los trabajadores quiero dejarles un mensaje de confianza y tranquilidad”, expuso el jueves el ministro de Finanzas luso, Mario Centeno, avanzando que “el ajuste de trabajadores se hará a través de jubilaciones anticipadas y rescisiones de mutuo acuerdo en un ambiente de cooperación y paz social”. Los últimos recortes aplicados en España se saldaron fundamentalmente con prejubilaciones y bajas incentivadas e indemnizaciones de 35 días de salario por año trabajado y un tope de 30 mensualidades.

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