Enagás contrata al Instituto Tecnológico de Massachusetts
Plataforma del almacenamiento de gas Castor, a 20 kilómetros de las costas de Vinaroz, en Castellón.
Plataforma del almacenamiento de gas Castor, a 20 kilómetros de las costas de Vinaroz, en Castellón. Reuters

Científicos americanos estudian la viabilidad de Castor

Aunque el resultado sea positivo, se ve improbable la reapertura.

Los usuarios pagarán este año en los peajes más 100 millones por la instalación parada

Desde el pasado otoño, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en sus siglas en inglés) trabaja en un análisis científico para determinar la viabilidad del almacén de gas Castor, que el Gobierno paró en octubre de 2013 tras los movimientos sísmicos que se produjeron en las costas de Vinaroz tras la primera inyección de gas en la planta, y que rescató al año siguiente con cargo a los peajes que sufragan los consumidores de gas. Estos están pagando con un interés del 4% los 1.350 millones del coste de la inversión, así como los 253 millones de la retribución por la operación y el mantenimiento en los dos años en que estuvo funcionando de manos de su propietaria, Escal, sociedad controlada por ACS (un 66,7%) y la canadiense UGS.

El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de octubre de 2014 fijó el rescate financiero de la malhadada instalación y otorgó su titularidad al operador del sistema, Enagás, que fue el encargado de colocar la deuda entre un grupo de bancos (Santander, Bankia y CaixaBank) cuyas condiciones se incluyeron en la citada norma sin debate ni concurso previo. Esta compañía es la que se ocupa de su mantenimiento.

El Gobierno de Mariano Rajoy optó por no desmantelar la planta, tanto por el coste que suponía (unos 200 millones de euros), como por la convicción de que podría ser viable en un futuro, ya que el cierre se produjo de forma precipitada ante la urgencia de los avalistas de la deuda de Castor (ACS y el BEI)ante la inminencia de una ejecución de las garantías si el almacén no se ponía en marcha. Así, el RDL otorgó un mandato a Enagás para contratar a expertos que analizaran la situación. Aunque los responsables del ministerio ya trataron con dos institutos, el MIT y Stanford, finalmente, tras meses de negociaciones, optó por contratar a la primera.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que el MIT estaría en condiciones de ofrecer un informe preliminar a mediados de este año y ya a finales del mismo, el estudio definitivo. Los expertos del instituto norteamericano siguen recabando multitud de información del ministerio, vía Enagás, mucha de ella de la propia Escal y con la ayuda de un equipo de profesores “de prestigio”, indican las mismas fuentes.

Según explican, el estudio se basa en tres modelos:uno de tipo geológico, en el que se analiza la situación de Castor desde que era una bolsa de petróleo que extrajo Shell en 20 años; un modelo sísmico, con todos los datos y estudios ya elaborados y contrastados con los del propio MIT, y un último modelo dinámico, para determinar si la sismicidad fue provocada o no por la actividad de Castor.

De todo ello se deducirá si la planta es viable o no y en qué condiciones podría funcionar. Aun dando positivo, la puesta en marcha del polémico almacén es una decisión política, como también lo fue su cierre, por lo que pocos le auguran demasiado futuro. Un buen número de funcionarios de los ministerios de Industria y Medio Ambiente se han visto envueltos en el pleito que sigue un juzgado de Vinaroz.

Se desconoce el importe del contrato, pues está sometido a una estricta confidencialidad. Fuentes del sector lo valoran en unos 100.000 euros.

 

Enagás cobra 15,7 millones por el mantenimiento de la planta

Según la orden de peajes del gas que entró en vigor el pasado 1 de enero, la expropietaria de Castor, Escal, cobrará este año una retribución con cargo a 2015 de 4,5 millones por los dos meses (octubre y noviembre de 2014) en que, habiendo perdido ya la licencia de Castor, se ocupó de su mantenimiento, en tanto se hizo cargo del mismo su nuevo titular, Enagás. Precisamente, el operador recibirá este año con cargo a los peajes del gas 15,7 millones por el mantenimiento de Castor (y así será hasta que, en su caso, se desmantele la planta).

Los consumidores ya han empezado a pagar la hipoteca a 30 años de la deuda de 1.350 millones que el Gobierno reconoció a Escal (ACS y UGS) tras parar Castor. La anualidad que se pagará en los peajes de 2016 a los bancos que adquirieron dicha deuda con un interés, a la sazón, del 4,3%, asciende a 80,6 millones de euros.

Y aún restan por pagar los 253 millones de euros que recibirá Escal con un interés del 1,7%por la operación y el mantenimiento de Castor desde que obtuvo el acta de puesta en marcha, en julio de 2012, a octubre de 2014, en que perdió la licencia tras renunciar a la misma. Este importe también será titulizado y cobrado a los consumidores de manera aplazada. Aunque es una deuda que se remonta a 2014, Industria decidió incluirla en el déficit de mil millones que se reconoció en el sistema en 2014 para impedir una brusca subida de los peajes. Un derecho reconocido en el RDL del rescate de Castor, pero que ha aflorado ahora con la liquidación definitiva de aquel ejercicio.

En el improbable caso de que Castor funcionase, su nuevo adjudicatario no cobrará por la inversión realizada, que ya pagan los usuarios por una instalación en cierto modo hibernada.