Hacienda interviene a Aragón y Extremadura por su morosidad
Valencia y Baleares podrían correr la misma suerte en breve
Hacienda comunicó oficialmente el viernes a Aragón y Extremadura que iniciará los trámites para retener fondos del sistema de financiación después duplicarán reiteradamente el límite de 30 días para pagar a proveedores. La decisión supone la medida más drástica adoptada hasta la fecha e implica en la práctica intervenir estas comunidades. Además, el Gobierno lanzó advertencias también a Valencia, Baleares, Cataluña o Madrid.
El Gobierno central ha puesto en marcha por primera vez el proceso para intervenir una comunidad autónoma. Las víctimas son Extremadura y Aragón, que llevan más de un año registrando períodos medios de pago superiores a los 60 días, lo que supone duplicar el límite que contempla la legislación. Hacienda lanzó diversas alertas en marzo y septiembre de 2015 instando a la adopción de medidas preventivas que no han impedido que el plazo de pago se mantuviera por encima de los 60 días. En este contexto, el Ministerio de Hacienda envió el viernes una carta a los consejeros de Hacienda de Extremadura y Aragón para comunicarles que, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda retendrá parte de los recursos del sistema de financiación para pagar directamente a sus proveedores. Es la primavera vez que se adopta esta medida.
Hacienda también comunicó el viernes a Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias que los últimos datos de marzo reflejan que su periodo medio de pago supera el límite de los 30 días. Insto a estas autonomías a actualizar su plan de tesorería y adoptar medidas de “reducción de gastos o incremento de ingresos” para acortar su plazo de pago. Fuentes autonómicas mostraron su sorpresa por las advertencias de Montoro porque los períodos se están acortando y la mayoría de las comunidades apercibidas solo supera ligeramente el límite de los 30 días.
En una situación más grave se encuentran Valencia y Baleares, que han sido apercibidas por duplicar el período medio de pago y, en caso de no revertir la situación, correrán la misma suerte que Extremadura y Aragón.
A partir de ahora, Hacienda solicitará información a la intervención general de las comunidades intervenidas para determinar qué parte de la deuda comercial se pagará con cargo a los recursos del sistema de financiación autonómica. Posteriormente, el departamento de Cristóbal Montoro comunicará a Extremadura y Aragón la cuantía que les retendrá mensualmente. Esta intervención durará hasta que las comunidades cumplan el período medio de pago.
Las cartas que ha remitido Hacienda a las comunidades se han publicado en la página web y fuentes autonómicas aseguran que Montoro pretende “estigmatizar” a las autonomías. El ministro de Hacienda ya culpabilizó a las comunidades autónomas del incumplimiento del objetivo de déficit de 2015, cuando España registró un desfase del 5,16% del PIB frente al objetivo del 4,2%. El mismo día que Montoro anunció los datos de cierre de las cuentas públicas, comunicó que enviará una carta a las comunidades incumplidoras -todas menos Galicia, Canarias y País Vasco- para exigir que adopten un acuerdo de no disponibilidad del gasto público. Se trata de una de las medidas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que obliga a las autonomías a cumplir la orden de Hacienda en un plazo de 15 días.
Todas las decisiones anunciadas por Hacienda para corregir las cuentas autonómicas se producen después de que la Comisión Europea exigiera el estricto cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para reducir el déficit público autonómico. Más allá del acuerdo de no disponibilidad, el Gobierno también acordó reforzar las condiciones para acceder a los recursos del FLA. A partir de ahora, se exigirá una supervisión continua del gasto farmacéutico y sanitario o que las comunidades se adhieran al portal de entrada de facturas electrónicas del Estado. Además, el interventor general remitirá un informe mensual sobre el cumplimiento del objetivo de deuda, déficit y de la regla de gasto.
El incumplimiento del déficit público puede llevar, incluso, a que Hacienda aplique sanciones. Sin embargo, ello requiere que se adopten una serie de procedimientos que no son automáticas. Es decir, será el próximo Gobierno quien decida si se cumplen la condiciones para sancionar a una comunidad.
