El año en el que Panamá dejó de ser un paraíso para España
Zapatero sacó al país latinoamericano de la lista negra para facilitar la inversión española
Panamá y su sistema fiscal se han convertido en noticia en todo el mundo después de que una filtración diera a conocer el nombre de cientos de contribuyentes relevantes con empresas en el pequeño país latinoamericano. Se trata de sociedades offshore creadas supuestamente para evadir impuestos o, en el mejor de los casos, para optimizar la factura fiscal en la frontera de la legalidad. Panamá fue uno de los 48 países que España incluyó en 1991 en su lista de paraísos fiscales, una iniciativa del Gobierno de Felipe González y con Carlos Solchaga en el Ministerio de Hacienda. En ese listado aparecen países caracterizados por su nula tributación o, sobre todo, por mantener un sistema tributario opaco y no intercambiar datos fiscales.
¿Qué supone tener la calificación de paraíso fiscal? Implica que operaciones realizadas con origen o destino a estos territorios offshore sufren un régimen fiscal más severo y no gozan de buena parte de las bonificaciones que contempla la normativa. Por ejemplo, la exención por los dividendos obtenidos en el exterior no se aplica si los rendimientos se han generado en un paraíso fiscal.
En el caso de Panamá, la consideración de paraíso fiscal también suponía un hándicap para las grandes constructoras españolas que a partir de 2007 presentaron sus credenciales para participar en las obras de ampliación del Canal. En aquel momento, las grandes empresas urgieron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que negociara un convenio de doble imposición con Panamá para que el país latinoamericano perdiera la consideración de paraíso fiscal, lo que beneficiaría el desembarco de la inversión española. En 2007 se iniciaron las conversaciones y en 2011 entró en vigor el convenio de doble imposición. Durante este período, el consorcio liderado por Sacyr ganó el concurso de la ampliación del Canal de Panamá o FCC recibió el encargo de construir la línea 1 del metro.
Obviamente, crear una sociedad en Panamá para eludir impuestos es ilegal con independencia de que el país forme parte o no de la lista de paraísos fiscales. Si bien España ya no considera paraíso fiscal a Panamá, el país sí formó parte de la lista negra que la Comisión Europea publicó el pasado julio. En este documento aparecen territorios que, en opinión de buena parte de los Estados miembros, no cooperan en el intercambio de información. Actualmente, hasta ocho países de la UE consideran Panamá un paraíso fiscal. Son Portugal, Bulgaria, Croacia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovenia.
La lista de paraísos fiscales estaba formada inicialmente por 48 países y quince de ellos ya han salido
La presión sobre los paraísos fiscales se redobló a partir de 2008, cuando la crisis económica golpeó las arcas públicas de los países desarrollados. En la Cumbre del G20 de Washington de noviembre de 2008 se adoptó la decisión de eliminar los obstáculos al intercambio de información fiscal. La OCDE presenta en abril de 2009, en la cumbre del G20 en Londres, una lista negra con una cuarentena de países. EEUU o Alemania prometieron mano dura contra los territorios opacos, que se lanzaron a firmar acuerdos tributarios para salir de las listas negras.
España no fue ajena a esta tendencia. En los últimos años, firmó convenios de doble imposición con Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Bahamas, Barbado, Jamaica, Malta, República de Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San Marino y Singapur. Todos estos países ya no son paraísos fiscales para la legislación española. También se han firmado acuerdos, aunque no han entrado en vigor con Bermudas, Guernsey, Islas Caimán, Jersey o la Isla de Man.
Aun así, una cosa es firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal y, otra muy distinta, cumplirlo. La reforma fiscal que aprobó el Gobierno y entró en vigor en 2015 contempla que Hacienda actualice la lista de paraísos fiscales para incluir a los países que, manteniendo un convenio fiscal, no intercambian información de forma efectiva. Sin embargo, hasta la fecha, este análisis no se ha elaborado.
En cualquier caso, fuentes de Hacienda aseguran que cada vez será más complicado esconder información y recuerdan que un acuerdo firmado en Berlín en 2014 supondrá que 54 territorios intercambiarán de información fiscal y financiera de forma automática y estandarizada a partir de 2017.
El convenio fiscal entre España y Panamá contempla el intercambio de información, sin embargo, este trasvase de información se realiza bajo requerimiento previo. Es decir, no es masivo ni automático y todo apunta que las autoridades de Panamá no facilitarán información ante lo que para ellos supone un robo de información confidencial.
