Editorial

El precio de la transparencia contable

La decisión del Consejo Internacional de Estándares Contables (IASB por sus siglas en inglés) de modificar el tratamiento contable que dan las empresas al impacto futuro de los arrendamientos de activos tendrá un efecto contundente en los balances de las compañías afectadas por la norma, entre las que destacan las cotizadas. El regulador internacional obligará a las empresas a partir de 2019 a reflejar en el pasivo como deuda el coste futuro de los contratos de alquiler, que también se incluirán en el activo como un derecho de uso amortizable durante el plazo del arrendamiento. Hasta ahora, las empresas contabilizaban como gasto únicamente los arrendamientos correspondientes al ejercicio en curso y no registraban como deuda las obligaciones futuras en este tipo de contratos. La decisión del IASB obligará a reflejar unos compromisos que muchos analistas, inversores y agencias de rating incluyen ya en las radiografías que realizan del estado financiero de las compañías, como un modo de completar la información contable para el mercado.

El principal beneficio que tendrá la norma será aumentar la transparencia sobre la información financiera de las empresas, principal argumento que esgrime la IASB para promulgarla. Los estándares contables del organismo, que se aplican, entre otras regiones, en la Unión Europea, afectan no solo a las cotizadas, sino a cualquier empresa que voluntariamente decida someterse a ellas. Además, la nueva norma no se aplicará a todos los alquileres, sino únicamente a los de duración superior a un año y a aquellos que no estén vinculados a un variable por negocio, un supuesto común en el arrendamiento de locales comerciales, por ejemplo.

Junto a la ventaja de la transparencia, el cambio supondrá una abultada factura para las compañías afectadas, dado que las obliga a reconocer unos activos y pasivos que hasta ahora estaban fuera de balance. Un coste que el propio IASB cifra en dos billones de dólares en un total de 1.000 empresas, pero que golpeará con más intensidad a determinados sectores. Es el caso del aéreo, en el cual el leasing de aeronaves es una práctica extendida, o el minorista, respecto a los arrendamientos de los locales comerciales. A ello hay que sumar el impacto que, según los expertos, tendrá la normativa en los ratios habituales utilizados por analistas e inversores (Ebidta, Ebidt, apalancamiento financiero, etc) y que dificultará los análisis comparativos con ejercicios pasados. Todo ello supondrá no solo un lastre financiero, sino también el coste derivado del proceso de adaptación de cada compañía al nuevo estándar. Una nueva exigencia cuyos beneficios hay que medir en términos de claridad para el mercado, pero que debe ir acompañada también de una dosis de flexibilidad suficiente como para evitar que su impacto –al menos inicialmente– sea aún mayor que el esperado.