Los alcaldes reducirán al mínimo el superávit al no poder gastarlo
El Ejecutivo ya ha remitido el programa de estabilidad a la Comisión Europea con una nueva senda de déficit público, que tendrá que ser aprobada el próximo mes por las autoridades comunitarias. El nuevo objetivo es llevar el déficit desde el 5,08% de cierre de 2015 al 3,6% este año. Son ocho décimas más que la meta anterior (2,8%) que se reparten a partes iguales entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social, los que más se desviaron el pasado año. A los ayuntamientos se les exige equilibrio presupuestario.
Esa petición a los ayuntamientos ha sido una constante en los últimos cuatro ejercicios, en los que las entidades locales, pese a no estar obligadas, han obtenido superávit fiscal. Y ello no ha sido suficiente para que Hacienda les permita gastar parte de ese superávit este ejercicio. Los alcaldes se han plantado y plantearon que reducirán al mínimo esos excedentes presupuestarios, lo que sin duda complicará aún más el cumplimiento del objetivo del 3,6%.
Así lo expresó el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, tras reunirse por la mañana con los alcaldes representados en la Junta de Gobierno de este organismo. “Llevamos cuatro años seguidos con superávit; en 2012 fue un 0,32% del PIB (3.200 millones); en 2013 fue un 0,55% (5.500 millones);_en 2014 un 0,57% (5.700 millones) y en 2015 un 0,44% (5.000 millones). De media hemos aportado 4.000 millones de euros de superávit a las cuentas públicas y 19.700 millones en esos cuatro años. Por lo tanto nos sentimos legitimados para gastar ese superávit”, apuntó. Caballero también destacó el cumplimiento del objetivo de deuda, “hemos logrado la meta fijada para 2020 ya en 2015” y el hecho de la local ha sido la Administración que menos se había desviado del límite que marca la regla de gasto en 2015 (cuatro décimas adicionales) frente a los 3 puntos de desfase de las comunidades autónomas y los cuatro puntos del Estado. “Todo ello tiene que tener una contraprestación y eso debe pasar por flexibilidad para ejecutar nuestros presupuestos”.
Y así se lo hizo saber por la tarde al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), organismo de interlocución de los ayuntamientos con Hacienda. Ninguna de las reivindicaciones de la FEMP obtuvo la respuesta deseada. De hecho, el titular de Hacienda les confesó que tenían razón, pero que el Ejecutivo no disponía de margen al estar en funciones y así permanecerá hasta después del verano, la fecha prevista para la constitución de un nuevo Gobierno tras las elecciones del 26 de junio, toda vez que haya acuerdo.
Por ello, Montoro les transmitió que todas las peticiones las deben transmitir en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano constituido para cumplir las funciones del mismo mientras se encuentra cerrado el periodo de sesiones. La actual mesa de la Diputación Permanente tiene dos representantes del PSOE, dos del PP y uno de Ciudadanos.
Caballero insistió en que seguirá reclamando lo mismo con un Ejecutivo en funciones o si finalmente surge un nuevo Gobierno de las elecciones del 26 de junio. “Cumpliremos la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero queremos que se hagan modificaciones legislativas para tener un superávit razonable y poder gastarlo. Seguiremos teniendo superávit, pero no de medio punto”, señalo. El presidente de la FEMP puso dos ejemplos de esa flexibilidad. “Queremos gastar parte de ese excedente en apoyo social a los colectivos en riesgo de pobreza o darle más facilidades a aquellos consistorios que hayan encadenado dos años consecutivos con superávit fiscal”.
Madrid y Barcelona encabezan la rebelión
Las últimas elecciones municipales supusieron un vuelco en el panorama local, dominado por el Partido Popular. Los dos ayuntamientos más grandes de España pasaron a otros alcaldes. El de Madrid del PP a Ahora Madrid, confluencia de partidos de izquierdas representados por Manuela Carmena, y el de Barcelona pasó de CIU con el apoyo del PP a la candidata de En Comú-Podem, Ada Colau.
Y ese cambio ha tenido un efecto directo en la confección de los presupuestos municipales, que hasta mayo de 2015 estaban alineados con las directrices del Gobierno Central. Posteriormente, Carmena y Colau han puesto en práctica políticas que desafían algunos de los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y el principal obstáculo, a juicio de ambas regidoras, es la regla de gasto, que impide que suba más del 1,8% este año. Ese límite impide gastar gran parte del superávit presupuestario de ambos consistorios, especialmente llamativo en el de Madrid, superior a los 1.500 millones.
El concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, reconocía el lunes en una entrevista con este periódico que el objetivo de las Administraciones Públicas no es tener superávit. “Es prestar adecuadamente los servicios, que es lo que da razón a su existencia”, puntualizaba. ¿Significa esto que ya no habrá superávit? “No, mantendremos superávits sustanciosos, pero deberán destinarse a lo que los madrileños decidan, no a proyectos megalómanos que se les ocurran a unos cuantos. La Ley de Estabilidad es un verdadero dislate”, remarcaba. Por su parte, Colau incumplió el pasado ejercicio la regla de gasto y ya ha dejado claro que tampoco se ceñirá a ella este año.