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Adiós al canon digital, Europa ha tumbado la ley

En la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, se incorporaba originalmente a la legislación española el llamado 'canon digital' o 'canon por copia privada'. Durante cuatro años, en España se ha aplicado sobre diversos medios de grabación una tasa que han recaudado autores, editores, productores y artistas asociados a entidades privadas de gestión de los derechos de autor, y con la premisa de significar una compensación económica por las copias de sus trabajos en el ámbito privado. Ahora, la Justicia europea ha tumbado la norma del Gobierno de Mariano Rajoy por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, el 'canon' contra el que apunta la sentencia de la Justicia europea es una modificación posterior, prevista sobre los presupuestos generales del Estado.

El 'canon digital' dejará de funcionar en España, la copia privada de material protegido por derechos de autor no afectará a todos los contribuyentes

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La  tasa correspondiente a las compensaciones previstas por el 'canon por copia privada' se aplicaron sobre el precio de productos de almacenamiento digital, como es el caso de discos duros y unidades ópticas como CDs, DVDs y Blu-Ray. Además también se han gravado los teléfonos inteligentes y tabletas, así como los ordenadores, por ser medios de posible almacenamiento o reproducción de estas copias privadas, con cuantías en torno a los 10 euros como máximo, generalmente cifras inferiores a esta última. Y posteriormente, la norma impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy modificó estas condiciones para aplicar una cuantía fija sobre los presupuestos generales del Estado, luego con la participación de todos los contribuyentes

Según la determinación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las entidades de gestión de derechos de autor EGEDA, DAMA y VEGAP, que impugnaron el decreto del año 2012, estaban en la decisión correcta, a la que posteriormente SGAE y CEDRO se sumaron también. Culpa de este cambio en la legislación, impuesto con la intención de compensar económicamente a los afectados por las copias privadas, los resultados han sido de en torno a 100 millones de euros en la caída de ingresos durante el 2010, unas cifras que se han repetido en cuantías similares en los años posteriores.

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