Las autonomías suman en un año 8.900 millones de deuda comercial
La máquina de generar deuda en la que se han convertido las comunidades autónomas no se ha parado. Entre 2008 y 2015 el endeudamiento autonómico casi se cuadruplicó, pasando de 73.647 millones (un 5,7% del PIB) a 261.268 millones (un 24,2% del PIB), según los últimos datos hechos públicos ayer por el Banco de España. Solo en el último ejercicio, la deuda creció en 24.480 millones de euros, lo que supone un ritmo de crecimiento de 67 millones de euros al día. Este crecimiento desbocado desde el estallido de la crisis obligó al Ejecutivo a poner en marcha dos estrategias. La primera trataba de reducir la abultada deuda comercial con proveedores y para ello inundó de dinero a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, con 42.000 millones para que abonaran las deudas a los proveedores y posteriormente devolvieran lo prestado en cómodos plazos. En paralelo puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para asistir a las autonomías que tenían cerrado el acceso a los mercados y que veían comprometido el pago de los servicios públicos o a sus funcionarios. Posteriormente puso en marcha fondos para los ayuntamientos en la misma situación. La recepción de los fondos conllevaba la aplicación de planes de ajustes para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Los acreedores piden más control a las empresas
El problema de la morosidad ha estado centrado durante los años de crisis en las administraciones públicas. Ahora, los acreedores reclaman, una vez que se han establecido mecanismos de control a ayuntamientos y autonomías, elevar el control sobre las deudas privadas. La norma establece que los pagos no deberán exceder en ningún caso los 60 días.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que engloba a 1,5 millones de empresas y a cuatro millones de trabajadores, ha puesto el foco sobre la morosidad de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, con plazos medios de pago fueron de 193 días, más del triple de los 60 días que marca la ley, por lo que exige la creación de un régimen sancionador. Las empresas rechazan esas cifras y revelan que las cifras auditadas revelan plazos por debajo de lo que marca la norma.
Si esta segunda estrategia sí ha servido para evitar la quiebra y el colapso de algunas autonomías, la primera no evitado que las regiones sigan recurriendo a los proveedores para financiarse y obtener liquidez. El pasado ejercicio es una buena muestra de ello, ya que la deuda comercial de las comunidades autónomas cerró en 8.994 millones de euros de los que 8.898 millones (un 98,9% del total), se generaron en ese ejercicio. El reloj de la deuda comercial se puso a cero a 1 de enero de 2015 y desde esa fecha la deuda creció en 24,5 millones al día hasta rozar los 9.000 millones. Las autonomías que más dinero adeudan a sus proveedores son Cataluña (1.597 millones), Madrid (1.410), Andalucía (1.376) y Comunidad Valenciana (1.262 millones). Solo esas cuatro regiones concentran el 63% del endeudamiento.
El grueso de ese pasivo corresponde a la deuda sanitaria (impagos a laboratorios farmacéuticos, empresas de tecnología sanitaria y oficinas de farmacia), con un saldo de 5.997 millones a finales del pasado ejercicio, lo que supone un 66,6% del total de la deuda comercial autonómica. Y aquí la fotografía que revelan las estadísticas es diferente. La región que acumula más impagos con sus proveedores sanitarios es la Comunidad Valenciana, con 985 millones de euros, que representan un 78% del total de su deuda comercial. Le sigue Andalucía (959 millones), Madrid (922) y Cataluña (806). Especialmente significativo es el dato de Cataluña, ya que el peso de la deuda sanitaria sobre el total del pasivo con proveedores apenas supera el 50%. Esto significa que la composición de la deuda es diferente a la de las otras tres, ya que en todos los casos está por encima del 65% del total.
Las deudas de Cataluña no solo se centran en el sector sanitario, sino que también se extienden a obras y servicios. La comunidad presidida por Carles Puigdemont es la que más fondos públicos recibió en 2015 para pagar a sus proveedores, con 4.813 millones. De esa cantidad, 1.807 millones los destinó a los contratistas, seguida de los conciertos sanitarios (1.634 millones) y los convenios con farmacias (768,8 millones de euros).
Solo dos regiones pagan sus facturas con arreglo a la ley
La ley establece que las administraciones públicas deberán pagar a sus proveedores en 30 días. Unos plazos que no se cumplen, pero que, sin embargo, se han reducido sustancialmente desde 2012, en el que algunas autonomías pagaban sus facturas en períodos que en algunos casos excedían un año.
Los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas revelan que solo dos autonomías (Navarra y País Vasco), cumplen esos plazos, mientras que el resto los excede. El departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro cuenta el plazo de pago una vez que han transcurrido 30 días desde que se anotó la factura en el registro administrativo y según esa metodología cumplen Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, País Vasco y Navarra. Si se cuenta el tiempo desde que esta entra en el registro, solo País Vasco y Navarra cumplen.
Si el cálculo se circunscribe a los proveedores sanitarios tan solo Navarra cumple con la ley. Las restantes dieciséis comunidades sobrepasan los plazos con tres comunidades por encima de los 100 días, tres veces por encima del plazo legal. La que más tarda en abonar sus deudas es Extremadura, con 130 días según la contabilidad de Hacienda y 160 si se cuenta desde que entra en el registro, seguida por Aragón, con 123 días según Hacienda y 153 días desde que se computa la factura, y Murcia, con 104 días con el criterio de Montoro y 134 según el registro.
